En octubre del año pasado, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario resolvió que la investigación al subsecretario del Ministerio de Seguridad, Diego Poretti; al exjefe de Policía, Hugo Tognoli; al juez Jorge Pegassano (Instrucción 1ª) y al comisario Marcelo Bustamante, por un allanamiento ilegal ocurrido en Colastiné Norte, en junio de 2012, debía ser investigado por la Justicia provincial. Sin embargo, a seis meses de ese fallo el expediente no tiene ni juez ni fiscal.Ayer, la causa ingresó a la Cámara de Apelaciones y ahora está a la espera de la conformación del tribunal que definirá quién es el funcionario judicial que deberá hacerse cargo de la pesquisa.
La Cámara dirá quién esquivó investigar la razia de Colastiné
Un sistema en agoníaEl juez Pascua declinó su competencia porque consideró que la investigación debía comenzar en la nueva Justicia Penal y sus procedimientos orales y publicos, y no sumar más presión al sistema de conclusión de causas cuyos recursos son cada vez más escasos y van camino a desaparecer. Entonces, la investigación cayó en manos del fiscal Gustavo Urdiales, quién rápidamente mandó el expediente de vuelta a Pascua por considerar que el hecho había sido antes de la puesta en marcha de la reforma procesal y que por lo tanto, no podía hacerse cargo.
El juez correccional volvió a responder y citó el Artículo 2º de la Ley 13.004, conocida como ley del período de transición en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe, que establece que la persecución penal queda exclusivamente a cargo del Ministerio de la Acusación y envió el conflicto a la Cámara.Desde la Oficina de Gestión Judicial estimaron que entre hoy y mañana se podrá conocer qué jueces integrarán el tribunal que decidirá la contienda.Sin orden judicialEl allanamiento que dio inicio a la causa fue el 27 de junio de 2012 en una casa de Colastine Norte. En ese operativo los dos moradores de la casa fueron detenidos e incomunicados durante 48 horas por agentes policiales que llegaron al lugar sin una orden judicial.
Buscaban elementos robados o armas de fuego relacionadas con investigaciones que venía desarrollando el juez de instrucción de Santa Fe, Jorge Pegassano, quien arribó al lugar luego de que los policías ya habían ingresado a la propiedad.Del acta inicial surge que el procedimiento fue encabezado por Bustamante, en su carácter de jefe del Cuerpo de Infantería, y en presencia del exjefe de la Policía, Tognoli –próximo a ser juzgado en una causa que lo tiene imputado por narcotráfico–, y el subsecretario de Seguridad Poretti, “quienes actuaban en cumplimiento de supuestas órdenes emanadas del juzgado” a cargo de Pegassano, quien luego le dio intervención al Juzgado Federal, dado el hallazgo de estupefacientes.Sin el debido procesoSin embargo, en septiembre del 2013, el fiscal federal Walter Rodríguez le solicitó al juez Reynaldo Rodríguez que se iniciara una causa contra los tres funcionarios. En lugar de encontrar evidencias de la tenencia de estupefacientes, el fiscal determinó que el procedimiento encabezado por Tognoli y Poretti había incumplido prácticamente todas las disposiciones del derecho al debido proceso.
La respuesta llegó en abril del 2014, cuando el juez Rodríguez consideró que investigar a los tres funcionarios no estaba dentro de sus competencias y que los delitos que el fiscal les imputaba correspondían a la órbita de la Justicia provincial.













