Dictaron prisión preventiva para el chofer de Didi imputado por privación ilegítima de la libertad a una menor

Este viernes se realizó la audiencia para definir la situación procesal del chofer de una aplicación de viajes acusado de privación ilegítima de la libertad contra una menor. Tras la exposición de las partes, la jueza interviniente resolvió prolongar la prisión preventiva del imputado por el plazo de 30 días.

La fiscal del caso valoró el fallo como un respaldo al trabajo desarrollado hasta el momento: “La jueza dio lugar a todos los incisos, requerimientos y a la investigación que hizo la Fiscalía”, sostuvo. Durante la audiencia también estuvieron presentes los padres de la menor y los abogados querellantes, que se presentarán formalmente en los próximos días.

Privación ilegítima de la libertad

Según se explicó, la magistrada entendió que las pruebas recolectadas hasta ahora son suficientes para considerar al imputado como autor del hecho y sostuvo que la calificación legal corresponde a una privación ilegítima de la libertad. La fiscal remarcó que, si bien la investigación continúa y podrían aparecer nuevas evidencias, “la defensa no logró mitigar los riesgos procesales con las alternativas que ofreció a la prisión preventiva”.

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En los próximos días se realizará la audiencia de Cámara Gesell, una instancia clave en la causa. En ese sentido, desde el Ministerio Público de la Acusación se destacó la importancia de que la menor pueda atravesar este proceso en un entorno de resguardo y contención.

El estado de la menor y la posible condena

La niña se encuentra bajo asistencia psicológica provista por el Estado y es atendida por profesionales del Samco de Alto Verde. Tanto ella como sus padres están alcanzados por medidas de protección dispuestas por la Dirección de Protección de Víctimas y Testigos. “Lo que hay que hacer ahora es que la niña se quede tranquila y pueda reordenar su vida para continuar el proceso penal”, afirmó la fiscal, quien también expresó su preocupación por el impacto que tuvo el hecho en la vida cotidiana de la víctima, que actualmente no está concurriendo a la escuela y manifiesta temor.

Respecto a la posible pena, se indicó que el delito de privación ilegítima de la libertad contempla una condena de seis meses a tres años. Sin embargo, durante la audiencia, la fiscal argumentó que no correspondía una pena de ejecución condicional por la gravedad del caso. La jueza coincidió con esa postura. “Cualquier pena que podría caberle, a criterio de esta jueza, en este momento del proceso, sería de cumplimiento efectivo, por la naturaleza del hecho que tiene que ver con una menor de edad en riesgo y que hay que tutelar”, concluyó.