La muerte de un joven de 22 años, que viajaba como acompañante en una motocicleta que colisionó con una camioneta en barrio Piquete Las Flores, reabrió un debate que parecía dormido en Santa Fe: el funcionamiento irregular del servicio Uber moto y la complejidad en cómo controlar la proliferación de este servicio ilegal.
El accidente que reavivó el debate: entre el funcionamiento ilícito de Uber moto y la complejidad de controlar
Algunos concejales plantean multas más costosas y otros plasman que "sin responsabilidad ciudadana los controles nunca van a alcanzar". Vuelve el debate a siete meses de la ordenanza sancionada.

A siete meses de sancionada la ordenanza que regula a las aplicaciones, Uber moto sigue operando por fuera del marco legal, sin inscripción, sin habilitación, y sin sanciones claras.
El hecho ocurrió el domingo 13 de julio y dejó también a los dos conductores internados. Luego se confirmó que ambos manejaban con cocaína en sangre, por lo que fueron imputados por homicidio culposo agravado.
Postura de Poletti sobre Uber moto
“El Uber Moto está prohibido, porque no se encuentra dentro de la ordenanza de aplicaciones”, aseguró el intendente Juan Pablo Poletti, y agregó: “Seguimos trabajando, más allá de que se inscriba la app o los conductores, porque lo que más nos interesa es la seguridad del santafesino”.
Poletti indicó que se intensificaron los controles: “Casi cuadruplicamos los operativos. Todos los fines de semana se ven estadísticas de vehículos retenidos por falta de casco o por alcoholemia positiva”. No obstante, reconoció limitaciones: “Los narco tests eran difíciles de implementar en el hospital y, en el caso de motos, es imposible tener un test en cada control”.
El intendente también pidió el apoyo de los medios y la ciudadanía: “Necesitamos conciencia colectiva. Estamos en diálogo constante con taxistas, remiseros, choferes de aplicaciones y concejales. Pero desconocer que las apps llegaron para quedarse no es una opción. El desafío es adaptarlas a un funcionamiento ordenado y seguro”.
“La norma no moldea la realidad”
Desde el Concejo, el concejal de Unidos, Carlos Suárez, planteó el problema en distintos planos. “El primero es el normativo, donde hay una realidad establecida por la norma, pero esa norma no evita situaciones como esta”, afirmó. “Otro plano tiene que ver con la responsabilidad ciudadana: quienes trabajan en una actividad no permitida y quienes la eligen como usuarios”.
Suárez también apuntó a la complejidad de regular empresas globales: “Es muy difícil poder condicionar a estas aplicaciones. Las multinacionales se paran en un lugar en donde pueden imponer condiciones a los estados locales”.
Recordó que hubo intentos de diálogo: “Tuvimos que conversar para lograr una norma en donde todos nos sintamos cómodos, incluso las aplicaciones. Pero cuando eso pasa, las apps no se inscriben al marco normativo que se había consensuado”.
Y fue contundente: “La norma no moldea la realidad. A siete meses de su sanción y frente a un accidente trágico, hay que preguntarse si la regulación realmente genera mayores condiciones de seguridad para el vecino”.
En cuanto a los controles, Suárez fue claro: “Desde lo normativo se puede tender a criterios de habilitación, pero el control pleno es imposible. Hay miles de autos y motos en la ciudad. El control es parcial, y en esa muestra pueden aparecer casos trágicos como este”.
Para el concejal, la clave está en lo cívico: “Si no hay responsabilidad ciudadana, lo que hagamos nunca va a alcanzar, ni con regulación ni con controles”.
Proponen multas de hasta $360.000
La concejala de Más para Santa Fe, Violeta Quiroz, fue más crítica con el Ejecutivo. “En la ordenanza quise que se explicite la prohibición de Uber Moto, aunque me dijeron que se daba por entendida. Por eso presenté un proyecto que modifica la ordenanza actual”.
Y fue tajante: “No tienen que pasar desgracias para tomar medidas, pero eso es lo que parece que hace el municipio”.
Quiroz señaló que la ordenanza no contempla sanciones para este tipo de servicios. “Mi proyecto incluye multas importantes para conductores de motos y autos, que van desde $70.000 hasta $360.000, según la reincidencia o gravedad de la infracción”.
Además, propuso acciones directas: “Planteo que los inspectores y la Policía puedan secuestrar los vehículos en infracción. Si el ciudadano ve que el municipio está en la calle, creo que se va a frenar en el hecho de cometer estas infracciones”.
Y concluyó: “Hay falta de control. Si ves que nadie controla y podés circular libremente, es lógico que estas situaciones se repitan”.