La joven de 22 años fue imputada por homicidio agravado por el vínculo y permanecerá privada de su libertad en el Servicio Penitenciario. La Justicia ordenó una Junta Especial de Salud Mental para determinar si comprendía la criminalidad del hecho y si está en condiciones de afrontar un proceso penal. Según la Fiscalía, el niño murió por estrangulación manual.
20:33 hs - Lunes 24 de Agosto de 2026
La investigación por la muerte de Izan Aguirre, el niño de 6 años asesinado en la ciudad de San Justo, entró en una etapa clave para definir la situación procesal de su madre, una joven de 22 años identificada por sus iniciales R.A.M.
La mujer fue imputada por homicidio agravado por el vínculo en una audiencia realizada este lunes en los Tribunales de Santa Fe. Sin embargo, la Justicia todavía deberá resolver una cuestión central antes de determinar cómo avanzará formalmente la causa: su estado de salud mental y su eventual imputabilidad.
A pedido de las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso, el juez José Luis García Troiano dispuso una medida de restricción de la libertad ambulatoria, prevista en el artículo 107 del Código Procesal Penal de Santa Fe.
La medida se extenderá mientras se realiza una Junta Especial de Salud Mental, que deberá responder dos preguntas fundamentales: si la mujer estaba en condiciones de comprender la criminalidad de su conducta al momento del homicidio y si actualmente puede comprender los actos procesales y afrontar un proceso penal.
Seguirá detenida mientras se realiza la Junta de Salud Mental
Uno de los principales puntos discutidos durante la audiencia fue dónde debía permanecer alojada la imputada mientras se desarrollan las evaluaciones psiquiátricas.
La defensa solicitó que la joven fuera trasladada a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, las fiscales se opusieron al planteo y el juez resolvió que continúe privada de la libertad en el Servicio Penitenciario.
“La abogada defensora no se opuso a la medida que pedimos pero cuestionó que el lugar de cumplimiento sea en el ámbito del servicio penitenciario”, explicaron las fiscales.
Según detallaron, la defensa había propuesto que RAM permaneciera internada en un hospital especializado. “Desde el MPA nos opusimos a la solicitud, y el juez hizo lugar a nuestro planteo y rechazó el pedido de la abogada defensora”, señalaron.
La decisión se fundamentó, de acuerdo con lo informado por las funcionarias del Ministerio Público de la Acusación, en que la legislación nacional establece que los tratamientos de salud mental son, como regla, de carácter ambulatorio, una modalidad que no resultaría compatible con las características de este caso.
Por el momento, entonces, la imputada continuará alojada bajo custodia penitenciaria.
La Junta deberá definir el futuro procesal
La evaluación de la salud mental será determinante para establecer los próximos pasos de la causa.
La Junta deberá establecer, en primer lugar, si RAM comprendía la criminalidad del hecho al momento de cometerlo. También deberá determinar si actualmente se encuentra en condiciones de comprender las instancias de un proceso penal.
La fiscal María Laura Urquiza explicó que se trata de una evaluación técnica que estará a cargo de profesionales especializados y que el estado mental de la mujer puede haber experimentado modificaciones desde el momento del hecho hasta la actualidad.
Mientras se desarrollen las distintas sesiones de la Junta, la mujer permanecerá detenida.
“El código manda hacerlo con la mayor celeridad posible para poder salir, digamos, de esta situación, de poder determinar su imputabilidad o no, para luego poder seguir adelante con el proceso de una o de otra manera”, sostuvo Urquiza.
Dos escenarios posibles
A partir de las conclusiones de la Junta Especial de Salud Mental se abrirán dos caminos procesales.
Si los profesionales determinan que la imputada no podía comprender la criminalidad de sus actos al momento del homicidio, la Justicia deberá evaluar la aplicación de medidas de seguridad orientadas a su tratamiento y recuperación.
En cambio, si se establece que comprendía la criminalidad del hecho y era capaz de dirigir sus acciones, la Fiscalía podrá avanzar con el pedido de las medidas cautelares correspondientes, entre ellas la prisión preventiva, para continuar con el proceso penal hasta una eventual instancia de juicio.
