La Justicia exige al Estado que mejore condiciones carcelarias

El gobierno provincial deberá adecuar las condiciones de detención de los internos en las cárceles de la región. Así lo establece un fallo que fue firmado por el juez Jorge Patrizzi a fines de 2014, después de una presentación que hicieron los responsables del Servicio Público de la Defensa Penal en Santa Fe, Gabriel Ganón y Sebastián Amadeo. En la penitenciaría de Coronda, por ejemplo, el magistrado entiende que hay superpoblación pero no hacinamiento.

De acuerdo a la información brindada, tanto el defensor provincial como el regional interpusieron un hábeas corpus colectivo y correctivo en favor de todas las personas privadas de su libertad en las cárceles de la Circunscripción Judicial Nº 1. Es decir, en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda, Unidad Penitenciaria Nº 2 de Las Flores, Unidad Penitenciaria Nº 4 de Mujeres y Unidad Penitenciaria Nº 9 Colonia Penal de Recreo.

El argumento de los funcionarios de la Defensa Pública es que hubo un “agravamiento de las condiciones de detención” y basaron su procedencia en artículos pertinentes de la Constitución Nacional y provincial, leyes específicas y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego, advierten las deficiencias sobre las condiciones edilicias, habitacionales y sanitarias.

Al respecto, Ganón y Amadeo indicaron que de “las inspecciones realizadas se observaron construcciones muy viejas y sin el mantenimiento adecuado por décadas, con paredes sin pintar, descascaradas, revoques caídos, rajaduras, filtración de humedades”. También, una “inadecuada” iluminación y ventilación de los lugares donde se encuentran los internos, “precarias” instalaciones eléctricas y cables pelados por donde pasa electricidad.

Además, consideraron que las instalaciones sanitarias son “pésimas” porque “abundan excusados o retretes por sobre los inodoros, no existe separación adecuada entre el excusado y el lugar para comer, no existe bidet, el acceso al agua potable no es el adecuado y las duchas son deficientes”. A esa situación, también se suma la existencia de “hacinamiento y superpoblación” y que “no existe separación entre procesados y condenados”.

En cuanto a la alimentación, el planteo de los defensores es que “si bien se recibe diariamente almuerzo y cena, algunos desayunos o meriendas, pero ninguna colación de media mañana o media tarde, pero la misma es de escasa cantidad y mala calidad”. En tanto, de Coronda, Las Flores y la Cárcel de Mujeres se recibieron quejas porque el agua que sale de las canillas es sucia y no se la puede beber.

También denunciaron que respecto al acceso al trabajo y peculio, “no hay suficiente cupo y el peculio que se paga en los contextos de encierro es muy escaso y no se corresponde con la remuneración obtenida por trabajos similares en situaciones de libertad”. Otra queja de Ganón es que hay pocas posibilidad para que los internos puedan estudiar y capacitarse, ya sea por trabas burocráticas, deficiencias edilicias y la falta de información.

Uno de los puntos que menciona el hábeas corpus refiere a que “las requisas a los privados de libertad se realizan en forma violenta y de modo vejatorio y humillante”. Y en lo que hace a las sanciones disciplinarias, los internos manifestaron que no se les brinda información sobre los derechos que poseen, no tienen la posibilidad de recurrir las faltas y que una sanción los priva de trabajar o educarse.

Por último, la denuncia judicial señala que es deficiente la comunicación con el exterior: “Por regla general está prohibido la tenencia y uso de teléfonos celulares, soliendo contar con teléfonos fijos para efectuar llamadas pero tienen grandes limitaciones de diversa índole; el acceso a internet suele estar restringido, teniendo acceso solamente los que realizan actividades educativas”.

“Solo cuentan con radio –continuaron– los internos que la reciben de sus familiares o allegados y televisión solo algunos pabellones (…); la correspondencia epistolar previamente es revisada por el Servicio Penitenciario en presencia del interno y muy pocos internos pueden acceder a la lectura de diarios o revistas, todo lo cual conduce a que los internos se encuentren aislados del mundo exterior”.

Disposición judicial De acuerdo al fallo judicial, se aclaró que “distintos responsables” de la cárcel de Coronda informaron que se realizan “constantes mejoras, refacciones y mantenciones” en la infraestructura edilicia, también “desinfección con productos químicos en su respectiva proporción”. Asimismo, figuran los diversos arreglos que se llevaron a cabo en las otras penitenciarías de la Circunscripción Judicial Nº 1.

“Si bien conforme lo expresado por las autoridades penitenciarias se realizan obras de mantenimiento, luce necesario la realización de un plan de infraestructura que conlleve una reparación integral de los edificios de las unidades penitenciarias”, advirtió la Justicia provincial. No obstante, se exigen obras urgentes en el pabellón lateral 5 sur de Coronda, al igual que el embutido integral de los cables eléctricos que se encuentren sueltos en las unidades”.

Asimismo, se dispone que “deberán realizarse las tareas necesarias para evitar la proliferación de insectos y otras alimañas”, con fumigaciones por lo menos una vez al mes, y que “deberán realizarse las tareas necesarias de adecuación de las obras de cloaca para mantener el servicio sanitario en condiciones de uso”. En relación a las condiciones de superpoblación y hacinamiento, se concluye que hay 1.072 sobre un cupo de 1.050, con lo cual Patrizzi no cree que haya internos hacinados, pero plantea adecuar el número de la población carcelaria.

El magistrado tampoco hace lugar al pedido para separar a procesados de condenados, teniendo en cuenta que son los propios internos los que eligen con quién convivir atento a la afinidad de trato que tienen entre sí. Sobre el tema educativo, no advierte restricciones en Coronda pero sí en Las Flores, puesto que en la primaria de la penitenciaría se dan solo tres horas efectivas de clase.

Finalmente, el fallo refiere al planteo de los defensores para mejorar el peculio de aquellos internos que trabajan. Por tal motivo, se encomienda a la Dirección del Servicio Penitenciario y al Ministerio de Trabajo de la provincia que adecuen la normativa vigente a la ley 24.660 y en su caso a la ley 20.744 de contrato de trabajo y sus modificatorias, elaborando un régimen de trabajo para personas privadas de su libertad atendiendo al especial ámbito en el que se desarrolla la labor”. O sea, se abre la posibilidad de que cobren un salario.