En el Senado, los legisladores opositores consiguieron la aprobación en general del proyecto que incrementa las jubilaciones en un 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos con la actualización mensual por índice de movilidad.
Golpe para el Gobierno: Senado aprueba aumento de jubilaciones y extensión de la moratoria previsional
El proyecto obtuvo la aprobación en general y se discute en particular para concretar su sanción definitiva. El oficialismo adelantó que impugnará el debate.

Además, sancionó la extensión de la moratoria previsional. La votación resultó con 52 positivos, 0 rechazos y 4 abstenciones la votación en general. El bloque de La Libertad Avanza se fue del recinto y estuvo ausente cuando se sometió a votación el proyecto.
Los bloques opositores defendieron el proyecto asegurando que la recomposición es baja y que se indica en la norma las fuentes de financiamiento.
Ahora discuten artículo por artículo la redacción final. Tras ello, se volverá a votar y de ser aprobado el proyecto se convertirá en ley.
Desde las 14 el Senado debate en sesión especial, por impulso de bloques opositores, conformados entre kirchneristas y dialoguistas que, sin dictamen previo y con un temario amplio, buscarán avanzar con la aprobación de proyectos que prevén aumentos en las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.
También se incluirán iniciativas para asistir financieramente a las provincias y una discusión preliminar sobre el juicio por la estatización de YPF.
Reunión de Gabinete
En paralelo, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada, cuya convocatoria –según fuentes oficiales– estaba pautada desde hace días pero adquiere un nuevo peso político ante la sesión convocada por la oposición.
Los gobernadores de la ex Juntos por el Cambio se reunieron virtualmente con sus senadores y resolvieron no acompañar las iniciativas con media sanción. Advirtieron que los proyectos opositores tendrían un costo fiscal equivalente al 2,5% del PBI y afirmaron que su aprobación implicaría “un bombazo” para las cuentas públicas.