El conflicto entre Colón y el delantero uruguayo José Neris sigue sumando capítulos y ahora también genera movimientos importantes en Ecuador, donde Emelec ya comenzó a tomar recaudos legales ante la avanzada judicial en los últimos días.

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Después de varias semanas de análisis y gestiones, la dirigencia rojinegra presentó formalmente ante FIFA un reclamo contra el delantero uruguayo por considerar que rompió su contrato de manera "injustificada", situación que terminó provocando un fuerte perjuicio patrimonial para el club santafesino.

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El eje de la disputa pasa por los derechos económicos del futbolista. Colón poseía el 65% del pase de Neris, mientras que el 35% restante pertenecía a River de Uruguay. Por eso, en Santa Fe entienden que la salida del atacante generó una pérdida económica considerable y apuntan a una indemnización que superaría el 1.200.000 dólares.

Emelec y un supuesto "blindaje contractual" ante el juicio de Colón

Sin embargo, el reclamo no se limita únicamente al jugador. El impacto también alcanza a Emelec, ya que desde Colón consideran que tiene responsabilidad solidaria en la operación. En su momento, el presidente José Alonso fue contundente al remarcar que Emelec no podía “desconocer que Colón era dueño de los derechos económicos del jugador ”.

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La situación provocó un verdadero revuelo en Ecuador y distintos medios comenzaron a seguir de cerca el caso. En paralelo, trascendió que Emelec contaría con una especie de " escudo" legal incluido dentro del contrato firmado con la representación del futbolista, encabezada por Sebastián Giménez.

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Ese respaldo jurídico sería uno de los argumentos que utilizará el club ecuatoriano para intentar desligarse de eventuales sanciones o responsabilidades económicas dentro del litigio. Pero Colón está firme y confiado. Como suele ocurrir en este tipo de disputas internacionales, el proceso promete extenderse durante varios meses. Pero mientras la causa empieza a recorrer los despachos de FIFA, en Colón ya dejaron en claro que irán a fondo para defender un patrimonio que consideran vulnerado.