La decisión del Gobierno Nacional de disolver la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) encendió luces de alerta en la provincia de Santa Fe, donde autoridades del área reconocieron su sorpresa y manifestaron preocupación por el futuro de los operativos, expedientes y políticas en marcha.
Sorpresa e incertidumbre en Santa Fe tras la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial: "Nos genera muchas dudas"
Carlos Torres, titular de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, advirtió sobre el impacto que tendrá la disolución del organismo nacional en los controles y políticas públicas vigentes. Aseguró que se esperaban modificaciones, pero no la eliminación total de la Agencia.

Controles de la APSV en la autopista Santa Fe - Rosario.
Los cambios se enmarcan en la creación de una nueva estructura nacional que también absorbe a Vialidad Nacional y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Carlos Torres, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, señaló que desde el Consejo Federal –donde participan todas las provincias y la ANSV– ya se venían mencionando reformas.
Qué pasará con las obras en las rutas que debía hacer la ex-Vialidad Nacional
“Sabíamos que iba a haber cambios con un decreto que implicaba fusiones y pases de áreas”, explicó en declaraciones a UNO Santa Fe. Sin embargo, admitió que no se esperaba la eliminación de organismos clave: “La verdad es que no sabíamos que se iba a disolver Vialidad Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.
El funcionario remarcó que esta reestructuración impacta directamente en Santa Fe, donde había trabajos conjuntos y trámites en curso con los organismos eliminados.
“Tenemos cosas iniciadas en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ahora no existe más. Expedientes, cambios en licencias, y también estábamos trabajando muy bien en operativos de control junto a su Policía de Seguridad Vial”, detalló. A partir de ahora, esas funciones pasarán a la Secretaría de Transporte y a Gendarmería Nacional, según lo informado por Nación.
“Todos estos cambios nos generan una incertidumbre de cómo vamos a seguir trabajando”, sostuvo Torres. Si bien reconoció que el Ejecutivo nacional “tiene derecho a reorganizar el Estado para hacerlo más eficiente”, advirtió que el proceso genera dudas sobre cómo se articularán las nuevas estructuras con las provincias.
Finalmente, Torres pidió que no se resienta la política de seguridad vial: “Es una materia que hay que cuidar. La mayor parte de los muertos en la Argentina, sobre todo jóvenes, se producen por siniestros viales. Todo lo que se haga para fortalecer esto es cuidar la vida de los santafesinos y de los argentinos. La verdad es que nos genera muchas dudas”.
Según informó el Ministerio de Transporte, las competencias de la Agencia Nacional de Seguridad Vial serán asumidas por la Secretaría de Transporte, que administrará el Sistema Nacional de Licencias de Conducir y la fiscalización de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). En tanto, los controles en rutas nacionales quedarán en manos de Gendarmería, y la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte asumirá tareas vinculadas a la fiscalización de servicios, concesiones y reclamos de usuarios.
Eliminación de la CNRT
La Secretaría de Transporte de la Nación anunció la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un nuevo organismo que asumirá funciones de fiscalización, control y sanción sobre los servicios públicos y concesiones viales y ferroviarias. Esta reestructuración implica la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre otros entes.
Según el comunicado oficial, la nueva agencia “será la autoridad de aplicación para normas y actos administrativos” en relación a la fiscalización de concesiones viales, y tendrá competencia sobre los contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos para servicios de transporte automotor, urbano o suburbano, y ferroviario de pasajeros y cargas.
El Ministerio detalló que este nuevo organismo tendrá la responsabilidad de “fiscalizar y controlar los servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional”, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y la seguridad de los usuarios. Además, podrá “aplicar sanciones ante irregularidades” en el funcionamiento de dichos servicios y promover acciones civiles o penales en la Justicia cuando corresponda.
También estará encargado de atender reclamos y denuncias de los usuarios. La agencia “recepcionará, gestionará y brindará seguimiento” a las quejas presentadas, y asumirá tareas como la investigación de accidentes ferroviarios, la elaboración de informes técnicos y la conducción de peritajes en los servicios bajo su órbita.
Entre otras funciones, el nuevo organismo podrá “percibir y fiscalizar el cobro de tasas, derechos y aranceles” relacionados con su labor de control, así como “suspender o caducar permisos y licencias” otorgadas previamente. Además, intervendrá en la regulación del acceso abierto ferroviario, resolviendo conflictos derivados de esta modalidad y fiscalizando los programas de mantenimiento de infraestructura ferroviaria y material rodante.