La Municipalidad dispuso la clausura preventiva de la residencia de Diez de Andino al 5800 tras constatar que funcionaba sin habilitación. La medida no contempla el desalojo inmediato y la situación de cada residente será evaluada por los organismos provinciales y judiciales intervinientes.
17:37 hs - Viernes 04 de Septiembre de 2026
La clausura preventiva de un geriátrico ubicado en Diez de Andino al 5800, en Cabaña Leiva, abrió un nuevo interrogante: qué ocurrirá con los 11 adultos mayores que actualmente viven en la residencia.
Desde la Municipalidad de Santa Fe aclararon que la medida corresponde al ámbito del control comercial y que no implica, por sí sola, el desalojo de las personas mayores ni la interrupción de la atención que reciben.
Por este motivo, los 11 residentes permanecerán provisoriamente en el establecimiento, mientras los organismos con competencia en materia sanitaria y de adultos mayores analizan cada caso.
La situación fue comunicada al Ministerio de Salud de Santa Fe, la Dirección Provincial de Adultos Mayores, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la dependencia policial correspondiente.
Qué puede pasar con los adultos mayores
El análisis de cada residente deberá determinar cuál es la alternativa más adecuada para garantizar la continuidad de sus cuidados.
Entre las posibilidades se encuentra la permanencia provisoria en el establecimiento mientras se define su situación o, eventualmente, el traslado a otra residencia que reúna las condiciones y habilitaciones exigidas.
La clausura municipal, en tanto, impide que el lugar pueda incorporar nuevos residentes, celebrar nuevos contratos o publicitar y ofrecer el servicio.
De esta manera, la cantidad de personas alojadas no podrá aumentar mientras continúe vigente la medida.
Un geriátrico que funcionaba sin habilitación
La Municipalidad resolvió clausurar el establecimiento luego de una nueva inspección en la que constató que continuaba funcionando sin la habilitación correspondiente.
La residencia ya había sido inspeccionada después del allanamiento realizado el 30 de julio por la Policía de Investigaciones (PDI).
En aquel procedimiento, realizado en el marco de la causa iniciada por el hallazgo de un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte, se inspeccionó el inmueble y se secuestró documentación considerada de interés para la investigación.
Posteriormente, inspectores municipales labraron un acta e intimaron a regularizar la situación. Al vencerse el plazo sin que se concretara la habilitación, se avanzó con la clausura preventiva.
El vínculo con el caso de Nuevo Horizonte
La residencia de Cabaña Leiva pertenece a la misma mujer que quedó involucrada judicialmente en el caso del establecimiento donde un incendio permitió detectar a siete adultos mayores alojados en condiciones irregulares.
La propietaria, María Laura Milia, fue imputada por abandono de persona y permanece detenida con prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.
La causa busca establecer las responsabilidades vinculadas con el funcionamiento del establecimiento de Nuevo Horizonte y las condiciones en las que se encontraban las personas mayores.
La situación de Cabaña Leiva quedó incorporada al escenario de control a partir de los vínculos entre ambos inmuebles y de la falta de habilitación detectada por el Municipio.
Provincia y Justicia deberán definir los próximos pasos
La clausura administrativa no resuelve por sí sola el futuro de los 11 residentes. Por eso, las actuaciones quedaron también en conocimiento de los organismos provinciales y judiciales que deberán evaluar las condiciones de cada adulto mayor y determinar las medidas correspondientes.
El objetivo es garantizar que cualquier eventual traslado se realice sin afectar la atención y teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada persona.
Mientras tanto, el geriátrico quedó impedido de sumar nuevos residentes o seguir ofreciendo el servicio comercialmente.
El interrogante central
Así, el caso de Cabaña Leiva plantea una situación diferente a la de una clausura convencional: el establecimiento dejó de estar habilitado para funcionar, pero los 11 adultos mayores que ya residen allí no serán desalojados de inmediato.
Ahora, Provincia y Justicia deberán determinar qué alternativa garantiza mejor su cuidado y si podrán permanecer provisoriamente en el lugar o deberán ser trasladados a otras residencias.
La definición sobre el destino de esas 11 personas será uno de los próximos pasos de un caso que volvió a poner bajo la lupa el control y la habilitación de los geriátricos en la ciudad de Santa Fe.