Presentarán un proyecto para frenar los remates por 24 meses

La salida de vigencia de la ley provincial 13.116, que suspendía los remates de viviendas únicas y que establecía un procedimiento especial en la Justicia para los deudores, volvió a poner en riesgo de subasta las casas de unos 5.500 santafesinos. Así lo estimó Ariel D’Orazio, integrante de la Concejalía Popular de Rosario, un espacio donde en lo que va del año se atendió el reclamo de unos 50 deudores que ya tenían sentencia firme de remate.•LEER MÁS: Más de 5 mil viviendas únicas de la provincia están en riesgo de remate

Sobre el total, el 30% involucra a propietarios de viviendas pertenecientes al radio del Gran Santa Fe. “Fundamentalmente se trata de deudas con entidades financieras, producto de créditos hipotecarios o créditos personales o por deudas de tarjetas de créditos. Son deudores que para salir de la deuda inicial comienzan a tomar otro tipo de préstamos que los van hundiendo cada vez más en la misma deuda”, explicó D’Orazio, abogado de la ONG Concejalía Popular.

Mientras en el transcurso de esta semana se impulsan encuentros a los cuales se congrega a diferentes actores sociales como gremios, autoridades, legisladores provinciales, empleados de comercio, la ONG intentará presentar a la Legislatura un proyecto de ley que se centra en tres pasos. 

En primer término, propone la suspensión de las subastas en la provincia por un período de veinticuatro meses. En segundo lugar, impulsa la creación de un registro de deudores de vivienda única para poder tener certeza sobre la cantidad existente y el origen de la deuda. Otro de los aspectos que considera fundamental es determinar la identidad y origen de los acreedores, es decir si se trata de entidades financieras, privados, especuladores o usureros.

Como tercera instancia, la propuesta contempla la creación de una comisión bicameral donde puedan participar organizaciones sociales, ONG y los gremios, para lograr la sanción de una ley que tenga como premisa la recuperación de lo que establecía la ley Nº 13.116, con el procedimiento especial para abonar las deudas. Pero que también declare inejecutable e inembargable a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Desde la entidad estiman que en caso de darse la aprobación del proyecto por parte de la Legislatura, el registro que se busca crear podría arrojar como resultado el aumento de casos. “Podría haber nuevos casos que se desconocen, sobre todo en el norte de la provincia de Santa Fe, pero además entendemos que esto nos permitiría saber con certeza quiénes son los acreedores”, recalcó el abogado, ya que muchas veces lo que sucede es que se inician los juicios y nadie solicita de manera concreta los expedientes judiciales. “¿Cuál es el origen? Documentos que sustenten el reclamo que se hace en muchos expedientes. Sabemos que son créditos que se entregan a sola firma, que se hacen con la mera especulación de luego quedarse con la propiedad”, explicó el abogado.

El origen de las deudas

En la década del 90, de la mano de la desocupación y la recesión económica, muchas familias que habían tomado créditos hipotecarios se vieron imposibilitadas de hacer frente a las cuotas. Ese es uno de los públicos afectados por la situación. Mientras que, por otro lado, también se dan casos de personas que tomaron créditos con bancos que quebraron durante los 90 y que no contaban con un lugar físico donde abonar las deudas. 

Estas entidades vendieron sus paquetes deudores, por lo que las empresas residuales que se hicieron cargo de las entidades financieras comenzaron a reclamar la deuda a las familias que tampoco podían afrontarla porque se les pedían deudas actualizadas. Con la devaluación del 2002 hubo un desfase importante entre la deuda reclamada y la real, lo que generó que muchas familias quedaran con su única vivienda a punto de ser rematada.

 Lo que fue sucediendo es que alrededor de 20 mil familias en la década pasada estaban en riesgo de perder su vivienda, por lo que se sancionaron diferentes leyes tanto a nivel nacional como provincial de suspensión de las subastas. También se sancionó la ley 26.313, que establecía un mecanismo de acercamiento de partes con los deudores del Banco Hipotecario.

Finalmente se sanciona la ley provincial 13.116 que establecía la suspensión de la subasta, y en ese mismo marco se pedía el recálculo de la deuda. “Ya que había muchas que eran ilegítimas y cuando se solicitaba a los acreedores que presentaran documentación que comprobara la deuda, no lo podían hacer”, explicó D’Orazio y agregó que al momento de recalcular las deudas se establecía la quita de los intereses usurarios aplicados a la deuda. También se debía evitar el cobro de interés por interés, algo que la legislación argentina no permite. 

En esos casos, tras dictarse una determinación judicial de la deuda, se procedía a que el deudor pudiera hacer una oferta de pago dentro del expediente al acreedor y en todo caso si no aceptaba la oferta, el juez tenía la potestad de determinar un convenio judicial de vivienda para que el deudor pudiera pagarla pero además para que se pudiera salvar la vivienda única, que es lo que la norma provincial establece.

La norma dejó de estar en vigencia en 2011. Mientras que a partir de 2012 se empezaron a reactivar los expedientes judiciales, esto desencadena en la situación actual y hoy 5.500 familias en la provincia corren riesgo de perder su vivienda sin una legislación que los ampare para poder salvarla.

Romina Elizalde / [email protected]