A las 9.30 del pasado lunes, oficiales de la Comisaría 9ª de la ciudad de Santa Fe, ubicada en avenida Facundo Zuviría y calle Fray Mamerto Esquiú, recibieron una llamada de un hombre que se identificó como una autoridad judicial de la Corte Suprema de Justicia provincial.
Estafaron a familiares de presos simulando ser funcionarios judiciales que ofrecían la libertad por dinero
Fue una maniobra de delincuentes que engañaron a policías de la Comisaría 9ª para luego ofrecerle la libertad a familiares de los detenidos allí, a cambio de dinero
Por Juan Trento
3 de octubre 2023 · 09:58hs
Prensa
Agentes de la agencia de control Policial trabajando en la investigación de lo ocurrido en la Comisaría 9ª
EL interlocutor afirmó que estaban investigando denuncias de Derechos Humanos debido a la sobrepoblación de detenidos en la dependencia policial y solicitó una lista de los detenidos, sus causas y los contactos de sus familiares.
La maniobra
Los oficiales explicaron que debían seguir un protocolo y que no podían proporcionar esa información por teléfono. El supuesto funcionario judicial se mostró molesto y ordenó que cumplan de inmediato, alegando que era una orden de un juez. Los oficiales finalmente recopilaron los números de teléfono de los detenidos y transmitieron la información.
Luego le informaron lo sucedido al jefe de la dependencia, quien a su vez se lo comunicaron a sus superiores. El caso llegó al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández . Ante la gravedad de los hechos, se involucraron los investigadores de la Agencia de Control Policial ACP, quienes comenzaron a investigar la trama detrás de esta actividad criminal.
Con el acceso a esos datos, familiares de detenidos en la misma comisaría recibieron llamadas de los individuos que se hacían pasar por funcionarios judiciales y ofrecían la liberación de sus familiares a cambio de dinero y la colocación de una pulsera electrónica.
Al mismo tiempo, en el departamento Garay, hubo maniobras similares con personas detenidas que serían beneficiadas previo pago de una suma de dinero.
Entre otras medidas, el fiscal Hernández ordenó que se congelen dos cuentas creadas a través de una aplicación en la que se recibieron las transferencias de dinero de los familiares de las personas detenidas. También dispuso que se secuestren teléfonos celulares y solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) los informes correspondientes para analizar llamadas entrantes, salientes e impactos de antena.
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