Ley Micaela: fiscales, procuradores y defensores recibieron formación en género y diversidad

Comenzó una instancia más de la formación en género y diversidad sexual en el marco de Ley Micaela, esta vez destinada a la Procuración general, fiscales y defensores de cámara. Esta instancia contó con la conferencia inaugural de Marisa Herrera, abogada, doctora en Derecho (UBA), investigadora del CONICET y consultora de UNICEF.

Cabe destacar que Santa Fe es la primera provincia en establecer un curso obligatorio en perspectiva de género para el ingreso al Poder Judicial. Actualmente se llevan capacitadas más de 3000 personas en la materia por parte de los replicadores del Poder Judicial santafesino formados en la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, agregándose que desde la implementación de la Ley Micaela se dictaron un total de 34 talleres con 1334 personas capacitadas.

El acto fue encabezado por la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena; junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco; la ministra, María Angélica Gastaldi; y el Procurador General Jorge Barraguirre.

Según el decreto, que nombra entre sus fundamentos la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley Micaela, se considera excluyente la realización de una capacitación en perspectiva de género para acceder al concurso para ser funcionario o funcionaria del Poder Judicial y juez o jueza.

“El compromiso de llevar la Ley Micaela a cada rincón de Santa Fe se corresponde con la misión de compatibilizar la vida institucional de nuestra provincia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, específicamente, con aquellos que tienen que ver con la prevención de la violencia por razones de género. Al hacerlo, estamos reconociendo que hay ciertas normas, hábitos y prácticas en el derecho que tienen efectos. discriminatorios en la vida cotidiana de las mujeres y diversidades sexuales", sostuvo Celia Arena, ministra de Igualdad, Género y Diversidad.

Arena agregó que "la perspectiva de género no es una elección, constituye una obligación a la que como servidores y servidoras públicos estamos sujetos y sujetas, ya que nuestro país suscribió a estos tratados y nuestro accionar puede contribuir a disminuir o a acrecentar las brechas de desigualdad para esas mujeres que recurren a los distintos niveles del estado".