La problemática vinculada con el funcionamiento de las residencias para adultos mayores volvió a ocupar un lugar central en la agenda política santafesina. La diputada provincial Natalia Armas Belavi, del espacio Vida y Familia, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para solicitar al Ejecutivo provincial información precisa sobre los controles, auditorías, habilitaciones y condiciones del personal que trabaja en establecimientos de larga estadía para personas mayores.
Tras los casos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva, piden auditorías urgentes en todos los geriátricos de Santa Fe
La diputada Natalia Armas Belavi solicitó al Gobierno provincial información sobre las auditorías, habilitaciones y capacitación del personal que trabaja en residencias de larga estadía. El planteo se suma a los reclamos impulsados en el Concejo de Santa Fe, luego del descubrimiento de un geriátrico clandestino en Nuevo Horizonte y la posterior clausura de otra residencia en Cabaña Leiva.
5 de septiembre 2026 · 18:14hs
Geriátricos bajo la lupa. La legisladora Natalia Armas Belavi pidió informes sobre auditorías y habilitaciones en residencias de larga estadía.
El pedido se conoce luego de una serie de hechos registrados en la ciudad de Santa Fe que pusieron bajo la lupa el funcionamiento de algunos establecimientos y los mecanismos de fiscalización estatal.
La legisladora planteó la necesidad de conocer cómo se realizan las inspecciones, con qué periodicidad se llevan adelante y qué requisitos deben cumplir tanto las residencias como quienes están a cargo de la atención de los adultos mayores.
Los antecedentes recientes en Santa Fe capital
El planteo provincial tiene como antecedente inmediato el caso de un geriátrico clandestino descubierto en barrio Nuevo Horizonte, situación que salió a la luz a partir de un incendio ocurrido en un inmueble de Gollán al 10.100.
En ese lugar se encontraban alojadas personas mayores pese a que la residencia no contaba con las habilitaciones correspondientes. El episodio derivó en una investigación judicial y en la imputación de la responsable del establecimiento por abandono de persona, quien permanece detenida con prisión preventiva.
El caso además abrió un debate político sobre los controles previos y sobre la posibilidad de que las autoridades hayan recibido alertas antes de que se conociera públicamente la situación.
En ese marco, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó un pedido de informes para determinar si existieron denuncias previas a través del 0800 municipal y qué actuación tuvo el Ejecutivo frente a eventuales reclamos.
Otro geriátrico quedó clausurado
La revisión de los establecimientos vinculados con el caso derivó posteriormente en la clausura preventiva de una residencia ubicada en Cabaña Leiva, en calle Diez de Andino al 5800.
El lugar funcionaba sin habilitación municipal y tenía 11 adultos mayores alojados. La clausura no implicó su desalojo inmediato: los residentes permanecieron provisoriamente en el establecimiento mientras los organismos provinciales y judiciales analizaban cada situación.
La Municipalidad comunicó la medida al Ministerio de Salud, la Dirección Provincial de Adultos Mayores, el Ministerio Público de la Acusación y la dependencia policial correspondiente.
Estos antecedentes reforzaron el debate sobre la necesidad de contar con controles sistemáticos y mecanismos de seguimiento que permitan detectar establecimientos que funcionen al margen de las normas.
Auditorías y capacitación del personal
En su iniciativa, Armas Belavi puso el foco no solamente en las condiciones edilicias de las residencias, sino también en la idoneidad de las personas encargadas del cuidado de los adultos mayores.
El objetivo es conocer si existen mecanismos suficientes para verificar la capacitación del personal, las condiciones sanitarias y los protocolos de atención y contención.
La propuesta contempla además la necesidad de garantizar auditorías sanitarias periódicas, controles de habilitación y seguimiento de las residencias que reciben a personas mayores.
Según la legisladora, la protección de este sector de la población requiere una política que no se limite a actuar una vez que los problemas salen a la luz.
Un reclamo que también llegó al Concejo
El pedido presentado en la Legislatura provincial se suma al trabajo que el espacio Vida y Familia viene desarrollando en el Concejo Municipal de Santa Fe a través del concejal Ignacio Laurenti.
El edil había impulsado pedidos de informes y acciones de relevamiento relacionados con el funcionamiento de los geriátricos de la ciudad. Según remarcaron desde el espacio, algunas de esas solicitudes llevan más de un año sin respuesta formal del Ejecutivo municipal.
La situación adquirió mayor relevancia a partir de los hechos recientes, que pusieron en discusión si los mecanismos de fiscalización existentes resultan suficientes para detectar a tiempo establecimientos que funcionan de manera irregular.
“Defender la calidad de vida y la dignidad”
Armas Belavi sostuvo que la discusión sobre los geriátricos debe partir de una concepción integral de los derechos de las personas mayores.
“Atravesamos un contexto social signado por la cultura del descarte, donde muchas veces parece que el adulto mayor no sirve porque no produce o genera una demanda de atención. Nosotros elegimos pararnos en la vereda opuesta: defender la calidad de vida y la dignidad en cada etapa”, afirmó.
En esa línea, la legisladora consideró que el Estado tiene una responsabilidad central en garantizar que las personas mayores reciban atención adecuada y permanezcan en establecimientos que cumplan con las condiciones exigidas.
“Cuidar hoy de nuestros abuelos es cuidar el futuro”
El planteo también apunta a reforzar la responsabilidad de todos los actores involucrados en el cuidado de las personas mayores.
“Cuidar hoy de nuestros abuelos es, en definitiva, cuidar el futuro de todos los santafesinos”, aseguró Armas Belavi.
La iniciativa busca que el Ejecutivo provincial informe sobre el funcionamiento del sistema de control y permita identificar eventuales falencias, además de establecer mecanismos que garanticen una fiscalización permanente.
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