Con una bandera que cuelga en la fachada del edificio de Vialidad Nacional en Santa Fe, ubicado en avenida 27 de Febrero y Salta, y que reza “Vialidad es de los trabajadores, no a las concesiones”, empleados del organismo manifestaron su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito.
"Vialidad es de los trabajadores": fuerte rechazo en Santa Fe a la disolución del organismo
El Gobierno oficializó la disolución del organismo y anunció la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas. Trabajadores del distrito Santa Fe colgaron una bandera en defensa del ente estatal y advirtieron sobre el avance de la privatización.

La medida fue confirmada a través del Decreto 461/2025 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich. La decisión incluye también la licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales y la reasignación de tareas de control a otras áreas del Estado.
“La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”, sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni, quien explicó que las funciones de la DNV serán absorbidas por nuevas estructuras estatales, entre ellas la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que reemplazará a la CNRT.
El anuncio llega en la recta final del período de facultades delegadas otorgadas por el Congreso, y según el Gobierno, permitirá un ahorro estimado de 100 millones de dólares anuales. La Gendarmería Nacional asumirá las tareas de prevención y control del tránsito, desplazando a la ANSV, y el diseño de infraestructura vial quedará en manos de áreas del Ministerio de Economía.
En todo el país
Actualmente, Vialidad Nacional cuenta con 5.184 trabajadores, de los cuales más de 4.000 están distribuidos en los 24 distritos viales del país. Desde el sindicato que agrupa a los empleados del organismo, rechazan la medida y advierten sobre una “privatización encubierta” del sistema vial argentino, con posibles consecuencias en el empleo, el control territorial y la ejecución de obras.
La eliminación del ente fue vinculada por funcionarios nacionales con la causa judicial en la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y forma parte de un proceso más amplio de reordenamiento del Estado impulsado por la gestión Milei.
Sin embargo, en Santa Fe y en distintas provincias, el malestar crece: “Vialidad es de los trabajadores”, insisten, y piden revertir el decreto.
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