Pidieron que Sergio "Zurdo" Villarroel sea condenado a 14 años de prisión efectiva

Tras dos semanas de debate en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, el fiscal general Martín Suárez Faisal solicitó que Sergio "Zurdo" Villarroel (56) sea condenado como organizador de una "empresa criminal" que, entre 2014 y 2016, traficó estupefacientes a grandes escalas en Santa Fe y la región provenientes del exterior.

La solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal fue en el marco del alegato que tuvo su inicio este lunes, a las 9.30, en la sala de audiencias del TOF N° 1 santafesino y se dio ante el tribunal de jueces compuesto por Luciano Homero Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello.

En su requerimiento, el fiscal pidió que a Villarroel se le imponga la pena de 14 años de prisión efectiva por ser considerado como "autor penalmente responsable del delito de organización del tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines y comercio, agravado por la intervención organizada de tres o más personas".

A su vez, el funcionario judicial también solicitó que la pareja de Villarroel, Débora Vanina Flores (36), sea condenada a siete años de prisión efectiva como autora del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio de estupefacientes; ambos agravados por la intervención organizada de tres o más personas, en concurso real". Mientras que para Cristian Gamarra y José Luis "Cabezón" González, el fiscal solicitó la misma pena que para Flores pero por otros delitos: "comercio de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de más de tres personas".

En tanto, para Martín "Tincho" Beilis, la pena requerida por Suárez Faisal al tribunal fue de cuatro años de prisión efectiva por "tenencia de estupefaciente con fines de comercialización" y a su vez solicitó que se ordene la inmediata detención, ya que el mismo transitó todo el proceso en libertad.

Para mañana, a partir de las 8.30, los abogados defensores de los imputados, Claudio Torres Del Sel y Natalia Giardino (por Villarroel, Flores y González), Federico Scarinci (por Beilis) e Hilda Knaeblein (por Gamarra) lleven adelante sus alegatos.

Multas altas

La solicitud del fiscal también pidió a los jueces que se le imponga a los sindicados miembros de la organización una serie de multas por altos montos de dinero. En este sentido, para Villarroel, el funcionario judicial pidió que deba abonar -una vez que la sentencia quede firme- una multa por 180 unidades fijas, lo cual equivale a una suma total de $540.000.

En tanto, para Gamarra, González y Flores, Suárez Faisal pidió que sean multados, cada uno, con 84 unidades, que sería un total de $252.000; mientras que para Beilis, un total de 45 unidades ($135.000).

Cómo operó

A lo largo de su alegato, el representante de la Fiscalía General resaltó que la causa que investigó a Villarroel no fue como el resto de las otras investigaciones, donde por lo general se secuestran cargamentos de estupefacientes. En este caso, solo existieron comunicaciones telefónicas -a excepción de un kilo de cocaína que fue hallado en una propiedad de la pareja de Villarroel en San José del Rincón- que permitieron establecer cómo fue el modus operandi que tuvo la banda entre abril de 2014 -cuando inició la pesquisa Gendarmería- y 2016 (10 de diciembre), cuando se produjo la detención de Villarroel y los demás imputados.

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Según detalló el fiscal, la organización fue dirigida por Villarroel, quien era llamado como el "Jefe" o el "Presidente" por sus laderos; José Luis González, un viajante del barrio Las Lomas, y Cristian Gamarra, un comerciante vinculado al rubro de las pollerías, a los cuales el funcionario judicial los señaló como "el brazo ejecutor de la organización".

Sobre la utilización de celulares, la investigación determinó que Villarroel usó 10 de las 20 líneas telefónicas que fueron interceptadas a lo largo de la pesquisa judicial que llevaron adelante entre 2014 y 2016.

Por su parte, para el representante del Ministerio Público Fiscal el "Zurdo" llevó una vida de lujos. "Villarroel disfrutó de un crecimiento patrimonial desmesurado", sostuvo en su alegato el fiscal en torno a las propiedades y automóviles que se le secuestraron en su detención. Dichos secuestros forman parte de una investigación que se encuentra actualmente tramitándose en el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe por "lavado de activos" y que tiene como imputados al propio Villarroel, a su pareja y a dos miembros de una inmobiliaria de Santa Fe.

Contactos

Durante el alegato, Suárez Faisal remarcó los contactos que logró establecer Villarroel con el exterior para así abastecerse de estupefacientes. En este aspecto, rescató la figura de una persona nombrada en la etapa de instrucción, Héctor José Armichiardi Cisneros, quien en 2013 fue condenado a tres años de prisión por contrabando de estupefacientes, en grado de tentativa, en concurso real con el delito de introducción de billete falso de curso legal en el territorio nacional por el Tribunal Oral de Formosa.

Para el fiscal, Armichiardi Cisneros fue el contacto que le permitió al "Zurdo" poder trasladar estupefacientes desde Paraguay y Bolivia hasta suelo argentino y así poder transportarlo hasta Santa Fe vía terrestre, mediante el uso de camiones y autos.

La protección

El alegato también sostuvo que la organización contó con la protección policial ya que a principios de la investigación, uno de los agentes nombrados como el "prestador de protección" fue Gustavo Miguel Gribaldo, alias "Samanta", un exagente de la Sección Investigaciones de la Unidad Regional I, que fue detenido por agentes de la Policía Federal Reconquista por traficar cocaína desde Santa Fe hasta Reconquista.

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Otros de los nombres que permitieron establecer la presunta protección policial que gozó Villarroel fue el de un agente policial, apodado como "Paga", y quien se desempeñó al frente de la DGPyCA de Santa Fe, tras la salida de José Luis Baella, sentenciado en la causa que llevó a juicio al exjefe de Policía, Hugo Tognoli.

Por último, otro de los que figuraron a lo largo de la investigación y que volvió a nombrarse fue el del "Gringo" como un miembro de la fuerza policial que "esta arriba... arriba", según una comunicación que mantuvo Gamarra con Villarroel el 2 de septiembre del 2016.

El lado social

En otro tramo del alegato, Suárez Faisal distinguió el lado social que mantuvo Villarroel con el barrio Alto Verde, ya que por medio del club Defensores y el Alto Verde Cable logró penetrar en los sectores más vulnerables y ser reconocido como un "vecino solidario". Por esa razón, comparó la situación del "Zurdo" con la de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narco colombiano, exlíder del cártel de Medellín, quien en los 80 logró ganarse el afecto de una parte de la sociedad, por su penetración social, mediante la construcción de canchas de fútbol e iglesias, entre otras obras.

En esa línea, el fiscal hizo alusión a los contactos que mantuvo Villarroel con Jhon Jairo Velázquez, alias "Popeye", exlugarteniente del propio Escobar y quien el pasado viernes fue detenido en Colombia por el delito de "extorsión" y "concierto para delinquir".