La provincia tendrá un inédito programa para infractores viales

El gobierno provincial, a través de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, la Municipalidad de Rosario y el Ministerio Público de la Acusación elaboraron un programa para abordar las sanciones a aquellos que cometen delitos viales, en el marco del nuevo sistema de justicia penal que rige desde febrero pasado. La iniciativa se presenta el lunes 22 de septiembre a las 10, en la sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobierno (Santa Fe 1950, primer piso).

Este programa para infractores viales es inédito en la provincia y, aunque arranca en la ciudad de Rosario, se implementará progresivamente en todo el territorio santafesino. En concreto, representa un ofrecimiento del Poder Ejecutivo a la Justicia que apunta a evitar la impunidad y a largo plazo mejorar la seguridad vial y la convivencia.

Del lanzamiento participarán el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis; y el fiscal regional Jorge Baclini, así como la subsecretaria de Asuntos Penales, Débora Cotichini, y el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Jorge Tarquini, entre otras autoridades.

ANTECEDENTES

El objetivo del nuevo programa es la coordinación comunitaria de los actores intervinientes en la ejecución de una medida alternativa a la prisión. En este sentido, se trabaja en conjunto con las personas que por orden judicial son sometidas a suspensión del juicio o condena condicional, cuando la conducta imputada tenga relación con siniestros viales.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recordaron que en el viejo sistema procesal penal cuando un juez otorgaba la suspensión del juicio a prueba o la condenación condicional ante este tipo de hechos, en general no se atendía a la particularidad del delito. Asimismo, en muchos casos de condenación condicional para homicidios culposos se contemplaba como única regla de conducta fijar domicilio y presentarse periódicamente ante la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria. Una formalidad que no daba respuesta a la prevención de futuras conductas específicas, causando sensación de impunidad y dificultando los controles. También sucedía que ante los informes de incumplimiento, en muchos casos no existía una respuesta adecuada.

En ese contexto, este nuevo programa otorga herramientas concretas a los fiscales de la nueva Justicia Penal a la hora de suspender a prueba o condenar a infractores viales.

SOBRE EL PROGRAMA

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos detallaron que la novedosa iniciativa “constituye una alternativa dentro del Programa de Reglas de conducta que implementa la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, y es un ejemplo de la necesaria articulación –que fomenta la nueva justicia penal en vigencia desde el 10 de febrero–, entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público de la Acusación, los defensores del Servicio Público de la Defensa Penal, la Oficina de Gestión Judicial y el Poder Judicial, consagrando la multirrespuesta ante las conductas delictivas y garantizando el armado de redes interinstitucionales”.

El programa está dividido en dos etapas: una instancia teórica, de tres meses de duración, con encuentros quincenales a cargo de profesionales idóneos y capacitadores dependientes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial; y una instancia práctica, de nueve meses de duración, durante la cual los imputados realizarán tareas comunitarias.

SOBRE LA PROBATION

En 1994, con la ley 24.316, la Argentina adoptó el sistema de probation o suspensión del juicio a prueba. En ella, el fiscal, en aquellos casos legalmente previstos, puede admitir la paralización temporal del proceso, a condición -entre otras cuestiones- de que el imputado cumpla con una serie de reglas de conducta. El tiempo de la suspensión del juicio será fijado por el tribunal entre uno y tres años, según la gravedad del delito. El tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado. La implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad, que evita los efectos nocivos de una pena de prisión, responde a variantes políticas, históricas y sociales vinculadas al paradigma de los Derechos Humanos.