Vorobiof pide anular la causa y la fiscalía avanza sobre el directorio

Con frases un tanto cargadas de drama, como que la investigación contra Vorobiof fue una “cacería penal”, que “los malos negocios no son delitos” y que la audiencia debería haber sido secreta porque “el que observa perturba”, ayer Roberto Busser, el abogado defensor de Marcelo Vorobiof, extitular del Ente Portuario, no solo apeló el procesamiento por delitos contra la administración pública sino que además pidió la nulidad de su indagatoria. El defensor volvió sobre el cuestionamiento que formula desde el inicio de la investigación: que Vorobiof no es funcionario público y que, por lo tanto, falta el presupuesto elemental de la imputación. 

Sobre este punto, la respuesta de la fiscala de Cámara, Liliana Lauxmann, y del fiscal que imputó a Vorobiof, Jorge Andrés, fue muy concisa. En primer lugar indicaron que la cuestión sobre si Vorobiof es o no funcionario público no fue incluido dentro de los agravios que presentó la defensa, es decir, el listado de controversias que debían tratarse ayer, por lo tanto que ese punto no debía ser tenido en cuenta por el juez. Pero a su vez, remarcaron que el objeto de la denuncia es la malversación de fondos públicos, propiedad de todos los santafesinos, que estaban bajo la administración de Vorobiof y del Ente en su conjunto. 

En ese marco, los fiscales consideraron que Vorobiof tuvo un rol preponderante en las actuaciones de adjudicación de obras a Rumbo Portuario SRL, una empresa que no estaba regularmente constituida y que pertenece a integrantes de su familia. 

Para la defensa, el modo en el que se desarrolló la investigación fue una “cacería penal” contra Vorobiof, ya que el fiscal imputó a 10 personas pero solo Vorobiof fue llamado a indagatoria: “El procesamiento se realizó solo horas después de esa declaración y no incluye las pruebas de descargo. Hay una parcialización subjetiva muy clara”, sostuvo Busser.

La respuesta estuvo a cargo del fiscal Andrés, quien dijo que el procesamiento de Vorobiof no cierra la investigación sino que es solo un capítulo y que está prevista la realización de más indagatorias, entre ellas la de otros integrantes del Consejo sobre los que habría sospechas fundadas de que conocían las irregularidades en los procesos licitatorios y que por acción u omisión no los evitaron.

En otro round, Busser cuestionó que en el procesamiento, el juez Pegassano puntualizó que Rumbo Portuario tenía domicilio legal en la vivienda de los socios: “El 95 por ciento de las SRL del país tienen domicilio en la casa de los socios y no está prohibido que sea así. Y lo que no está prohibido, está permitido”.

Además, le restó valor al tipo de construcciones que realizaron las empresas cuestionadas: “¡Son obritas! -exclamó Busser-. Estamos hablando de 300 mil pesos y siempre en concurso de precios. En el caso de la UTE Caro Hengel eran 800 metros cuadrados de pavimento, no era una gran obra. A Vorobiof se le imputa la rescisión luego del incumplimiento, pero no se está teniendo en cuenta que el Ente, por cinco votos contra cuatro prefirió negociar. Los malos negocios no son delitos”.

Pero la fiscalía volvió a disentir: “Los montos que menciona la defensa no son correctos. Falta la obra del muelle y la instalación de la secadora de granos. Los montos superan ampliamente la posibilidad de contratación directa que tiene el Ente. La investigación mostró una seguidilla de hechos que tornaron las contrataciones aparentemente lícitas en ilícitas. Vorobiof era el responsable del control de las obras y dio certificados de avances que no estaban hechos e intervino directamente en la opinión final del directorio para pagar obras que no se realizaron”, sostuvo Andrés y destacó que más allá de la composición del directorio, el Puerto brinda un servicio público y el patrimonio del Ente Portuario siempre es público.

Y la última palabra fue para Busser: “Esta causa depende de los peritos contables, quienes deberán informar si las empresas contratadas cumplieron con las normas de adjudicaciones. Pero hoy todavía no están los resultados de los peritajes y la Justicia se apuró a tomar una decisión”.