Denunciaron un kiosco de droga y el caso llegó a juicio

El búnker funcionaba en una casa de calle Richieri al 2100 donde vivían Leonardo Mendoza, con su pareja, y los hijos de ambos. Lo que levantó las sospechas de los vecinos fue la cantidad de gente que iba al lugar por algunos minutos, y luego se retiraba. También contaban que el movimiento siempre se hacía más intenso a la noche.

Esa fue la vivienda allanada el 5 de junio del año pasado, cuando terminaron las tareas de la Sección Inteligencia Zona Centro, en las que los agentes filmaron las transacciones e incorporaron ese material documental a la causa. 

Ese día, a la siesta, los agentes encontraron 258,40 gramos de marihuana que estaba distribuida en 41 paquetitos de nailon negro. También había 58 envoltorios con cocaína que en total sumó un peso de 132 gramos. Todo estaba preparado para la venta. 

El resto de los elementos eran los que se usaban para particionar la droga y comercializarla: había más de 200 tubos Eppendorf vacíos, dos balanzas digitales, documental personal de Mendoza, como ser una factura de la EPE a su nombre y un recorte periodístico en el que se lo involucraba en otra causa relacionada con estupefacientes. 

Sin embargo, ese día Mendoza no estaba en la casa. Quienes atendían el negocio ilegal eran Marcelo Alberto Torres, –que hacía 15 días que había salido de la cárcel de Coronda donde cumplía una condena por robo–, su hijo Marcelo Ezequiel y la novia del muchacho, Luisa Paula Gaitán. 

Alguien le avisó a Mendoza del allanamiento y ese día no volvió a la casa. Estuvo prófugo más de un mes, hasta que el 7 de julio del 2014 quiso volver a la vivienda, a buscar ropa y otros efectos personales. Los agentes lo seguían esperando y ese día fue detenido. 

Inmediatamente, Mendoza intentó desvincularse de la causa. Dijo que él no sabía qué hacían en su casa y que en los últimos meses él había estado viviendo en cabañas que alquilaba –por montos muy elevados– en el corredor turístico de Sauce Viejo. Para justificar sus ingresos, dijo que era propietario de un negocio polirrubro, pero para los investigadores la versión presentaba serias fallas, que en el juicio –que se realizó el 12 y el 13 de mayo– fueron contrastadas con 16 testimoniales.

En ese marco, el fiscal general Martín Suárez Faisal, acusó a todos por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y pidió que Torres padre y Mendoza sean declarados como reincidentes. Por el contrario, el defensor particular, Héctor Tallarico, y el oficial, Martín Gesino, pidieron la absolución. 

Finalmente la decisión de los jueces María Ivón Vella, Luciano Homero Lauría, y José María Escobar Cello fue condenar a Mendoza a cuatro años y seis meses de prisión; a Marcelo Ezequiel Torres a cuatro años de prisión, a Marcelo Alberto Torres a dos años y cuatro meses de cárcel, que se unificaron con la pena anterior en tres años, y a Luisa Gaitán como partícipe secundaria, a dos años de prisión.