Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Un importante operativo judicial y de control ambiental se llevó a cabo este viernes 16 de octubre en la isla Sirgadero, en el sector de acceso al distrito costero de Alto Verde, un nuevo capítulo de un escenario de conflictos y una disputa que involucra a 16 cotitulares, enfrenta intereses privados, reclamos vecinales e intervenciones estatales por usurpaciones, obras ilegales y disputas por la delimitación del espacio público y privado.

Por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA), efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpieron en un predio ubicado sobre la calle Demetrio Gómez tras constatarse el incumplimiento sistemático de una faja de clausura municipal dispuesta meses atrás.

El procedimiento contó con la participación activa de equipos técnicos del área de Ambiente de la Municipalidad de Santa Fe y reparticiones del Gobierno provincial, en el marco de una causa penal que investiga la alteración ilegal del suelo en zonas de riesgo hídrico y la presunta contaminación por volcado no autorizado de residuos.

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"Se detectaron intervenciones que modificaron las condiciones originales del terreno y el escurrimiento natural del agua en un sector de reserva. Investigamos además la posible contaminación por depósito y enterramiento de residuos", indicaron a UNO Santa Fe desde el área de Ambiente de la Municipalidad de Santa Fe.

Tras violar una clausura, la PDI allanó un predio en la isla Sirgadero por relleno ilegal y posible contaminación ambiental. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

De la clausura de julio al allanamiento judicial de octubre

Las actuaciones sobre el corredor vial de calle Demetrio Gómez —una de las zonas con mayor expansión y presión urbana de los últimos años sobre la costa santafesina— comenzaron formalmente a fines de julio:

Clausura preventiva (20 de julio): en el marco de los controles sobre el espacio público y entornos ribereños, el Municipio clausuró tres emprendimientos privados. En el establecimiento allanado este viernes, se constataron maniobras no autorizadas de relleno y elevación artificial del terreno dentro de una franja clasificada como reserva natural y de vulnerabilidad hídrica.

Alertas e inspecciones: durante meses, las brigadas de control municipal acumularon antecedentes, actas de infracción y denuncias administrativas sobre las anomalías del predio.

Violación de la medida: pese a la faja oficial de clausura, inspectores municipales confirmaron que los responsables del lugar continuaron desplegando actividades comerciales y de movimiento de suelos, desobedeciendo la orden administrativa.

Despliegue de este viernes: ante el desacato, los fiscales del MPA solicitaron la orden de allanamiento al Colegio de Jueces Penales, concretando el operativo conjunto de la PDI, peritos ambientales y funcionarios locales.

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Hallazgo de residuos especiales, medicamentos y sospecha de bentonita

Durante la inspección de las parcelas intervenidas, los agentes del Departamento Complejas de la PDI y los peritos de Ambiente identificaron graves irregularidades materiales:

Insumos de riesgo: se encontraron restos de medicamentos de diversa índole abandonados en el predio.

Basura electrónica: se incautaron acumulaciones de residuos informáticos (pantallas, carcasas y componentes con metales pesados).

Sustancia no identificada: el equipo ambiental municipal detectó depósitos de un material grisáceo en polvo y pasta que, de acuerdo con los análisis preliminares de campo, podría tratarse de bentonita (arcilla de uso industrial cuya composición final deberá confirmarse mediante peritajes químicos de laboratorio).

Alteración del mapa hídrico e investigación penal en curso

El foco de mayor preocupación institucional está puesto en el riesgo de inundación y drenaje urbano. La sobreelevación artificial del terreno mediante rellenos clandestinos en la isla Sirgadero altera de forma directa las vías naturales de escurrimiento del agua hacia los riachos circundantes, un factor crítico considerando la vulnerabilidad de Alto Verde ante las crecidas del río Paraná.

Asimismo, la Justicia busca determinar si existió enterramiento sistemático de sustancias tóxicas o contaminantes que puedan haber afectado las napas freáticas del sector ribereño. La Municipalidad de Santa Fe confirmó que continuará aportando material probatorio al MPA para determinar las responsabilidades penales y administrativas de los propietarios o explotadores del predio.