Fraude por combustible en la Policía de Rosario: quedaron presos los 13 agentes y tres civiles

El juez provincial Gustavo Pérez Urrechu resolvió este jueves la prisión preventiva para los 13 policías que fueron imputados por desvío millonario de fondos destinados para la carga de combustible de los patrulleros de Rosario entre agosto del año pasado y mayo.

A tres de los cuatro civiles –todos vinculados a la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900 donde se hacían las maniobras– también los mandó a la cárcel, mientras que a una empleada administrativa del lugar le ordenó reglas de conducta para darle la libertad.

La audiencia, que comenzó el pasado martes en el Centro de Justicia Penal con la imputación formulada por el fiscal José Luis Caterina, continuó este miércoles con las réplicas de los defensores de los agentes –algunos hicieron uso de la palabra– y civiles. Este jueves continuaron los planteos y, después de un cuarto intermedio, Pérez Urrechu leyó la resolución de primera instancia.

Prisión preventiva para los 13 policías

Pérez de Urrechu dispuso la prisión preventiva efectiva para los imputados por seis meses, excepto para Maria D. F. (empleada de la estación de servicios Puma de Ovidio Lagos al 3900), para quien se dispuso la libertad con restricciones. La mayoría de las imputaciones gira en torno al peculado de caudales públicos; cohecho pasivo; falsedad ideológica y defraudación.

Testimonio de los policías

Uno de los policías que hizo uso de la palabra fue el inspector Franco Sebastián Cuesta, jefe de Logística de la Policía de Investigaciones, defendido por los abogados Mariano Scaglia y Ana Inés Campodónico, quien explicó: “Dependo de la PDI, la División Logística, desde marzo de este año. No dependo de la Unidad Regional II ni de Garaje. Directamente del Ministerio de Seguridad y de un habilitado de la PDI que me pasa los fondos de carga de combustible de los móviles, que es Martín Ronsisvalle”, señaló.

“Ellos me pasan los saldos para cubrir los móviles que tenemos en servicio. Contamos con móviles sin GPS, que fueron secuestrados en causas penales. Respecto de las tarjetas, las tenemos en la oficina de logística de PDI y el día que cargan vamos a la estación y las pasamos. Nunca llegamos con esos fondos a cubrir todos los móviles. También cubrimos toda la región”, amplió.

Respecto de la acusación que pesa sobre él, entre otras cosas, de haber ido a retirar dinero en efectivo de la estación Puma, comentó: “Cuando yo me hice cargo del destino me mandaron a esa estación porque ahí me daban la flexibilidad de cargar y no pagar en el momento porque los fondos que me pasaban semanalmente no alcanzaban, entonces íbamos cubriendo la deuda que teníamos con la estación y cumplíamos con el servicio y las órdenes que nos daban desde el Ministerio para que estén todos los móviles en la calle”.

“Estamos 24/7 en la calle. No hay manera de tener un control ni de saber cuánto se va a usar un día u otro, cuánto va a circular un móvil. Jamás desvié un fondo, jamás agarre plata, jamás facture algo que no se cargó. Los móviles que estaban fuera de servicio no se cargaban y no salían. Se dijo que teníamos 20 móviles, pero tenemos 70”, sostuvo.

Por último, Cuesta aseveró que su único vínculo con la estación fue laboral y que no tiene relación “con nadie de la Unidad Regional II” que están en el banquillo de los acusados. “Hace un mes y medio que estoy en esta sección y me dijeron que las cosas se hacían así. Quizás administrativamente no es lo que correspondía, pero traté de ser más proactivo y operativo y dar una respuesta al personal que está en la calle. A nosotros nos asignaron causas relativas a la narcocriminalidad, causas que no pueden esperar. Eso se vio reflejado en los resultados positivos que hubo en materia de criminalidad organizada”, finalizó.