Mellizos: tras la acusación de Pelloni, la Provincia respondió

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, aseguró que el gobierno provincial “apuesta al trabajo de la Justicia y, como siempre, se puso a disposición a través de distintos organismos que asistieron a la señora Liliana Montenegro. Esperamos que este caso se pueda esclarecer”, indicó, en referencia a los mellizos desaparecidos.

“El responsable de la investigación es el Ministerio Público de la Acusación. Como gobierno, no tenemos ningún elemento para decir que la están llevando bien o mal porque no conocemos qué hay en la causa”, añadió.

Por otra parte, el ministro desmintió que Héctor Superti –su antecesor en el cargo-, “esté relacionado” con Carlos Varela, quien –según trascendió– asumió la representación de Montenegro. “Es algo absolutamente falso y lo desmiento categóricamente. Evidentemente, la hermana Marta Pelloni está muy mal informada en este aspecto”.

“Superti –indicó Lewis– está asesorando al gobierno provincial y no es un hecho desconocido. Ha participado de numerosos eventos, como por ejemplo la Mesa Interinstitucional de Seguimiento de la nueva Justicia penal, con una labor técnica importantísima, de la misma manera que lo hizo en la implementación del nuevo sistema procesal penal”.

Vale recordar que la monja, que coordina la Red Infancia Robada, denunció en la Legislatura porteña, que el obstetra Dante Binner, hermanos de Hermes, es parte de un grupo que vende bebés y lo vinculó al caso de sustracción de mellizos recién nacidos, ocurrido en Casilda, provincia de Santa Fe, hijos de Liliana Montenegro.

Actuaciones

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz, informó que el 12 de agosto pasado “y en virtud de no contar a ese momento con elemento ni comunicación formal alguna referida al hecho, se solicitó por nota a las fiscales de Casilda (Marianela) Luna y (Andrea) Aronne el envío de los antecedentes correspondientes, los cuales fueron enviados por el Ministerio Público Fiscal”. Esta intervención se hizo a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos zona sur, en el marco de las acciones que desarrolla el Registro de Información de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos.

Además de otras gestiones, el 14 de agosto Coutaz envió una nota al fiscal regional de la Segunda Circunscripción, Jorge Baclini, superior de las mencionadas funcionarias. En ese escrito puso a disposición la Secretaría de Derechos Humanos para colaborar con los titulares del Ministerio Público Fiscal para lo que estimen pertinente en la investigación. Para entonces ya estaba interviniendo el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Rosario, anoticiado del hecho por las fiscales. En efecto, la fiscal Aronne, señala el gobierno provincial, dio aviso del caso al Centro de Asistencia Judicial (CAJ), dependiente de la Secretaría de Transformación de los Sistemas Judiciales, el 31 de julio.

Se acordó que al día siguiente se efectuaría una entrevista pero los interesados no pudieron asistir. El primer encuentro tuvo lugar el 5 de agosto: Montenegro y su familia se entrevistaron en el CAJ con un equipo conformado por una abogada, una trabajadora social y una psicóloga. Montenegro manifestó que estaba siendo asistida también por una ONG. Desde el CAJ se hizo contacto con una representante de esta organización a fin de coordinar y no superponer posibles intervenciones, acotaron desde la provincia.

El 8 de agosto la fiscal avisó al CAJ que se realizaría un reconocimiento en rueda de personas del cual iba a participar Montenegro. El equipo del CAJ la acompañó y asistió en dicha medida, en todo momento. La fiscal solicitó además un informe psicosocial, el cual fue elaborado y presentado por el CAJ. El 12 de agosto se realizó la segunda entrevista con Montenegro, a quien se le ofreció la posibilidad de gestionar turnos médicos para evaluar su estado de salud general.

Desde entonces, la mujer mantuvo comunicaciones telefónicas con el CAJ, ya que en los casos que lo ameritan se les facilita a los asistidos un celular para mantener una comunicación fluida con la institución. A fines de agosto, profesionales del CAJ se reunieron en Casilda con las fiscales mientras que Montenegro informó al CAJ sobre la realización de una junta médica en la ciudad de Córdoba, a la que sería acompañada por abogadas de la ONG.

Desde Seguridad

A pedido de las fiscales Luna y Aronne, personal de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas viajó a Tucumán entre el 2 y el 4 de septiembre a entrevistar a familiares de Montenegro y solicitar historias clínicas en distintos nosocomios de esa provincia. Para el 10 de septiembre, la dirección dispuso que un equipo de 12 personas y cuatro móviles colaboraran en la realización de una pericia de reconstrucción del hecho. A través de las Tropas de Operaciones Especiales, se prestó apoyo a la reconstrucción y se realizaron relevamientos en la ciudad de Mar del Plata vinculados a la causa. En tanto, a solicitud de la fiscalía interviniente, personal de la Policía de Investigaciones de Casilda y Rosario realizaron desde el 12 de agosto distintas comisiones relacionadas con la causa.