Corrupción policial: el perjuicio por el fraude con combustibles se estima en 45 millones de pesos por mes

Se estima que la investigación de corrupción por la malversación de recursos destinados a combustibles en el área de la Policía rosarina, en cuyo marco se realizaron este lunes 36 allanamientos y se decidió intervenir la Unidad Regional II, causó al gobierno provincial un perjuicio de unos 45 millones de pesos por mes.

En ese marco, hasta el momento fueron detenidas 17 personas: trece son policías —algunos con importantes cargos en el organigrama de la Jefatura— y las otras cuatro son civiles que podrían estar vinculados a estaciones de servicio desde las cuales se ha prestado complicidad para realizar las maniobras de sobrefacturación.

La intervención de la URII y la remoción del jefe Daniel Acosta, quien no aparece en principio entre el personal sospechado, fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, quien adelantó que la pesquisa por corrupción continúa.

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Intervención

Según anunció el funcionario provincial, la intervención estará a cargo de un antiguo titular de la URII, el director general retirado Claudio Romano, quien será reincorporado al servicio y tendrá “todas las facultades inherentes a la jefatura y con reporte directo al ministerio”, adelantó Cococcioni sobre el reemplazante de Daniel Acosta.

Además se encomendó una auditoría de la Jefatura a la secretaria de Coordinación Técnica del ministerio, Georgina Orciani, que examinará con especial énfasis el área de movilidad y los controles de carga de combustible.

Si bien la investigación continúa en curso y todavía no se realizaron imputaciones, otros funcionarios que cumplen tareas en la URII también serán desplazados como por ejemplo los jefes de áreas como Logística, Habilitación, Garage, la Secretaría Privada, Brigada de Orden Urbano, el Comando Radioeléctrico, Caballería y Perros, cuyos titulares pasarán a disponibilidad. Lo mismo se decidió en cuenta a numerarios de Logística, de Motorizada, del Comando, Infantería e incluso uno de la Policía de Investigaciones (PDI) que también está bajo la lupa.

En ese marco, aunque no se comunicaron los nombres de los detenidos, trascendió que varios de estos son personal jerárquico de la URII aunque al menos por el momento no figuran entre los sospechosos ni el exjefe ni el subjefe.

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Investigación

La investigación de la Fiscalía de Violencia Institucional de la Regional Rosario comenzó hace diez meses a partir de una denuncia anónima que fue remitida por correo postal al fiscal José Luis Caterina. Si bien no trascendieron muchos detalles acerca de la investigación —se resguardan para el momento de las audiencias imputativas a realizarse en los próximos días— en líneas generales se trata de los mecanismos observables en muchos casos de corrupción estatal: la sobrefacturación.

En este caso, en lugar de que cada responsable de un móvil policial cargue el combustible necesario para circular, los encargados de administrar ese aspecto de la logística concentraban varias de las tarjetas Visa Flota y realizaban los pagos en el posnet de una estación de servicio por montos superiores a lo efectivamente cargado.

Esas cifras eran ingresadas a las planillas y entonces el gasto en combustible era superior a lo que se cargaba en los tanques. En ese marco, la connivencia con civiles que trabajaran en estaciones de servicio era tal que se habrían detectado aparatos de posnet en domicilios particulares.

Se presume, producto de los números analizados a la fecha, que el perjuicio económico resultante estaba en el orden de los 45 millones de pesos por mes, de un presupuesto cercano a los 380 millones destinado a combustible para la policía rosarina.

En cuanto a las estaciones de servicio que fueron investigadas, no se dieron a conocer detalles ni se deslizó de cuáles se trata. Sí se adelantó que hay escuchas en las que personal de uno de estos comercios comunican que están preparando dinero para que lo fueran a retirar efectivos policiales implicados en las maniobras.

Allanamientos

A partir de la recepción de la denuncia anónima Caterina inició la pesquisa en conjunto con la Subsecretaría de Control Policial (ex Asuntos Internos) y durante la mañana de este lunes se llevaron a cabo 36 allanamientos en Rosario y la región, lo que incluyó varias dependencias policiales. No obstante las requisas no terminaron allí, ya que a última hora de la tarde se seguían realizando.

Varias de las requisas se practicaron en oficinas de la sede de la Unidad Regional II de Ovidio Lagos al 5200. Entre ellas se inspeccionaron oficinas de la División Logística, Sección Garaje, Grupo Táctico Multipropósito, Cuerpo de Guardia de Infantería, Administración y Finanzas, Policía Motorizada, Agrupación Cuerpos, Comando Radioeléctrico. También se allanó la División Logística de la Policía de Investigaciones (PDI) en su sede Lamadrid al 500, como también la sede de la Brigada de Orden Urbano de San Luis al 1300, y la de Caballería y Perros de Francia y calle 1209.

También se hicieron allanamientos en domicilios particulares como en Chaparro al 900, Alsina al 3600, Bolivia al 1100, Carranza al 1200, Ameghino al 1500, Pasco al 400, dos viviendas de Corrientes al 2400, Gaboto al 1800 y Ovidio Lagos al 3900. Asimismo, en Funes se allanaron viviendas en Calle 2 al 4500 y Curupay al 2200. En Alvear se requisaron domicilios de La Yerra al 6500 y Jacarandá al 6300.

Además se realizaron procedimientos en El Plumerillo al 2500 de Pueblo Esther, en calle 2 al 100 de Pérez y en Picazzo y Boyero de Alvarez. Finalmente en Villa Gobernador Gálvez se hicieron procedimientos en Caseros al 1800,Tartagal al 3200 y Alvear al 1600. Voceros judiciales indicaron que en los procedimientos se secuestró material de interés para la investigación conjuntamente a dispositivos electrónicos y celulares que serán peritados.

En cuanto a los detenidos, cuyas identidades no fueron dadas a conocer por los voceros consultados, serán imputados en los próximos días con fecha y hora a confirmar.

La intervención de la URII fue comunicada ayer a la tarde en una conferencia de prensa de la cual participaron el ministro Cococcioni, el fiscal Caterina y el titular de la Fiscalía Regional Rosario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo.

“Siempre hemos dado a la policía el más enérgico de los respaldos, pero la inversión en seguridad va de la mano de controles estrictos. Valoramos y destacamos el aumento del patrullaje y la operatividad, porque no vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad”, dijo Cococcioni.