Diputados quieren saber cómo conmuta las penas a los presos el gobierno provincial

En la Cámara de Diputados y Diputadas se aprobó un proyecto de Comunicación para pedirle al gobierno de la provincia que informe sobre cómo se establecen las conmutaciones de penas a personas privadas de libertad. Según la diputada Rosana Bellatti, el 28 de junio pasado la Corte Suprema de Justicia le remitió un listado de personas que serían pasibles de la conmutación de penas para que el gobernador analice caso por caso, tal como lo faculta el artículo 72, inc. 16, de la Constitución Provincial.

Sin embargo, la legisladora advirtió que algunos de los que integran ese listado no cumplieron aún el tiempo de condena establecido para acceder al beneficio y otros que protagonizaron delitos graves.

"Eso en la práctica es una reducción de la condena y una liberación prácticamente inmediata", advirtió la diputada en diálogo con UNO Santa Fe y aseguró que le llegaron algunos nombres de los que figuran en ese listado que está integrado por personas que cometieron un homicidio en un siniestro vial, manejando su vehículo; otras son personas que efectuaron balaceras; y también hay integrantes de bandas narco criminales, entre otros.

Además de pedir al Ejecutivo el listado completo de las personas que serían pasibles de la conmutación de penas, Bellatti pidió saber si hubo presos beneficiados con esa medida en 2020 y en 2021. También solicitó saber qué criterios se están aplicando para tomar esa decisión.

La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe aprobó el proyecto de comunicación para conocer cómo se conmutan las penas en la provincia de Santa Fe.

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En ese sentido explicó que en 2015 el entonces gobernador Miguel Lifschitz dictó el Decreto 2791, donde derogó tres decretos (N° 07235/56; 09849/61; 01447/70) que eran de las décadas del 50 al de 70. Además, en ese documento estableció los criterios y los parámetros dentro de los cuales se habilitaba al gobernador a conmutar una pena. Según Bellatti, ese decreto se dictó debido a que en la gestión de Antonio Bonfatti la aplicación de esos decretos de décadas atrás hizo que se le conmutaran penas a personas que habían cometido asesinatos.

"Cuando detecta esto el exgobernador (Miguel Lifschitz) plantea el decreto que establece claramente los parámetros. Nosotros nos encontramos con que algunas de las personas que figuran en este último listado no cumplen con el requisito del tiempo de condena transcurrido para acceder al beneficio. Algunos tienen uno o dos años de cumplimiento efectivo de la condena. Pero los casos que nos preocupan de sobremanera son los casos de las personas que participaron de balaceras", dijo Bellatti.

Bellatti aclaró que el gobernador no tiene plazos para analizar cada caso que integra el listado enviado por la Corte Suprema. "Eso nos preocupa porque mañana los familiares de alguna de las víctimas puede estar en un local comprando algo y tener parado al lado al asesino de su familiar. Todavía no encontramos información del gobierno que indique si se van a conmutar las penas de estas personas y por eso estamos haciendo este pedido de informe", finalizó.

En la sesión del jueves pasado el diputado Oscar Martínez hizo público su apoyo al proyecto y recordó que ya había presentado un proyecto para pedirle al gobernador, antes que pudiera dar las conmutaciones, que se abstenga de hacerlo porque "la provincia está atravesada por una ola de violencia que no es nueva".

El diputado hizo hincapié en las personas condenadas por balaceras, que "son el instrumento que utilizan los delincuentes para generar impunidad y para intimidar el accionar de la justicia".

Además, resaltó que esto permite un beneficio para el condenado por un delito sin la participación de la víctima y que ese es uno de los principales argumentos para rechazar "esas atribuciones constitucionales con resabios monárquicos".

En el proyecto de comunicación de Bellatti se especifican algunos casos como el de Matías Ezequiel Cofano condenado en 2018 a nueve años de prisión como partícipe secundario en el homicidio, en ocasión de robo del arquitecto Sandro Procopio, ocurrido el 24 de agosto de 2015 en barrio Bella Vista de la ciudad de Rosario. También figura el nombre de José Alberto Castillo, el joven condenado en abril de 2021 a la pena de cinco años y seis meses de prisión por ser uno de los ocupantes del Renault 9 que atentó a tiros contra la sede del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, el 14 de agosto de 2018.

Martín Medrano, hermano del narcotraficante Coto Medrano –asesinado en Granadero Baigorria en octubre de 2020–, también está en la lista. La Justicia le dio siete años de prisión en un juicio abreviado por cuatro balaceras ocurridas entre mediados de 2015 y principios de 2017 en el que hubo personas heridas de arma de fuego.

"Caren Micaela Caminos y Mariela Alejandra Urraco, condenadas entre junio y octubre de 2020 a la pena de cinco años de prisión efectiva por formar parte de la banda liderada por Alexis Caminos en la zona sur de Rosario, también están dentro de las internas de la Unidad Penitenciaria Nº 5 que integran la nómina que mandó la Corte", argumentó Bellatti en su proyecto para enumerar sólo algunos de los casos sobre los que deberá tomar una decisión el gobernador Omar Perotti.