La investigación que salpica al FPCyS se conocerá en campaña

Acuña solicitará en la sesión de este jueves una prórroga de 90 días para terminar de procesar la investigación política sobre funcionarios provinciales que intervinieron luego del homicidio del presunto narcotraficante, Luis Medina. El hecho ocurrió a fines de 2013, cuando dos autoridades del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado desbloquearon la computadora personal del hombre asesinado, aparentemente sin autorización judicial.

La sospecha que tiene la oposición es que el accionar del secretario de Tecnologías, Javier Echaniz, y su segundo, Martín Degrati, fue para tratar de ver antes que la Justicia si dentro de la notebook había o no información que pudiera complicar al Poder Ejecutivo con redes de narcocriminalidad. Según Acuña, está claro –incluso en algunas actas– que los funcionarios procedieron sin ningún tipo de control ni de aval institucional.

En diálogo con Diario UNO, el legislador santafesino justificó su pedido de prórroga porque “el gobierno no permitió que ninguno de sus funcionarios convocados concurran a la comisión investigadora para brindar precisiones y/o aclaraciones de lo sucedido”. Y también, porque “funcionarios judiciales aún no respondieron por escrito una serie de interrogantes que surgieron de la comisión”.

Ante esas dos situaciones, el dirigente del PJ cree que faltan algunos elementos “importantes y contundentes” para concluir el informe. A su vez, durante enero habrá receso veraniego en la Legislatura, y en febrero se producirá el cierre de listas para competir en los comicios provinciales con lo cual avizora dificultades materiales para terminarlo. No obstante, se comprometió a dar a conocer el resultado de la investigación apenas se pueda cerrar.

—Eso ocurriría en pleno proceso electoral y las consideraciones políticas del caso serán que usted busca algún tipo de rédito.

—Eso no es así. No fuimos nosotros los que trabamos la llegada de funcionarios a la comisión para que expliquen por qué Echaniz y Degrati abrieron una computadora de un presunto narcotraficante sin autorización de la Justicia.

“Tarde o temprano, todo lo que nosotros venimos diciendo y denunciando saldrá a la luz. Por eso, también pedimos a la Legislatura que apruebe la constitución de un fondo de recompensas para cuatro temas de alta sensibilidad social, uno de ellos para conseguir datos acerca de quién mató y por qué al jefe policial (Guillermo Morgans) que intervino  en el homicidio de Medina y su novia (Justina Pérez Castelli). Ese era un testigo clave respecto a conocer cómo actuaron los funcionarios que dependen del ministro Rubén Galassi”, dijo Acuña.

Por otra parte, el presidente de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja consiguió la semana pasada que la presidencia del cuerpo tenga que citar al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto; a su segundo, Edgardo Chaumont; y al secretario de Control de Policía, Ignacio Del Vecchio, para que informen si un camión que transportaba drogas y que fue encontrado en Arroyo Leyes era conducido por un policía. El encuentro entre los legisladores y las autoridades aún no tiene fecha.

La oposición también quiere conocer cuál es la estadística sobre homicidios; los hechos relacionados con la muerte de Franco Casco en Rosario, donde se acusa a la Policía de haberlo matado; la detención del exsubjefe de la Brigada de la DGPyCA de la ciudad de Reconquista, oficial César Ariel Ibáñez, que en una mochila transportaba marihuana “para plantarla” en los operativos; y varios crímenes en el sur provincial.

“De buen tiempo a esta parte la situación de inseguridad en la provincia de Santa Fe no ha mermado y la tasa de homicidios no ha disminuido, por el contrario, sigue in crescendo. (…) Los cambios que el gobierno provincial realizó en el gabinete no son suficientes, hace falta un plan o programa de seguridad que solucione las evidentes carencias que ha mostrado esta gestión”, finalizó Héctor Acuña.