Continúa la polémica por el pedido de un 42% de aumento en la tarifa del servicio de agua

Representantes de organizaciones gremiales de CTA y CGT, diputados provinciales, concejales de la ciudad y organizaciones barriales y sociales manifestaron, en la mañana de este lunes, su preocupación por la intención del Gobierno de la Provincia de introducir un 42 por ciento de aumento en la tarifa del servicio de agua, y fijaron una postura conjunta.

Consideran desproporcionado el planteo tarifario que hizo el gobierno y solicitaron a la población que concurra a las audiencias públicas donde se discutirá el tema, para que vean cuál es la verdadera situación de la empresa, sus costos, sus inversiones y sus obras.

Del panel participaron Pedro Bayúgar, titular del Sindicato de Docentes Particulares (SADOP); Alberto Muñoz, titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor; Jorge Hoffmann, Secretario General de ATE Delegación Santa Fe; Marcela Aeberhard, diputada provincial; Dr. Mario Lacava, diputado de la provincia por el Frente Para La Victoria , Héctor Acuña, diputado provincial justicialista (UP-FV) ; Silvina Frana, Concejala justicialista de la ciudad; y Susana Bravo, representante de la Mutual Solidaridad Barrial Santafesina de Barrio Villa del Parque .

"Esta pretensión del Gobierno y de una empresa estatal, significaría para los ciudadanos, vecinos, trabajadores, una suerte de nueva imposición sin sentido, sin justificativo. Imponiéndole un costo a un elemento tan esencial como la vida misma. El agua es un elemento vital, un derecho; no una simple mercancía que se puede cotizar con parámetros meramente económicos y mucho menos aún por una empresa del estado provincial", dijo Pedro Bayúgar ante el pedido de aumento en las tarifas por parte de Assa.

El titular de Sadop indicó que "si se toman los costos promedios de los últimos años, el aumento del servicio de agua supera el 580%" a lo cual señaló: "No hay ningún otro rubro de nuestra economía como ciudadanos, como trabajadores, que haya alcanzado ese incremento de este vital elemento que además, desde el punto de vista de la empresa, presenta grandes deficiencias en su servicio".

Asimismo indicaron que la metodología que determina la tarifa por metro cuadrado implica en palabras de Bayúgar "un enriquecimiento ilícito de la empresa, porque la base de cobro de este servicio es injusto e inequitativo". 

En relación a las audiencias públicas que fueron convocadas por el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress), el representante gremial se manifestó a favor de la participación; pero indicó su anhelo de que "algún día sean vinculantes". "Nuestro ánimo es que todo el mundo participe de las audiencias públicas que comienzan mañana en Rosario y el jueves tendrán lugar en Santa Fe. Quisiéramos que sean como en Brasil donde lo que las audiencias públicas determinan, el estado tiene obligación de ejecutarlo. No como aquí que son una instancia de participación valorable, pero que lamentablemente todavía no son vinculantes en relación a la decisión del Estado Provincial que determina el costo".

Por su parte, Alberto Muñoz afirmó que el pedido de aumento en la tarifa del agua "no es nuevo, esto es fruto de una decisión del principal inversor de la empresa Assa, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que en el año 2011 decidió políticamente empezar a desinvertir en el sistema".

En este sentido explicó: "Esto no es una casualidad, en el gráfico de cómo fue aumentando el presupuesto de la provincia de Santa Fe, se observa que desde el 2007 la inversión fue subiendo hasta el 2011. En ese año, cuando se le pedía a los usuarios un aumento del 82% promedio, el ingreso por ventas de la empresa casi se duplicaba, y el estado provincial decidió empezar a desinvertir. Pasó de haber invertido el 1,32% del presupuesto provincial en 2011 a un 0,59% en 2012, al 0,61% en 2013; y de cumplirse con el presupuesto que está probado en las Cámaras, al 0,47% en el 2014".

Asimismo se refirió a las promesas de colocación de medidores en la provincia: "A medida que en cada año se aprobaban aumentos de tarifas, el gobierno se comprometía a hacer determinadas obras y a realizar determinadas acciones; entre ellas, previo al aumento del año pasado, el ministro Antonio Cinacio hizo una conferencia de prensa en la cual se comprometía a poner medidores de conjunto en un programa que se llamaba "Uso racional del agua". En el año anterior había prometido colocar 20 mil medidores en 2012 y 44 mil en 2013. ¿Saben ustedes cuántos medidores puso?, en 2012 colocaron 5.753 y en 2013 otros 3.253 medidores", manifestó el ex titular del Enress.

"Año a año, con cada aumento, lo único que se produjo fue más desinversión, menos obras, más problemas, más corralitos, más cloacas tapadas, más falta de presión; esa ha sido la constante de los últimos tres años", sentenció.

Muñoz indicó que “de ninguna manera se pueden aceptar aumentos de una empresa y de un inversor que ha venido en los últimos tres años desinvirtiendo en el sistema, sometiendo a los usuarios a malos servicios y planteando aumentos que exceden con creces los porcentajes de cualquier consultora privada". 

Si el aumento en las tarifas de Assa se aprueba, el titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor explicó que "un usuario del rango 3 que pagaba 100 pesos en el año 2008 pasaría a pagar 720 pesos. Y uno de rango 4, que pagaba 200 en 2008, pagará 1661 pesos". 

"No es razonable, no tiene sentido común y sobre todo la propuesta está construida sobre el hecho de que el estado ha defraudado largamente su palabra, no se puede decir que el agua es un derecho humano si uno no está dispuesto a invertir en ella", finalizó Muñoz.