Este miércoles se realizó la Audiencia Pública por la causa Vicentin que organizó la comisión de seguimiento de la Cámara de Diputados, integrada por todos los bloques políticos y que preside Luis Rubeo. Del acto participaron legisladores provinciales, acreedores de Vicentin, un director de la empresa, el exdirector del Banco Nación Claudio Lozano, el fiscal general Jorge Baclini, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, entre otros.
Vicentin reconoce que "es el mayor default de la historia de Santa Fe"
Lo admitió el director independiente de esa firma, Estanislao Bougain, durante la audiencia pública en la Cámara de Diputados.
24 de agosto 2022 · 14:42hs
Audiencia Pública en la Cámara de Diputados por la causa Vicentin.
Prensa Diputados
Estanislao Bougain, durante la Audiencia Pública en la Cámara de Diputados por la causa Vicentin.
Prensa Diputados
Luis Rubeo, presidente de la comisión de seguimiento de la causa Vicentin de la Cámara de Diputados.
Al finalizar el encuentro, Luis Rubeo, se mostró satisfecho con el encuentro porque "estuvo representado todo el arco de la problemática Vicentin" y dijo: "Lo que está claro y es lapidario es que la salida tiene que ser política y que el gobierno de Santa Fe tiene que dejar de mirar para otro lado y el gobernador Perotti tiene que convocar a todos los actores y sumar nuevamente al gobierno nacional y con todos llevar adelante un nuevo diseño de administración porque quedó claro en el recinto que la propuesta concursal que quiere Vicentin no tiene ninguna viabilidad ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista jurídico".
Los diputados provinciales que expusieron, como Rubén Giustiniani, Fabián Palo Oliver, Carlos del Frade, Matilde Bruera, entre otros, señalaron que el trabajo de la comisión intenta resguardar los 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos que genera Vicentin; que la empresa se transforme para tener participación estatal y que haya una empresa nacional en el mercado de granos y saber qué pasó con los 1.500 millones de dólares que Vicentin hizo desaparecer, de los cuales 300 millones pertenecen al Banco Nación de la Argentina.
A su turno, el director independiente de Vicentin, Estanislao Bougain, admitió que lo de Vicentin fue "el mayor default de la provincia de Santa Fe". Pero señaló que, a pesar de esa situación, el 70 por ciento de los acreedores dieron la conformidad a la salida que propone Vicentin. Bougain reconoció la dureza de la propuesta, aunque sostuvo que "es la más ventajosa para dar vuelta esta página y seguir trabajando de una manera ordenada".
"La salida es de la mano de inversores más grandes que Vicentin y que tengan la confianza y las espaldas financieras para solucionar este problema. Por eso identificamos a ACA, Viterra y Molinos Río de la Plata", dijo el directivo que también mantuvo conversaciones con empresas de Europa, Medio Oriente, Brasil y otras argentinas y no hemos recibido otra propuesta mejor.
Luego atribuyó al difícil contexto internacional, pero sobre todo el nacional, la caída de uno de esos inversores estratégicos, que fue Molinos. Ahora ese inversor fue reemplazado por Bunge y Vicentin pudo conformar el consorcio que firmó una carta de intención vinculante que es la que está presentada en el expediente judicial.
Bougain dijo que la venta de las acciones Renova (Vicentin aún cuenta con el 33 por ciento, que ya intentó vender el año pasado y por eso se procesó a Omar Scarel) es con lo que se les va a pagar a los acreedores, con una quita del 80 por ciento de la deuda. "Es una forma clara, transparente, concreta y tangible de decirles a los acreedores que la plata está. Eso se concreta cuando el concurso sea homologado y las medidas cautelares sean levantadas. Eso está en el expediente", dijo y se mostró confiado en que en las próximas semanas la Corte Suprema, que se avocó al caso, le devuelva al juez de primera instancia el trámite judicial.
El directivo de Vicentin también aseguró que los votos de aceptación de la propuesta ya están dentro del expediente judicial, algo que llamó la atención de los diputados que dijeron que eso no había trascendido públicamente.
También señaló que en la propuesta de Vicentin está quien va a poner los 500 millones de dólares que se necesitan para procesar todos los granos que la empresa venía comercializando, unas 4,7 millones de toneladas de soja anuales. Además, sostuvo que la propuesta de Vicentin permite blindar por 12 años a los trabajadores. "En 12 años Vicentin no va a tener problemas financieros porque va a recibir semillas ajenas, va a hacer su negocio, que es industrial y va a entregarle a sus dueños el aceite y la harina. Por eso los trabajadores van a tener 12 años de estabilidad y con esos años el 80 por ciento llega a su jubilación", afirmó.
Sin embargo, varios de esos argumentos fueron rebatidos por los diputados provinciales que tomaron la palabra después, por Claudio Lozano y fundamentalmente por Mariano Grassi, miembro de la familia que desde hace 132 años vive del corretaje de granos.
Grassi explicó cómo Vicentín llega al 70 por ciento de los votos de los acreedores. El corredor de granos, uno de los damnificados por Vicentin, dijo que el 80 por ciento de los granos que debe Vicentin lo concentran 30 empresas y que el resto son muy pequeños acreedores a los que, según dijo Grassi, Vicentin les compra los votos ofreciéndoles pagar un 250 por ciento más de lo acreditado en el concurso.
Ante la pregunta del diputado Carlos Del Frade sobre si le consta la compra de votos, Grassi dijo que la propuesta de Vicentin lo que genera es que algunos acreedores cobren hasta el 250 por ciento de lo que se les debe y que de esa manera llega la firma de Avellaneda a reunir las voluntades que necesita.
Según Grassi, "eso lo hacen con menos de 30 millones de dólares", mientras que los otros acreedores van a cobrar menos del 20 por ciento. "Eso es ilegal. Los acreedores tenemos que cobrar todos lo mismo. Esos son los votos que Vicentin dice tener. La Corte intervino porque esto es un escándalo y Vicentin no lo registra, sigue juntando votos", cuestionó.
"Los acreedores de Vicentin manejamos toda la soja del país, queda muy poquita afuera. No tiene sentido querer volver a rescatar una empresa sin los que le dan la materia prima. Vicentin es una aceitera fundida, son fierros viejos como se dice en la jerga", agregó.
Por otra parte, también descartó la posibilidad de una empresa estatal, ya que consideró que nadie va a venderle soja al Estado. "Lo que nos interesa es el cramdown porque si va a haber un desguace de la empresa, preferimos que lo haga el mercado y que haya puja de precios y no que lo administren solo los que chocaron la calesita", finalizó.
En total, en la audiencia pública se contó con la palabra de 20 expositores que reflejaron las diferentes miradas de los actores que están involucrados en la problemática que generó la cesación de pagos de Vicentin y que este 4 de diciembre ya cumplirá tres años y aún parece estar lejos de resolverse.
