Arranca el juicio oral por las torturas a Campagnolo y Dunda

El martes arranca, en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, el juicio por el secuestro y los tormentos

sufridos por el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, ya fallecido, Noé Adán Campagnolo y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Dunda,durante la última dictadura militar.

Los acusados son el primer interventor militar de la dictadura en la provincia, coronel José María

González (condenado en diciembre del 2011 a prisión perpetua acusado por la desaparición de Mario

Marini y la detención de su esposa, Ana María Cavadini, y su hijo de pocos días de vida); el exsubjefe

del Destacamento de Inteligencia Militar 122, teniente coronel Jorge Roberto Diab, y al exoficial de la

Policía santafesina, Ricardo José Salomón, marcado como uno de los autores materiales de las torturas. Tanto Diab como González están imputados además en la megacausa, que fue elevada a juicio oral por el juez Reinaldo Rodríguez y que nuclea 35 homicidios y otros delitos como asociación ilícita.

Diab era el encargado, antes de cualquier operativo, de pedir a catastro un plano de la manzana, y

analizar cuáles podían ser las vías de escape que podría tener la víctima o quienes podían ayudarlo en

las inmediaciones. Campagnolo y Dunda fueron secuestrados el 24 de marzo de 1976. El exintendente fue llevado primero al Palacio Municipal para que –ante escribano público– firmara la entrega del Ejecutivo al interventor de la dictadura, teniente coronel Roberto Pedro Arrieta. De allí, lo trasladaron

directamente a la Guardia de Infantería Reforzadas, donde Campagnolo sufrió una brutal tortura

que contó en 1996, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe, en el programa de televisión Entre Líneas, conducido por Guillermo Tepper: “Los milicos intentaron matarme. Me introducen por el ano un objeto cortante, me rompen el intestino y la vejiga. Si la picana eléctrica hubiera estado encendida, me hubieran matado”, contó al aire.

La copia de ese programa forma parte del plexo probatorio de la causa, junto con otros documentos

que demostraron las severas consecuencias de las torturas: “Setenta hematomas en distintas partes

del cuerpo, siete costillas fracturadas, rotura de vejiga e intestinos, ano contranatura por seis meses”.

A Campagnolo lo torturan físicamente hasta el borde de la muerte y le enviaron su ropa ensangrentada

a sus familiares. Un integrante del gabinete municipal de Campagnolo, recurrió en ayuda al entonces arzobispo de Santa Fe, monseñor Vicente Zazpe, quien –en una entrevista personal con José María González– le pide explicaciones sobre el secuestro del intendente. González le informa que Campagnolo estaba en la GIR y hasta allí llegó el cura, donde uniformados le dan detalles del

brutal ataque al intendente.

En el caso de Dunda, un sociólogo que luego fue secretario de Derechos Humanos durante la gestión del gobernador Jorge Obeid, fue secuestrado durante la mañana del 24 de marzo de 1976 y trasladado

a la GIR, donde entre otros martirios sufrió un simulacro de fusilamiento. La GIR en la era de Márquez

En el primer período de la dictadura, la GIR estuvo a cargo del comisario inspector Jorge Alberto

Márquez. Luego, a partir del 77, se hizo cargo el ex comisario principal Juan Calixto Perizotti. En una

de las primeras audiencias de la causa Brusa (primer juicio por delitos de lesa humanidad tramitado

en Santa Fe), Perizotti recordó las visitas de monseñor Zazpe a la GIR: “Iba a los pabellones de la

planta alta y le daba misa a los detenidos”. 

El pedido de elevación a juicio que el fiscal Rodríguez formuló en noviembre del año pasado, tiene un apartado de palabras finales, en las que plantea una discusión relativa a los alcances de intermediación realizada por monseñor Zazpe a favor de Campagnolo: mientras que una de las posturas hizo alusión a que la participación del clérigo fue el punto de partida para que el detenido

recibiera asistencia médica y por ende salvara su vida, otra opinión marcaba que las gestiones

realizadas por Zazpe no demostraron altruismo alguno sino que constituyen una confirmación

más del acceso que tenían las jerarquías católicas de la época al aparato represor del Estado y de

qué modo pudieron haber evitado la masacre que perpetró aquel, de haberlo querido. “Sin desconocer

que estos aspectos resultan extraños al objeto procesal de la causa (no se juzgará a Zazpe), considero que la envergadura de la situación descripta tampoco puede soslayarse como segmento de la acusación aquí promovida, y en función de la trascendencia propia de estos juicios relativos a crímenes contra la Humanidad, se dejará planteado su abordaje durante el debate oral y público, pues el proceso lleva ínsito el propósito de garantizar a los actores en particular y a la sociedad en general el denominado derecho a la verdad”, sostuvo el fiscal.