Causa YPF: la jueza Preska convocó a la Argentina y a los demandantes a una reunión urgente

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska convocó a la República Argentina y a los beneficiarios del fallo YPF a una reunión urgente en su corte. La magistrada busca destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el argumento de los demandantes, de que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”, lo que se conoce como “alter ego”.

Los fondos que lograron un dictamen favorable en el juicio por la expropiación de YPF sostienen entonces que la República Argentina debe afrontar el pago de los USD 16.100 millones dispuestos en el polémico fallo de Preska.

La convocatoria responde a un pedido de los demandantes en el caso YPF, que buscan obtener información sobre entidades estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, con el objetivo de avanzar en embargos.

Apelación del fallo

Los beneficiarios del fallo solicitan obligar al país a responder completamente una subpoena de información. Según documentos judiciales, el Gobierno argentino ya presentó su respuesta al pedido de los demandantes. La audiencia se realizará pocos días después de que el país apelara la orden judicial que lo obligaba a transferir las acciones de la petrolera.

El analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especializado en el caso, explicó que la audiencia busca destrabar la disputa por la entrega de información vinculada a posibles alter ego del Estado argentino.

Según detalló, los beneficiarios del fallo pretenden embargar activos de Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y el Banco Central como parte del proceso de ejecución de la sentencia.

“Cuando Milei asumió como Presidente, Alberto Fernández había apelado el fallo de Preska de los USD 16.000 millones. La jueza le ofreció al nuevo Gobierno poner una garantía para poder apelar y no arriesgar embargos. Milei, por motivos obvios, porque estaba recién asumido, decide no poner garantía por lo que empezaron los embargos. Dos embargos fueron pedidos. Uno, las acciones de YPF, que es el fallo que salió la semana pasada y apelaron hoy. El segundo embargo es la declaración de alter ego de esas entidades para embargar los activos de esas entidades”, detalló Maril.

Esta mañana se conoció que el Gobierno argentino presentó una apelación contra la orden de la jueza Preska, que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a los fondos beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012. La decisión se formalizó el 9 de julio mediante un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York.

La apelación se presentó sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de “stay”, una solicitud realizada días atrás por el equipo legal de Argentina para suspender la ejecución del fallo mientras avanza la revisión del caso. El documento, registrado en los expedientes iniciados por Burford Capital y Eton Park, fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a la Argentina.

La causa de YPF

La demanda “madre” de este caso tiene que ver con la expropiación de YPF, que realizó el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023 y luego de ocho años de juicio, Preska declaró al Estado culpable de mala praxis expropiatoria y lo condenó a pagar USD 16.000 millones, principalmente a Burford Capital, el estudio que compró los derechos a litigar del caso a empresas que aseguran haber sido perjudicadas por la decisión.

Ese fallo condenatorio fue apelado y, en paralelo, la causa siguió tramitándose en el tribunal de Preska. En ese contexto, Burford realizó una serie de requerimientos —con el objetivo final de negociar con Argentina—, entre ellos quedarse con las acciones de la petrolera. Como destacó ayer Infobae en exclusiva, el Gobierno espera otro fallo adverso en la causa. Podría ser que ahora, a pesar de haber apelado directamente a la Cámara, Preska pida garantías para conceder el stay.

Si eso ocurre, la Cámara no resuelve la apelación antes del lunes y Argentina no pone activos en garantía, podría entrar en desacato (lo tiene que pedir los demandantes). Sería un golpe para la credibilidad del país en un contexto de apertura económica, búsqueda de regresar a los mercados internacionales de crédito e intento de que lleguen inversiones que dinamicen la economía.