Denuncian a una concesionaria local por una evasión millonaria

La Administración Provincial de Impuestos (API) impulsó ante la Justicia santafesina dos denuncias penales por apropiación indebida de tributos. Se trata de dos casos: uno en Rosario y el otro en la ciudad de Santa Fe, en los que los agentes de retención no depositaron a la provincia el importe retenido de Ingresos Brutos y Sellos.   

“Una de las denuncias fue realizada ante la Fiscalía de la ciudad de Santa Fe, contra una concesionario de automóviles por períodos en donde se ingresaron en forma tardía las retenciones de Ingresos Brutos correspondientes a distintos períodos (entre 2008 y 2013)”, detalló el secretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari. Aquí, el Estado reclama un resarcimiento por multas e intereses indemnizatorios por más de tres millones de pesos.

Fuentes judiciales confirmaron a Diario UNO que se trata de una concesionaria que comercializa vehículos de altísima gama. De la investigación surgió cómo se configuró la mecánica de evasión: la automotriz abonaba los impuestos  a la concesionaria santafesina y esta –como agente de retención– debía encargarse de realizar el pago a la API. Sin embargo, se detectó que sólo entregaban a la provincia menos de un 20 por ciento del impuesto y el resto se lo quedaban.

Desde que entró en vigencia la nueva ley penal tributaria (que prevé una pena máxima de seis años de prisión y la cancelación de la titularidad del registro) la API tiene la obligación de hacer la denuncia penal cuando detecta que los agentes de retención están evadiendo el pago de los impuestos.

“La otra denuncia –continuó Beccari–, fue realizada ante la Fiscalía Regional de Rosario, contra el titular de un Registro Automotor por períodos en donde se ingresaron en forma tardía retenciones de Impuesto de Sellos correspondientes a distintos períodos (entre 2010 y 2012)”, detalló el secretario de Ingresos Públicos de la provincia. En este caso, el Estado reclama un resarcimiento por multas e intereses resarcitorios por 2,5 millones de pesos.

En ambos casos, se detectó la Apropiación Indebida de Tributos: los agentes de retención no depositaron a la provincia el importe retenido de Ingresos Brutos y Sellos, por más de 40.000 pesos mensuales, habiendo vencido el plazo legal para hacerlo.  

Ley penal tributaria

En tal sentido, Beccari explicó: “En el marco de la aplicación de la Ley Penal Tributaria –que entró en vigencia en enero de 2012–, y del nuevo código de procedimiento penal de la provincia, cuando los agentes de retención de impuestos provinciales no liquidan las retenciones a la provincia y la suma supera los 40 mil pesos mensuales en distintos períodos, la API debe intimarlos a que regularicen su situación. De no cumplir, el organismo tiene facultades para denunciarlos penalmente”, advirtió el funcionario.

Beccari recordó que en 2011, el Congreso Nacional sancionó una reforma a la Ley Penal Tributaria por la cual las provincias quedaron facultadas para denunciar penalmente por el fuero tributario a los evasores de impuestos de su jurisdicción. Con esas herramientas, y la adecuación del Código Fiscal de la provincia, la Secretaría de Ingresos Públicos inició un proceso de adecuación y capacitación tendiente a maximizar las posibilidades de control fiscal.

“Partiendo de que l os tributos son los recursos que recauda el Estado y que luego, en su carácter de administrador, son devueltos a la población mediante la prestación de servicios públicos (en el sostenimiento del Estado, la construcción de hospitales, escuelas y rutas, entre otros) es fundamental incentivar la buena conducta de los contribuyentes”, sostuvo el funcionario.