La investigación por la muerte de Izan Aguirre, el niño de 6 años que falleció en una vivienda de la ciudad de San Justo, sumó este lunes un paso decisivo. Su madre, una joven de 22 años, fue imputada formalmente por el delito de homicidio agravado por el vínculo y permanecerá detenida en una dependencia del Servicio Penitenciario.
Muerte de Izan Aguirre: imputaron a su madre por homicidio agravado y seguirá detenida mientras evalúan su salud mental
La joven de 22 años fue acusada formalmente por el homicidio de su hijo de 6 años, ocurrido en San Justo. La fiscal, María Laura Urquiza, confirmó que el niño murió por estrangulamiento mecánico o manual. La Justicia ordenó que la imputada continúe privada de la libertad mientras una Junta Especial de Salud Mental determina si comprendía la criminalidad del hecho.
24 de agosto 2026 · 18:42hs
Muerte de Izan Aguirre: imputaron a su madre de 22 años por homicidio agravado por el vínculo.
La audiencia imputativa se realizó durante la tarde en los Tribunales de Santa Fe y estuvo a cargo del juez José Luis García Troiano. La acusación fue presentada por las fiscales María Laura Urquiza, de la Unidad Especial de Homicidios, y Daniela Montegrosso, de la sede fiscal de San Justo.
La calificación legal contempla, en caso de que la imputada sea considerada penalmente responsable, una pena de prisión perpetua.
Sin embargo, uno de los principales puntos de la audiencia estuvo relacionado con el estado de salud mental de la joven. Por disposición judicial, se conformará una Junta Especial de Salud Mental que deberá establecer si al momento del hecho comprendía la criminalidad de sus actos y si actualmente se encuentra en condiciones de ser sometida a un proceso penal.
La fiscal confirmó cómo murió Izan
Durante la conferencia posterior a la audiencia, la fiscal María Laura Urquiza confirmó uno de los aspectos centrales de la investigación: la mecánica de la muerte del niño.
“La mecánica del hecho fue realizado este homicidio mediante el estrangulamiento del menor en forma mecánica o manual”, explicó la funcionaria judicial.
De esta manera, la Fiscalía precisó el mecanismo que provocó la muerte de Izan, luego de que la autopsia practicada al cuerpo del niño estableciera previamente que había fallecido como consecuencia de una asfixia.
Los resultados de los estudios forenses fueron incorporados a la investigación y permitieron avanzar en la definición de la acusación contra la madre.
La investigación sobre la salud mental
La situación procesal de la joven estará ahora estrechamente vinculada con los resultados de la evaluación psiquiátrica.
La Justicia ordenó la intervención de una Junta Especial de Salud Mental, que deberá realizar distintas entrevistas y evaluaciones para determinar dos cuestiones fundamentales: si la mujer podía comprender la criminalidad del hecho al momento de cometerlo y si actualmente puede afrontar un proceso penal.
Mientras se desarrollen esas evaluaciones, que demandarán varias sesiones, la imputada permanecerá alojada en el Servicio Penitenciario.
“Mientras esto se lleve adelante, que son varias sesiones que lleva adelante la Junta de Salud Mental, ella va a quedar por disposición del Tribunal de Jueces privada de la libertad en el servicio penitenciario”, explicó Urquiza.
La fiscal remarcó además que el Código Procesal establece que esta situación debe resolverse “con la mayor celeridad posible” para determinar su imputabilidad y definir cómo continuará la causa.
Qué puede pasar después de la evaluación
La Junta Especial de Salud Mental deberá establecer si la mujer podía comprender la criminalidad de sus actos.
Urquiza explicó que existen dos escenarios posibles. Si los profesionales determinan que no podía comprender la criminalidad del hecho, se deberán evaluar medidas de seguridad destinadas a su recuperación y tratamiento.
En cambio, si se concluye que era consciente de sus actos y podía comprender su criminalidad, la Fiscalía analizará la posibilidad de solicitar las medidas cautelares correspondientes, entre ellas la prisión preventiva, para que el proceso avance hacia un eventual juicio.
