Alerta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad: "Hay una mirada muy deshumanizada", advirtieron

Con 56 votos afirmativos, la Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. Tras la sanción, crece la preocupación en la red santafesina de profesionales, centros y prestadores ante la amenaza de veto por parte del Ejecutivo.

La medida, largamente esperada por organizaciones, profesionales, familias y personas con discapacidad, fue celebrada como un logro colectivo, aunque el festejo se ve empañado por la amenaza de un posible veto presidencial.

Francisco Zanotti, integrante de la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Uendysfe), expresó en diálogo con RTS: “Fue una conquista más de todo este proceso de meses de manifestaciones, de organización, de exponer el problema y la crisis en el sistema de discapacidad, con una sesión en el Senado que sabemos que estuvo bastante complicada pero que terminó por aprobar el proyecto de ley de emergencia en Discapacidad”.

Veto a la ley de Emergencia en Discapacidad

Sin embargo, la preocupación no se hizo esperar. El presidente Javier Milei manifestó rápidamente su rechazo a la iniciativa. “Me sorprendió la velocidad con la que ya salió a rechazar lo que es una ley, porque tiene la aprobación de las dos cámaras. Es una decisión del Poder Ejecutivo y de la gestión no reconocerla y vetarla”, señaló Zanotti.

En caso de concretarse el veto, la ley debería ser ratificada nuevamente por el Congreso con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. “Si eso sucede, según el presidente lo judicializaría, pero ahí creemos que la justicia no podrá dar lugar al reclamo del Ejecutivo y se terminaría transformando en ley”, agregó.

Zanotti advirtió que, aunque la aprobación de la ley es una victoria significativa, los resultados no serán inmediatos. “Sabemos que hay que reforzar las energías, continuar organizados y pelear para que esto no retroceda”, sostuvo.

"Las instituciones se sostienen como pueden"

Desde Uendysfe remarcan la urgencia de políticas públicas que garanticen derechos básicos. “La necesidad de asistir a una terapia, de asistir a un centro de rehabilitación, a un centro de día, la necesidad de vivir en un hogar permanente, son todas necesidades que hay que cubrir diariamente”, explicó Zanotti, quien destacó que muchas instituciones están sobreviviendo como pueden.

“Cada institución viene sosteniendo las cosas a su manera. Tenemos la esperanza de que se pueda seguir sosteniendo haciendo los esfuerzos, obviamente que también se va a precarizar en muchos aspectos”, agregó.

La crítica al enfoque del Gobierno nacional fue directa: “El Ejecutivo tiene una mirada muy economicista, muy deshumanizada e irresponsable en los términos de lo que implica garantizar derechos. Por los estudios que tenemos, por los informes técnicos que existen, el impacto económico es del 0,7% sobre el PBI, no le mueve la aguja al Estado.”

Zanotti recordó que los principales beneficiarios de la ley son las personas con discapacidad y sus familias: “Desde hace más de 30 años tiene una rutina de vida que mejoró notablemente en su calidad y la de su entorno. En función de que esta persona asiste a una actividad, el resto de la familia también dispone del tiempo para sus actividades.”

También alertó sobre un escenario regresivo: “Si esto se cayera nos encontraremos con que la persona con discapacidad, como hacía muchas décadas atrás, vuelve a su casa para permanecer en ella sin recibir atención, ni tratamientos, ni acompañamientos y mucho menos pensar en participar de espacios de socialización y de inclusión social”.

Pedidos al Gobierno provincial

Además del plano nacional, el referente de Uendysfe apuntó hacia el Gobierno provincial. “Tenemos otra línea de acción relacionada a interpelar a las autoridades provinciales. Entendemos que debería haber alguna respuesta económica, por lo menos para organizaciones más comprometidas. Los hogares son hoy las instituciones más complicadas económicamente.”

Según Zanotti, se analiza la posibilidad de implementar “algún subsidio no reintegrable u otro mecanismo” para que estas entidades puedan continuar funcionando y sostener la vida de cada joven que depende de ellas.