Allanamientos sin orden judicial: las objeciones de la Corte al paquete de reformas en seguridad en Santa Fe

El debate por el paquete de reformas en materia de seguridad pública impulsado por el gobierno provincial comenzó a dar sus primeros pasos formales en la Legislatura de Santa Fe, donde quedó expuesto un marcado contrapunto entre los poderes del Estado. Durante un plenario de las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, los legisladores recibieron a representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa y la Corte Suprema de Justicia, que asistió de manera presencial con sus siete integrantes.

Mientras el Ejecutivo busca incorporar herramientas para agilizar y ampliar la actuación policial, las máximas autoridades judiciales advirtieron sobre los posibles conflictos constitucionales que podría generar la delegación de facultades a las fuerzas de seguridad.

Según se informó en el programa Radiópolis, de Radio 2, el mensaje enviado por el gobierno de Maximiliano Pullaro contempla modificaciones a un amplio conjunto de leyes provinciales. Entre los puntos más controvertidos figuran la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial, tomar declaraciones sin la presencia inmediata de abogados defensores, introducir cambios en la ley de inteligencia y reestructurar el sistema de recompensas para que pueda funcionar sin necesidad de un pedido de los fiscales.

Al finalizar el primer encuentro interinstitucional, la diputada Lionella Cattalini, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, valoró la predisposición de las partes y el tono de la reunión.

"La verdad que fue una buena reunión, en términos muy respetuosos, todos abogando por la calidad institucional de la provincia y por defender la Constitución", señaló la legisladora.

Sin embargo, reconoció que durante el encuentro también se plantearon observaciones concretas sobre la redacción de algunos artículos. "Tuvimos algunos planteos en ese sentido, de que hay que adecuar algunas oraciones, algunos párrafos a la normativa internacional, fundamentalmente, y a la norma vigente en la provincia de Santa Fe", explicó.

La postura de la Corte Suprema y las advertencias constitucionales

El principal punto de conflicto jurídico gira en torno a la posibilidad de otorgar mayores facultades procesales a los agentes de seguridad. El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, defendió las garantías del sistema acusatorio y remarcó el papel que deben cumplir los jueces en las decisiones que afectan derechos fundamentales.

"A ellos (los fiscales) les corresponde la investigación y persecución de los delitos, pero todo lo que tiene que ver con restricciones de derechos fundamentales requiere de un control jurisdiccional", explicó el magistrado.

En esa misma línea, advirtió sobre las posibles incompatibilidades entre las modificaciones propuestas y las garantías constitucionales.

"Lo que vemos en el proyecto es que hay una delegación de facultades a la policía e incluso de facultades jurisdiccionales a los propios fiscales que entran en conflicto con estas normas constitucionales y, en general, con los estándares internacionales", sostuvo.

Seguridad en Santa Fe: estadísticas, prevención y consensos

Además de las observaciones constitucionales, Erbetta cuestionó la necesidad de avanzar con una reforma de estas características, al considerar que los indicadores actuales muestran resultados favorables en materia de seguridad.

"Hoy la situación de la seguridad ha mejorado notablemente. Además, ha existido una articulación entre los distintos niveles del Estado. Yo di un dato muy contundente: desde que está vigente el sistema acusatorio se triplicó la tasa de encierro", afirmó el ministro.

Su postura fue respaldada por su par Roberto Falistocco, quien planteó la necesidad de que las modificaciones legislativas estén sustentadas en estadísticas claras.

A pesar de las diferencias en torno a las facultades policiales y los controles judiciales, Cattalini destacó que existen puntos del proyecto que cuentan con el aval de las instituciones que participaron del encuentro.

Uno de los principales consensos se alcanzó en torno a la iniciativa destinada a intervenir los mercados ilícitos de celulares robados y a las modificaciones de la ley de defensa, vinculadas con la creación de un cuerpo especial para asistir a policías involucrados en hechos violentos.

Cómo continuará el debate por las reformas de seguridad

La discusión legislativa continuará en las próximas semanas. Según informó El Litoral, las comisiones de Seguridad Pública, presidida por Martín Rosúa (UCR), y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Lionella Cattalini (PS), volverán a reunirse en un plenario en los próximos días.

En esa instancia, está previsto convocar a representantes de los colegios de abogados de la provincia, asociaciones de víctimas y abogados penalistas para analizar los distintos puntos de la iniciativa.

Luego, durante noviembre, los bloques que integran Unidos buscarán alcanzar un acuerdo interno para llevar el proyecto al recinto.

Las observaciones formuladas por las autoridades judiciales anticipan que el texto podría experimentar modificaciones importantes antes de una eventual aprobación, en particular en aquellos artículos que generan cuestionamientos por su compatibilidad con la Constitución y los estándares internacionales de protección de derechos.