El Congreso de la Nación aprobó una nueva y amplia moratoria jubilatoria en todo el país, que implica un régimen de regularización de deudas previsionales para trabajadores autónomos y monotributistas que estén en condiciones de jubilarse. En principio, el Gobierno estimó en 473 mil las personas que se beneficiarán con la mencionada ley, de los cuales unos 50 mil serán de la provincia de Santa Fe.
Sumarán otros 50 mil jubilados
El titular de la regional Ansés Litoral, Martín Gainza, confirmó la cifra y dijo que si bien todavía falta la reglamentación de la norma por parte del Ejecutivo nacional los ciudadanos ya pueden pasar por el organismo para hacer consultas. “Estamos hablando de varones de casi 65 o 65 años y mujeres de casi 60 o 60 años que no hayan podido completar los 30 años de aportes necesarios. Estas personas van a poder acceder a la jubilación, saldando en cuotas lo que les falta. Este plan se puede extender a 60 cuotas”.
Además, el funcionario explicó que “la moratoria va a tener un plazo de dos años de duración”, por lo cual alcanzará a hombres y mujeres que hoy tienen 63 y 58 años, respectivamente. “Esta moratoria incluso puede servir para personas que, habiendo trabajado toda la vida pero siempre en negro, no tengan aportes. De hecho, podrían ser amas de casa”, evaluó.
En definitiva, la norma está destinada a las personas que habiendo cumplido la edad jubilatoria –o cumpliéndola en los dos años de vigencia de la nueva moratoria previsional– tengan que regularizar aportes hasta diciembre de 2003, ya que el plan anterior regía hasta 1993. “Los beneficiarios van a pagar esta moratoria mientras cobran la jubilación, es decir, se les descontará parte del salario hasta saldar la deuda previsional”, recalcó Gainza en diálogo con la prensa.
De acuerdo a datos oficiales de Ansés, en 2003 menos del 50 por ciento de los adultos mayores tenía cobertura de la seguridad social. Luego, con la moratoria impulsada en 2005 se cubrió el 93 por ciento y ahora se estima que llegue al 100 por ciento. El artículo 3 de la ley aprobada dice que en forma previa a determinar el derecho a una prestación previsional, la Ansés realizará evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas sobre la base de criterios objetivos que determine la reglamentación, a fin de asegurar el acceso al régimen de las personas que presenten mayor vulnerabilidad.













