Alberto Martínez, el líder de Apropol, el gremio no reconocido de los policías, declaró la semana pasada en la causa llamada Sedición, que por decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, acumuló también la investigación por las amenazas que recibió el gobernador Antonio Bonfatti, en medio del levantamiento policial de diciembre del 2013. La causa por coacciones se originó cuando el gobernador Bonfatti recibió, los días 4, 6 y 7 de diciembre, tres mensajes de texto intimidatorios en su teléfono. Todos habían sido enviados desde el celular de Martínez y estaban relacionados con el alzamiento policial que en ese momento estaban desarrollando agentes de la policía santafesina.
Martínez le dijo al juez que él no amenazó a Bonfatti
El líder de Apropol, el gremio no reconocido de los policías, imputado por el instigar al levantamiento policial en diciembre de 2013, negó que los mensajes de texto que le envió al gobernador fueran para amedrentarlo.
7 de julio 2015 · 08:34hs
La semana pasada, Martínez se presentó ante el juez Reinaldo Rodríguez y dio su versión sobre los mensajes de texto y sobre las acusaciones de la fiscalía, que le imputó los delitos de coacciones agravadas.
“Esta es una causa política. Yo no lo amenacé a Bonfatti. Las frases fueron enviadas en un contexto de lucha sindical, donde estábamos reclamando mejores salarios para los trabajadores. Él mismo (por el gobernador) me había dado su número de teléfono porque teníamos diálogo”, aseguró Martínez al terminar la audiencia. La investigación está en manos de los fiscales federales, Walter Rodríguez de Santa Fe y Adolfo Villate, de Rosario, quienes integraron la comisión de fiscales que armó la Procuradora General, Gils Carbó, para investigar los autoacuartelamientos que se produjeron casi en simultáneo en las distintas provincias del país.Desde el inicio de las actuaciones judiciales, los fiscales federales sostuvieron que los hechos investigados en ambas causas (sedición y amenazas) respondían a un mismo plan de acción por parte de los imputados, y por lo tanto no podían ser investigados por separado. La misma perspectiva sostuvo la jueza de instrucción penal de la Justicia ordinaria, Susana Luna, quien estaba de turno cuando le llegaron los mensajes al gobernador, y pidió que el expediente pasara al fuero federal ya que las amenazas tenían que ser investigadas como “parte integrante del contexto en el que se promovió una huelga con descontrol social y presiones al Poder Ejecutivo Provincial”. Gabriela Albanesi/ UNO Santa Fe /[email protected]
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