Dos policías que prestaban servicios en la Sección Automotores de Esperanza fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional por cobrar coimas a cambio de emitir formularios de verificación vehicular sin realizar los controles correspondientes. Las sentencias se dictaron mediante un juicio abreviado en los Tribunales de Santa Fe e incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública y el pago de multas millonarias.
Verificaciones "fantasmas" en Esperanza: condenaron a dos policías por cobrar coimas y deberán pagar multas de casi $12 millones
Los suboficiales recibieron tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por realizar verificaciones automotoras irregulares entre 2020 y 2026. En la causa hay otros dos efectivos detenidos con prisión preventiva.
14 de octubre 2026 · 17:19hs
Condenaron a dos policías. Bruno Santiago Vignatti y Bernardo Agustín González recibieron tres años de prisión condicional por verificaciones automotoras irregulares.
Los condenados son los suboficiales Bruno Santiago Vignatti y Bernardo Agustín González. Según lo establecido en el acuerdo judicial, Vignatti deberá pagar una multa de $8.000.000, mientras que González tendrá que abonar $11.520.000.
La resolución constituye la primera condena en una investigación que comenzó tras una denuncia anónima y que permitió detectar un presunto sistema de recaudación ilegal en la planta verificadora de la Unidad Regional IX, con sede en Esperanza. Por el mismo caso, los policías Gustavo Vittore y Luis Rodrigo Ulerich permanecen detenidos con prisión preventiva. Además, fue imputada en libertad una gestora de Sarmiento, departamento Las Colonias, identificada como Érica Andrea Lucca.
Cómo funcionaba el sistema de verificaciones irregulares
De acuerdo con la investigación, los efectivos cobraban dinero para confeccionar, sellar y firmar formularios 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), documentos necesarios para realizar trámites de inscripción y transferencia de vehículos.
Las verificaciones se efectuaban al margen del procedimiento establecido: no se solicitaban turnos, no se abonaban las tasas correspondientes y los vehículos no ingresaban a la planta para ser revisados.
La Fiscalía sostiene que los policías entregaban formularios con sus firmas y sellos oficiales, incluso en blanco, para que fueran completados y utilizados posteriormente en los trámites. La maniobra habría contado con la intervención de una gestora que actuaba como intermediaria entre los clientes y los agentes.
El fiscal Ezequiel Hernández explicó que las conductas investigadas encuadran técnicamente en el delito de cohecho pasivo, conocido popularmente como pedido de coimas. Según detalló, los efectivos recibían dinero a cambio de emitir documentos sin llevar adelante las inspecciones obligatorias.
Esos controles permiten verificar, entre otros aspectos, que los vehículos no tengan pedidos de secuestro ni irregularidades en la numeración del motor, el chasis o el cuadro de las motocicletas. Al extender los formularios sin revisar las unidades, ese procedimiento de seguridad quedaba sin realizarse.
Los períodos investigados y el dinero cobrado
La investigación atribuyó a Vignatti al menos 17 hechos, cometidos entre el 16 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026. En el caso de González, se contabilizaron 26 hechos entre el 3 de enero de 2020 y el 13 de agosto de 2025.
Según la información reunida por la Fiscalía, los valores variaban según el tipo de vehículo y el período. En uno de los tramos de la maniobra, se cobraban alrededor de $30.000 por los formularios de motocicletas y $50.000 por los de automóviles. El fiscal también señaló que, a lo largo del tiempo, los montos se ubicaban aproximadamente entre los 20 y 30 dólares por documento.
Hernández indicó, además, que los policías llegaban a gestionar entre seis y siete formularios por semana mediante este mecanismo y que ambos habrían trabajado con al menos una gestora de la zona.
Cómo comenzó la causa
El caso se inició en julio de 2026, cuando Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe recibió una denuncia anónima que alertaba sobre presuntas irregularidades en la planta de verificación automotor de Esperanza.
A partir de esa información, avanzó la investigación encabezada por el fiscal Hernández, que derivó en las detenciones de los efectivos involucrados y en la imputación de la gestora, quien continúa el proceso en libertad.
Las condenas a Vignatti y González marcan el primer resultado judicial de la causa, mientras continúa la investigación respecto de los otros policías detenidos y de las demás personas señaladas en el expediente.
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