“Puede haber dos opciones. Una es que se determine que no podía comprender la criminalidad del hecho (...) y la otra es que la Junta determine que sí era consciente y es capaz”, señaló la fiscal.
En este último supuesto, la acusación podría avanzar hacia una instancia de juicio oral. En caso de ser declarada penalmente responsable por el homicidio agravado por el vínculo, la pena prevista es prisión perpetua, de acuerdo con el Código Penal.
No había denuncias previas por violencia
Otro de los puntos consultados durante la conferencia estuvo relacionado con los antecedentes familiares y posibles situaciones de violencia.
La fiscal Urquiza confirmó que no existen denuncias previas por maltrato infantil ni por situaciones de violencia atribuibles a la joven.
“No, no hay absolutamente ninguna otra denuncia previa que tenga que ver ni con maltrato infantil ni con situaciones de violencia de ella para con cualquier otra persona”, afirmó.
La funcionaria judicial también confirmó que, durante el momento de la aprehensión, la joven pronunció algunas expresiones que fueron consideradas confusas y que hicieron referencia al hecho.
“Sí manifestó algunas palabras confusas, pero sí hizo alusión al hecho”, indicó.
Las expresiones de la joven y el análisis psiquiátrico
En las horas posteriores al crimen, la imputada habría realizado manifestaciones vinculadas con haber actuado contra su voluntad. La Fiscalía evitó calificar esas expresiones como estrictamente “místicas” y remarcó que forman parte de los elementos que deberán ser analizados por profesionales especializados.
“Sí, hizo alusión a algunas cuestiones, no sé si mística sería la palabra. Pero sí tiene que ver, digamos, con haberlo hecho sin su voluntad”, explicó Urquiza.
Según la fiscal, la joven manifestó que no se trató de una acción realizada voluntariamente, sino que habría sido “enviada, mandada por alguna otra instancia u otra persona”.
Urquiza aclaró que el estado de salud mental de la imputada debe ser determinado técnicamente y que puede haber variado desde el momento del hecho hasta la actualidad.
“Ha ido variando además con el tiempo, desde la comisión del hecho hasta ahora”, sostuvo.
Por ese motivo, la Fiscalía aguarda los resultados de las evaluaciones específicas antes de establecer una conclusión definitiva sobre su imputabilidad.
Continúa como única sospechosa
Por el momento, la madre de Izan es la única persona privada de la libertad y formalmente acusada por el homicidio.
La fiscal confirmó que la investigación continúa abierta y que todavía se desarrollan distintas medidas probatorias.
“Si bien la investigación se encuentra abierta, hay líneas investigativas, muchísimos testimonios que se han tomado hasta el momento, hay secuestro de teléfonos celulares que también se encuentran siendo peritados”, detalló Urquiza.
Los dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la causa continúan siendo analizados y podrían aportar información para reconstruir las circunstancias previas y posteriores a la muerte del niño.
Seguirá detenida en el Servicio Penitenciario
Otro de los puntos discutidos durante la audiencia fue el lugar donde debía permanecer alojada la imputada mientras se realizan las evaluaciones de salud mental.
Finalmente, el Tribunal resolvió que continúe privada de la libertad en el Servicio Penitenciario, por lo que por el momento no será derivada nuevamente al Hospital Psiquiátrico Dr. Emilio Mira y López.
“No, el tribunal ordenó que continúe privada de la libertad en el servicio penitenciario”, confirmó la fiscal.
La medida será revisada a partir de los resultados y conclusiones de la Junta Especial de Salud Mental.
De esta manera, la causa por la muerte de Izan Aguirre entra en una nueva etapa: la Fiscalía ya formalizó la acusación contra su madre y confirmó la mecánica del homicidio, mientras la Justicia deberá determinar ahora su condición de imputabilidad y, a partir de allí, definir el camino procesal que seguirá la investigación.
