El encargado recuperó la libertad bajo medidas alternativas, mientras que la propietaria continúa detenida por abandono de personas. La Fiscalía investiga los movimientos económicos del establecimiento y posibles derivaciones de adultos mayores, además de coordinar acciones con fiscales federales por denuncias de posible trata.
20:17 hs - Lunes 02 de Noviembre de 2026
A más de tres meses del incendio que dejó al descubierto el funcionamiento de una geriátrico clandestino para adultos mayores en José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte, la investigación judicial continúa abierta y suma nuevas líneas de análisis.
El caso permitió rescatar a siete personas que vivían en condiciones de vulnerabilidad y tiene a dos imputados: la propietaria del establecimiento, que permanece en prisión preventiva, y un hombre que se desempeñaba como encargado y recuperó la libertad bajo medidas alternativas.
El siniestro ocurrió el 29 de julio y motivó la intervención policial en el inmueble, donde funcionaba una residencia sin las autorizaciones correspondientes. Los adultos mayores fueron rescatados y trasladados inicialmente al Hogar Beata Clara.
El fiscal regional Jorge Nessier brindó detalles sobre la situación procesal de los imputados, las medidas que siguen en marcha y la posibilidad de que se amplíe la investigación a partir del trabajo conjunto entre la Justicia provincial y la Federal.
Dos imputados y distintas situaciones procesales
La primera detención se produjo tras la intervención policial. Se trató de un hombre que cumplía funciones de encargado y fue imputado por privación ilegítima de la libertad. Según explicó Nessier, la acusación se relaciona con el hecho de que habría cerrado el inmueble con un candado y se habría retirado a realizar algunas gestiones, mientras las personas alojadas permanecían en el interior.
El hombre recuperó posteriormente la libertad bajo medidas alternativas, aunque continúa sometido al proceso.
Días después se presentó la propietaria del establecimiento, María Laura Milia Gamboa, quien quedó detenida y fue imputada por abandono de personas. La Justicia le dictó prisión preventiva, situación que se mantiene.
Nessier explicó que los adultos mayores no contaban con condiciones adecuadas para permanecer en el inmueble, especialmente porque varios tenían patologías físicas o médicas que requerían cuidados específicos.
“Aparentemente todo indica que no habían recibido ni la alimentación ni los controles médicos adecuados”, señaló en LT10.
Investigan los pagos y las posibles derivaciones de personas vulnerables
Además de las responsabilidades de quienes estaban directamente a cargo de la residencia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanza sobre el circuito económico vinculado con el funcionamiento del lugar.
Nessier indicó que los investigadores realizan un seguimiento de las transferencias y los pagos que efectuaban las personas alojadas a la titular del establecimiento. También buscan determinar si existieron derivaciones de adultos mayores o personas en situaciones sociales complejas desde ámbitos municipales o sanitarios hacia este tipo de residencias.
El fiscal mencionó que algunas de las personas alojadas se encontraban en situación de calle y que la contraprestación por el alojamiento podía estar vinculada con recursos provenientes de pensiones o asistencias económicas del Estado.
Por el momento, señaló que los fiscales no identificaron a otros responsables con intervención directa en el funcionamiento del lugar. Sin embargo, aclaró que la investigación continúa y que el análisis de los movimientos económicos y de las posibles derivaciones todavía requiere tiempo.
Qué pasó con la propuesta de juicio abreviado
Otro de los aspectos abordados por el fiscal fue la posibilidad de cerrar la causa mediante un procedimiento abreviado. Nessier confirmó que las partes mantuvieron conversaciones sobre esa alternativa, aunque aclaró que por el momento no se está llevando adelante un acuerdo.
La propuesta de la defensa contemplaría una eventual condena de prisión de ejecución condicional. Sin embargo, el funcionario remarcó que las conversaciones se mantienen bajo confidencialidad y que la calificación legal de los hechos no se modificó.
Como parte de las medidas adoptadas, los fiscales también entrevistaron a los siete adultos mayores rescatados para conocer su situación sanitaria y social. En algunos casos, incluso se trasladaron hasta San Javier para tomar contacto directo con ellos.
Las consultas incluyeron la posibilidad de que prosperara la propuesta presentada por la defensa. No obstante, Nessier reiteró que ese procedimiento no se encuentra en marcha actualmente.
La Justicia Federal interviene por denuncias de posible trata
Uno de los puntos que podría ampliar el alcance de la causa es la intervención de la Justicia Federal. Nessier confirmó que hubo denuncias derivadas a ese fuero que hacen referencia a las mismas conductas y personas investigadas en el expediente provincial.
A partir de esa situación, el MPA comenzó a coordinar encuentros con fiscales federales para compartir información y establecer una línea de trabajo conjunta.
El funcionario explicó que algunas denuncias mencionan un posible caso de trata de personas, una calificación que podría justificar la intervención federal. De todos modos, aclaró que todavía no hay definiciones y que será necesario avanzar en el análisis de los elementos reunidos por ambas jurisdicciones.
“Cualquier definición hoy es prematura, tendrá que ver con el avance de esta investigación conjunta que estamos realizando”, afirmó.
La causa sigue abierta y no descartan nuevas medidas
A tres meses del incendio, la investigación continúa con la recolección de información y el análisis de la documentación vinculada con los movimientos económicos del establecimiento.
Una vez que avance el seguimiento de las transferencias y los pagos, los fiscales evaluarán los próximos pasos, eventualmente junto con la Justicia Federal. Nessier no descartó que puedan tomarse nuevas medidas o convocarse a otras personas si surgen elementos que lo justifiquen.
Mientras la propietaria permanece en prisión preventiva y el encargado continúa sometido al proceso bajo medidas alternativas, el MPA busca determinar el alcance de las responsabilidades, reconstruir el funcionamiento de la residencia y avanzar sobre las denuncias que podrían ampliar la investigación.