Intiman a la defensa del profesor del jardín del arzobispado a que hagan las cámara Gesell

Este lunes los fiscales que investigan las denuncias de abuso sexual a cinco nenas en el jardín del Arzobispado Ceferino Namuncurá en Yapeyú, Matías Broggi y Alejandra Del Río Ayala, intimaron a la defensa del único imputado por los hechos a que hagan las tres cámara Gesell que están pendientes desde octubre. Cabe recordar que el lunes pasado la jueza Marta Feijoó resolvió (por segunda vez) dar lugar a que sea una perito de la defensa del denunciado la que tome las declaraciones de las nenas que lo señalaron como autor. Sin embargo, aún no gestionaron fecha. El imputado pagará a la psicóloga que las realice. Es la primera vez que la Justicia santafesina admite que esto suceda.

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En el escrito presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el juzgado de primera instancia al que accedió UNO Santa Fe, se expresa: "Habiendo transcurrido un lapso prudencial para las gestiones que debía realizar la contraria (por la defensa) y no encontrándonos notificados a la fecha de que se hubieran programado las medidas, corresponde se intime al letrado defensor a los efectos de que en los días hábiles que restan del presente año proceda a llevar a cabo las entrevistas en Cámara Gesell. Caso contrario, se solicita que se ordenen para el día jueves 30/12/2021 a las 14, 15 y 16 horas respectivamente, con profesional en psicología de este MPA".

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La solicitud se enmarca en que las entrevistas de las niñas "de esta causa eran urgentes y de trascendencia para continuar con el trámite de la misma". Por este motivo, "siendo que a la fecha se está en condiciones de la ejecución del acto, pero no existen novedades al respecto, y que de las diligencias practicadas por este Ministerio Público se lograra conocer que los horarios referidos en tal fecha se encuentran disponibles, corresponde que la defensa cumpla con las gestiones necesarias para la realización del acto", dice el escrito.

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Broggi y Del Río Ayala, destacan que se trata de niñas de muy poca edad en un caso de trascendencia pública y en el que transcurrieron más de dos meses desde la primera denuncia. Y alertan "nos encontramos en vísperas de la feria judicial, con lo cual en términos temporales no se podrán desarrollar de no hacerse esta semana sino hasta dentro de más de 40 días, lo que sumado a las circunstancias expuestas (edad de las niñas, tiempo transcurrido y trascendencia de la causa) implica un menoscabo severo al ejercicio del derecho a ser oídas de estas niñas, derecho de raigambre constitucional, convencional y enmarcado en un triple sistema protectorio internacional (en tanto personas, mujeres y niñas)".

"El caso requiere la actuación con celeridad a los fines de evitar los daños a que el propio proceso expone a las víctimas, revictimización, enmarcándose este pedido en la debida diligencia reforzada que opera como imperativo funcional de los operadores del sistema estatal. Es en razón de todo lo expuesto que, en caso de que el letrado y/o la profesional en psicología no efectúen las gestiones con la celeridad que se solicita y que, como se explicitó, el caso requiere se proceda al agendamiento en las fechas propuestas por este MPA y mediante la realización de las profesionales de esta institución que, adicionalmente informamos, se encuentran en condiciones de llevar adelante la medida", agregan los fiscales.

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Además denuncian que frente a la omisión de poner fecha y horario, está en riesgo de frustración una medida de relevancia para la continuación de la causa. "Importa la consagración práctica del derecho de las víctimas a ser oídas y, de esta forma, también una afectación al derecho de las mismas de acceso a la justicia, corresponde se imprima el trámite también durante los plazos inhábiles judiciales a efectos de evitar que para el momento de inicio de la entrevista en cámara Gesell no se hayan consumado los perjuicios que pretenden evitarse", aportan y exigen que se hagan con brevedad.

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Por último, alertan que de no realizarse y continuar con las demoras pueden verse afectados los derechos constitucionales y convencionalmente avalados, "que por decisiones judiciales pueden verse cercenados, y que inclusive ello puede acarrear responsabilidad internacional del Estado argentino y de la Provincia de Santa Fe".