Reforma judicial: el nuevo sistema de justicia penal arranca el lunes

Guillermo Acrich

Diario UNO de Santa Fe

El 10 de febrero de 2014 no será una fecha más en la historia institucional de la provincia de Santa Fe, porque ese día comenzará a funcionar a pleno el Nuevo Código Procesal Penal. Una de las grandes deudas que tenía el Estado con la democracia era constitucionalizar su sistema judicial, adaptarlo al siglo XXI, y después de seis años de intenso trabajo la reforma verá la luz.

Dentro del sistema que debutará mañana, a diferencia de lo que ocurrió hasta hoy, uno de los elementos más importantes es que el poder punitivo esté desconcentrado: el que acusa no tiene nada que ver con quien juzga ni con el que defiende. El Nuevo Código Procesal Penal establece que es el fiscal el que investiga y acusa; el defensor el que resguarda los derechos y garantías del imputado; y el juez sólo tendrá que escuchar el debate y dictar sentencia, o resolver otras situaciones vinculadas con el proceso.

Estos últimos actores judiciales ya no podrán investigar ni definir menesteres de oficina, tareas que durante algo más de un siglo estuvieron en sus manos. De hecho, con el nuevo modelo se suprimieron los juzgados de Instrucción y Correccional porque todos irán a parar a un Colegio de Jueces. En ese sentido, los magistrados no actuarán por su cuenta sino en función de la carga de trabajo que defina el organismo –para cada uno de ellos– que se creó para gerenciar el sistema.

Se trata de la Oficina de Gestión Judicial, una por cada circunscripción, la que tendrá por funciones no sólo distribuir equitativamente las audiencias a los jueces de las distintas instancias (primera o segunda) y asistirlos en el aspecto administrativo (incluso manejarán los recursos económicos), sino también elaborar las agendas, organizar y convocar a las audiencias, y custodiar los elementos probatorios. Además, registrar audiencias, resoluciones y sentencias, y brindar información judicial a todas las personas que legítimamente lo requieran.

El corazón de la reforma judicial en la provincia de Santa Fe son las audiencias, donde desde el principio el vecino podrá participar como público –lo cual aportará control ciudadano– y la víctima constituirse como querellante –que es una verdadera garantía constitucional. Además, el procedimiento plantea alternativas para que sólo los casos más complejos y difíciles lleguen a juicio oral y público.

Por otra parte, el fiscal sólo podrá ordenar la desestimación de la denuncia cuando no se pudiera proceder, se hubiera extinguido la acción penal, el hecho no fuera punible o no existieran elementos serios o verosímiles para iniciar “fundadamente” una investigación. Y las peticiones del querellante habilitarán a los Tribunales a abrir o continuar el juicio, a juzgar y a condenar con arreglo a las disposiciones del nuevo código.

Investigación preparatoria

Una vez institucionalizada una denuncia, el fiscal a cargo deberá determinar –auxiliado por la policía– la existencia del delito e individualizar a sus autores. Entonces, cuando sea arrestado un sospechoso deberá realizarse (antes de que transcurran 48 horas) una breve audiencia imputativa oral y pública en la cual el representante del Ministerio Público de la Acusación le informará al imputado –con la presencia obligada de un abogado defensor– que está señalado como presunto autor o partícipe de un delito.

Esta etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP) no podrá extenderse por más de seis meses y tiene como objetivo final preparar el caso por parte del fiscal, todo ello bajo el control de un juez de garantías. Dicho magistrado supervisará que el procedimiento se ajuste a la norma y se respeten los derechos de víctimas, querellantes e imputados, quienes pueden atravesar esta etapa libres o con prisión preventiva, si el juez la concede a pedido del fiscal.

Es durante este momento que, según de qué delito se trate, se arribe a salidas alternativas a un juicio como la suspensión del procedimiento a prueba (lo que se conoce como “probation”) o el procedimiento abreviado, que implica un acuerdo entre el fiscal y el imputado sobre la culpabilidad y la pena a cumplir que concluye el proceso penal antes de llegar a juicio oral. A eso también se suma la mediación penal, cuya finalidad es sentar a la mesa a dos o más partes en conflicto para encontrar una solución por la vía del diálogo en lugar de la respuesta meramente punitiva.

“Con esto, lo que queremos atender es el conflicto subyacente al delito y desterrar esa mirada binaria de sólo culpables e inocentes”, explicó la secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales, María Cecilia Vranicich. Hay que tener en cuenta que muchas veces, aún con condenas, las partes no quedan conformes y esas diferencias se transforman en una espiral de violencia y venganzas. La idea es tratar de buscar la pacificación social y evitar males mayores.

No obstante, si el caso avanza porque así lo amerita lo investigado por el fiscal, llega el turno de la audiencia preliminar, que se debe hacer frente a un juez distinto al que estuvo en la IPP. En esa instancia se revisa la pertinencia de la acusación así como la validez de los medios de pruebas ofrecidos por las partes para ser producidas durante el juicio. En ese marco se discute si hay sustento y fundamento para llevar a juicio oral al acusado.

También, se decide sobre todas las cuestiones relativas a la preparación del juicio oral, desde lo referido a las pruebas, hasta la integración del tribunal. Luego de esta audiencia, el magistrado puede dictar el sobreseimiento del acusado o bien admitir la acusación y elevar el caso a juicio. Todo lo actuado siempre será oral y público, porque el expediente quedó enterrado en el sistema inquisitivo, por lo cual la oratoria y las formas en que se presentarán las pruebas ocuparán un lugar central en el nuevo proceso.

En cuanto al juicio propiamente dicho, se realizará mediante una serie de audiencias públicas –que pueden demandar una o varias jornadas de acuerdo a la complejidad del caso– en las que las partes (fiscales, querellantes y defensores) confrontan puntos de vista y producen pruebas sobre la responsabilidad del acusado en el delito. Otro juez distinto a los que ya participaron del caso analiza lo aportado (documentos, testimonios y otros elementos) y dicta una sentencia absolutoria o condenatoria.

En tanto, para no dar lugar a las suspicacias ni a eventuales actos irregulares y/o ilegales por parte de los actores intervinientes, las audiencias serán filmadas y grabadas y los registros conformarán carpetas que reemplazarán a los expedientes escritos. Ni más ni menos servirán como respaldo fehaciente de lo que haya ocurrido durante las jornadas.

Por último, el Estado tendrá que hacer frente a la etapa de ejecución de la pena, que también contempla la realización de audiencias orales y públicas para dirimir sobre pedidos de libertad condicional, salidas transitorias y otras cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la condena. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya elaboró un programa de Gestión y Control de Reglas de Conductas para visar todo ese paso.