Debate en Diputados por el nuevo sistema de recompensas: "Llevamos 96 millones entregados"

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe debate esta semana un amplio paquete de leyes impulsado por el Ejecutivo con herramientas para la seguridad pública. Entre las reformas más destacadas, el gobierno provincial busca modificar el actual sistema de recompensas para dotarlo de mayor autonomía frente a la Justicia y agilizar los procesos.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, defendió, en dialogo con Radiópolis (Radio 2), la iniciativa ante las consultas periodísticas, destacó la confidencialidad de los informantes, los pagos en efectivo y repasó cómo continuará el debate en la Legislatura.

En la actualidad, la activación del mecanismo que ofrece dinero a cambio de datos certeros para esclarecer delitos depende exclusivamente del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Es decir, ningún funcionario del Poder Ejecutivo puede decidir ofrecer una retribución económica si no es por el pedido de un fiscal. Con la nueva normativa, el gobierno provincial pretende iniciar recompensas de manera autónoma cuando considere que un caso tiene alto impacto en términos políticos y de seguridad ciudadana, sin requerir la solicitud previa judicial.

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La secretaria de Asuntos Penales valoró positivamente el uso de esta herramienta investigativa durante la actual gestión. “Se han dilucidado muchos casos, pensemos de una histórica recompensa donde se pagó solo un millón de pesos desde la creación de la ley hasta el gobierno del gobernador Pullaro, ahora llevamos 96 millones entregados”, detalló la funcionaria. En ese sentido, remarcó que “la gente confía en el sistema, que esto es lo más importante”.

Confidencialidad y pagos en efectivo

Para el Ejecutivo, una de las claves del éxito del programa radica en el estricto secreto sobre la identidad de quienes aportan información. Según precisó Masneri, por razones obligatorias, los nombres solo son conocidos por tres personas en toda la provincia: el fiscal interviniente, la propia secretaria de Asuntos Penales y la escribana mayor de gobierno.

“A ver, creo que no es poca cosa que en un contexto de digitalización y despapelización que vivimos, poderle transmitir al ciudadano que sus datos están escritos en un solo papel, que lo escribe el fiscal, que nos lo pasa, que me lo pasa a mí puntualmente y que se lo paso a la escribana de gobierno al momento del pago y nada más, le tiene que dar esa tranquilidad de que eso queda guardado en una caja fuerte y nunca más nadie va a saber quién fue”, explicó la funcionaria provincial de forma minuciosa.

Además, desde el gobierno indicaron que las retribuciones se abonan con dinero en efectivo para anular cualquier tipo de rastro bancario o virtual.

En paralelo a la reforma legislativa, la Provincia ya implementó una modificación en la página web donde se difunden los rostros de las personas buscadas por la Justicia. La intención fue ofrecer una vía de comunicación más amable e intuitiva para que la ciudadanía se familiarice con los casos y se anime a colaborar. “Este programa requiere un impulso porque pone gente presa, porque resuelve delitos de muchos años y porque por sobre todas las cosas termina con la impunidad, que es lo que incentiva a los delincuentes”, concluyó Masneri.

La web de las personas más buscadas es una herramienta orientada a fortalecer la búsqueda de prófugos y facilitar la colaboración ciudadana en las investigaciones que llevan adelante las autoridades. La nueva plataforma reúne en un mismo espacio la información sobre las personas más buscadas, las recompensas vigentes, los pedidos de datos para esclarecer delitos y las solicitudes de paradero. Además, incorpora los resultados obtenidos desde la implementación de esta política.

Debate en la Legislatura

La modificación del sistema de recompensas es solo un apartado dentro de un mensaje del Ejecutivo mucho más abarcativo. Según se detalló en el análisis del debate legislativo, el proyecto también incluye puntos que generaron controversias en el ámbito jurídico, como la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias y la toma de declaraciones sin la presencia de un abogado defensor.

Para abordar estas y otras cuestiones, las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja abrieron una ronda de consultas con diversos actores institucionales. Fueron invitados al recinto representantes del Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio Público de la Defensa y de la propia Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de encauzar el debate parlamentario y definir los alcances finales de estas nuevas herramientas públicas.