Ruralista a juicio oral por afimar que había que “echar a patadas” a Cristina

El fiscal federal Nº 2 Walter Rodríguez solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el productor rural de Avellaneda, Daniel Stechina, acusado por “incitación a la violencia colectiva”. La violenta propuesta de deposición de las autoridades públicas nacionales fue en el marco del encuentro que realizó la Mesa de Enlace en la ciudad de Santa Fe, el 9 de abril de 2013, cuando Stechina expresa que había que “echar a patadas” a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y utilizar “métodos sicológicos y de acción directa para destituir y hacer desaparecer” a los funcionarios de su gobierno. 

Para el fiscal Rodríguez, el hecho descripto resulta configurativo del delito tipificado en el artículo 212 del Código Penal, el cual dispone que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”, que implica estimular para que un grupo indeterminado de personas ejerza fuerza física contra otras. Y fue en esos términos que el juez federal Reinaldo Rodríguez lo procesó, con libertad provicional, el 29 de enero pasado. El lunes último, el fiscal dio por concluida la investigación y solicitó la elevación a juicio del expediente, cuyas audiencias se desarrollarán en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. 

Resquebrajar el orden público 

“No se trata de castigar a quien piensa distinto, ya que el Estado so pretexto de evitar determinados peligros, no puede restringir la libertad de opinión y de prensa, pues la discusión de ideas, aún de aquellas que para la mayoría circunstancial resultan falsas o equivocadas, no justifican la intromisión de autoridades públicas como guardianes de una verdad oficial. Sin embargo, no debe confundirse la difusión del pensamiento con expresiones como las que aquí resultan cuestionadas, pues estas últimas constituyen palabras direccionadas a resquebrajar el orden público si tenemos en consideración el tenor de las mismas y el contexto en el marco del cual fueron expuestas”, fundamentó el fiscal.

Los aplausos

La convocatoria en la cual se produjeron las declaraciones reunió a unas 500 personas, entre ellas los líderes de la Mesa de Enlace, Luis Etchevere (Sociedad Rural), Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Rubén Ferrero (CRA) y Carlos Alberto Garetto (Coninagro), que presidieron la asamblea. Además, había otros trece ruralistas: Raúl Zorzón (referente de los productores autoconvocados de Malabrigo, a quien el ministro de Defensa, Agustín Rossi, identificó como uno de los jefes de la patota que lo agredió en Reconquista, en mayo de 2009), Ernesto Cardieti, Mariano Mazar, Roberto Petrini, Alberto Alves, Roberto Travesani, Juan Echeverría, Martín Fabre, Norberto Nabajiata, Enrique Oscar Dietrich (que en la asamblea se identificó como teniente coronel retirado, del arma de Caballería), Gladys Pagle, Evangelina Todoni y Graciela Biode, entre otros.

“La incitación a la violencia colectiva que le adjudico a Stechina, desplegada en forma genérica al mencionar la alternativa de destitución de autoridades y desaparición de personas, dan cuenta de ciertos elementos que componen graves figuras delictivas, tipificadas en el capítulos de Delitos Contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional que sancionan a quienes atenten contra la seguridad interna de la Nación, afectando su organización política o atacando los poderes que la representan”, sostuvo el fiscal Rodríguez. A lo que se agrega el delito establecido en el artículo 142, es decir la desaparición forzada de personas.