“Puede haber dos opciones. Una es que se determine que no podía comprender la criminalidad del hecho, y es así que luego se va a evaluar las medidas de seguridad con las cuales va a transitar su recuperación. Y la otra es que la Junta determine que sí era consciente y es capaz”, explicó la fiscal.
En caso de ser considerada imputable y posteriormente condenada por homicidio agravado por el vínculo, la pena prevista es prisión perpetua.
La Fiscalía atribuyó el homicidio a la madre
Durante la audiencia, las fiscales atribuyeron formalmente a RAM la autoría del homicidio de su hijo.
De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió entre la madrugada y la mañana del miércoles de la semana pasada, en una vivienda ubicada en Cortada 27, sin número, del barrio Reyes de San Justo.
La Fiscalía sostuvo que el niño murió como consecuencia de una asfixia provocada por estrangulación manual.
“La mecánica del hecho fue realizado este homicidio mediante el estrangulamiento del menor en forma mecánica o manual”, confirmó Urquiza.
El informe del médico forense que realizó la autopsia determinó que la víctima falleció por la compresión del cuello, lo que provocó la obstrucción de las vías aéreas superiores.
No había denuncias previas por maltrato
La Fiscalía también confirmó que no existen antecedentes de denuncias por situaciones de violencia vinculadas con la imputada.
“No, no hay absolutamente ninguna otra denuncia previa que tenga que ver ni con maltrato infantil ni con situaciones de violencia de ella para con cualquier otra persona”, sostuvo Urquiza.
La funcionaria agregó que, al momento de la aprehensión, la joven realizó algunas manifestaciones que fueron consideradas confusas y que hicieron referencia al hecho.
Según explicó, esas expresiones también forman parte de los elementos que deberán ser considerados dentro de la evaluación de su estado mental.
Las expresiones de la imputada serán evaluadas por especialistas
En las horas posteriores al crimen, RAM habría manifestado que había actuado sin voluntad propia y que había sido enviada o mandada por otra instancia.
La fiscal evitó definir esas expresiones como estrictamente “místicas” y aclaró que se trata de cuestiones vinculadas con el estado de salud mental que deben ser analizadas técnicamente.
“Sí, hizo alusión a algunas cuestiones, no sé si mística sería la palabra. Pero sí tiene que ver, digamos, con haberlo hecho sin su voluntad”, explicó.
Y agregó que la joven habría señalado que no había actuado por iniciativa propia, sino que había sido “enviada, mandada por alguna otra instancia u otra persona”.
Para la Fiscalía, esas manifestaciones no permiten por sí solas establecer una conclusión sobre su imputabilidad. Esa determinación corresponde a los profesionales que integrarán la Junta Especial de Salud Mental.
La investigación continúa abierta
Aunque la madre de Izan es actualmente la única persona privada de la libertad y formalmente atribuida por el homicidio, la investigación no está cerrada.
Las fiscales indicaron que se tomaron numerosos testimonios y que continúan distintas medidas de prueba.
Además, fueron secuestrados teléfonos celulares que están siendo peritados, con el objetivo de obtener información que permita reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte del niño.
“Si bien la investigación se encuentra abierta, hay líneas investigativas, muchísimos testimonios que se han tomado hasta el momento, hay secuestro de teléfonos celulares que también se encuentran siendo peritados”, explicó Urquiza.
Qué viene ahora en la causa
Con la imputación ya formalizada, el próximo paso será la realización de la Junta Especial de Salud Mental.
Mientras se llevan adelante las evaluaciones, RAM permanecerá detenida en el Servicio Penitenciario, según lo dispuesto por el juez García Troiano.
Las conclusiones de los especialistas serán determinantes para definir si la mujer puede ser sometida a un proceso penal y, en caso de ser considerada imputable, si corresponde que la Fiscalía solicite una medida cautelar más gravosa como la prisión preventiva.
De esta manera, la causa entra en una etapa en la que la investigación penal continuará en paralelo con la evaluación de la salud mental de la imputada. La definición de la Junta será clave para establecer si el expediente avanza hacia un proceso penal ordinario o si deben adoptarse medidas de seguridad vinculadas con su eventual inimputabilidad.