Minoridad y delitos en Santa Fe: "Bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema"

El secretario de Justicia de Santa Fe, Santiago Mascheroni, analizó los principales desafíos respecto al funcionamiento de la Justicia y lo que quedará plasmado en el nuevo texto de la Constitución de Santa Fe. El funcionario abordó los ejes que marcan la actual gestión en justicia y seguridad, como la unificación ministerial, el nuevo código procesal juvenil y la necesidad de que la Seguridad Pública sea reconocida como un derecho constitucional.

—¿La unificación de los ministerios de Justicia y Seguridad, dispuesta por el gobernador Pullaro, trajo beneficios concretos?

—Sí, y los resultados lo demuestran. La organización ministerial es una decisión política del Ejecutivo, pero en nuestro caso, frente a una situación tan crítica en materia de seguridad, la integración permitió mayor celeridad y ejecutividad. Se avanzó con la creación de una Cámara de Ejecución Penal, cambios en la administración carcelaria, la ley de Microtráfico, y en breve se pondrá en marcha el nuevo código procesal juvenil.

Lo que hacemos es adaptar el sistema a las realidades sociales, no caer en respuestas punitivistas. Lo que hacemos es adaptar el sistema a las realidades sociales, no caer en respuestas punitivistas.

—Ese nuevo código se implementará justo cuando a nivel nacional se debate la baja de la edad de imputabilidad. ¿Cuál es su posición?

—No creo que bajar la edad de imputabilidad resuelva el problema. Si un chico de 14 años mata, el castigo no soluciona lo que lo llevó a esa situación. Hay que preguntarse qué pasó antes. Santa Fe, en cambio, se prepara para aplicar desde junio un nuevo sistema para menores de entre 16 y 17 años. Los de 15 siguen siendo inimputables y los de 18 ya son plenamente responsables. Lo que hacemos es adaptar el sistema a las realidades sociales, no caer en respuestas punitivistas.

—El sistema penal santafesino cumplió 11 años. ¿Cómo evalúa su evolución?

—Tenemos un sistema acusatorio, vigente desde 2014, fruto de un largo trabajo iniciado en los 90. Es justo recordar a juristas como Julio de Olazábal, Jorge Vázquez Rossi, Ramón Ríos y Víctor Corbalán, que sentaron sus bases. Aunque su implementación coincidió con un pico de homicidios en 2014, hoy la situación mejoró mucho. Hay un fuerte enfoque en el policiamiento preventivo y un gobierno que prioriza la seguridad pública con decisiones concretas.

—En ese marco, ¿qué rol juega la reforma constitucional que se iniciará en julio?

—Es un proceso largamente esperado. En la Legislatura trabajamos durante años para construir consensos. Finalmente, se logró. La reforma será parcial, sobre 44 de los 116 artículos, y tendrá lugar del 14 de julio al 14 de septiembre, con posibilidad de extenderse hasta octubre. Habrá reglas claras de funcionamiento, y uno de los ejes será consagrar la Seguridad Pública como derecho constitucional.

Antes, un juicio sucesorio podía tardar años, hoy puede resolverse en meses. Antes, un juicio sucesorio podía tardar años, hoy puede resolverse en meses.

—¿Por qué es importante esa consagración?

—Porque la Seguridad Pública debe dejar de ser una política y pasar a ser un derecho. Eso implica un compromiso institucional mucho más firme. Si es un derecho, entonces la Justicia, como herramienta de resolución de conflictos, puede trabajar para alcanzar su fin último: la paz social.

—¿También se discutirá el rol del Consejo de la Magistratura?

—Sí. El sistema actual de selección de magistrados necesita ajustes. Hoy tenemos un proceso con antecedentes, oposición, entrevista y psicotécnico, que culmina con la elección del Gobernador y el acuerdo legislativo. Queremos que el nuevo texto blinde la institucionalidad del Consejo como órgano consultivo, que asegure un mecanismo transparente y técnico.

—¿Qué opina de los avances en digitalización judicial?

—Son fundamentales. Antes, un juicio sucesorio podía tardar años, hoy puede resolverse en meses. La Justicia debe estar a la altura de los tiempos. Además, tenemos herramientas como la mediación, que resuelven conflictos sin llegar al juicio y evitan desgastes para las partes. La digitalización mejora la eficiencia y acorta plazos.

—La Corte Suprema de Santa Fe también está en debate. ¿Habrá cambios?

—Buscamos desde el inicio un proceso de transformación paulatina, pero no siempre fue posible. Esperamos que el nuevo texto constitucional establezca normas claras sobre carrera judicial, ejercicio y finalización, incluso para los miembros de la Corte. Es necesario modernizar esa estructura sin desconocer la experiencia, pero asegurando renovación y reglas precisas.

En el cierre, Mascheroni sintetiza la visión de su gestión: “La Justicia no es un fin en sí mismo, sino un servicio. Y como tal, debe estar al alcance de la sociedad para garantizar la paz. Esa es la meta que nos guía”.