Detectaron requisas agraviantes a familiares y allegados a presos

La Justicia santafesina solicitó a la provincia que cesen las requisas agraviantes contra familiares –incluso niños y niñas– y allegados de todas las personas privadas de la libertad. Fue a través de un fallo de la jueza de Primera Instancia de la Tercera Circunscripción, Lorena Garini, luego de aceptar un hábeas corpus correctivo y colectivo que interpuso la defensora pública de Venado Tuerto, Silvia Gamba, quien detectó ese tipo de situaciones en una comisaría de la ciudad de Rufino.

En el fallo también se dispuso el funcionamiento de una mesa de diálogo institucional de la que participen los distintos actores involucrados en la temática. La primera reunión ya se llevó a cabo la semana pasada en el Sindicato de Trabajadores Judiciales, en la ciudad de Santa Fe, y allí estuvieron representantes de los tres poderes del Estado y de organizaciones intermedias especializadas (porque la decisión involucra a todas las unidades penitenciarias y comisarías de la provincia).

En ese contexto, se resolvió dictar un protocolo de requisas adecuado a los derechos humanos, capacitar al personal policial y penitenciario, monitorear la implementación de las nuevas estrategias que se diseñen y conformar un foro de seguimiento. Los participantes se comprometieron –desde sus respectivas miradas– a intensificar el análisis de la problemática y a formular más propuestas antes de la nueva reunión, que será en 15 días.

De acuerdo a lo que figura en la denuncia de Gamba, presos alojados en la comisaría 3ª de Rufino le hicieron saber que los días de visita sus familiares eran sometidos a tratos vejatorios por parte del personal. Fue entonces que la funcionaria del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal concurrió a la sede policial para constatar lo expresado por los internos, y después de ello hizo el amparo correspondiente ante la Justicia.

Según lo expresado por las personas privadas de la libertad, muchas de sus parejas habían sido “sometidas a desnudo total y a inclinarse para adelante o hacer flexiones frente al personal, que separen sus nalgas y luego se las hacía toser para efectuar inspección vaginal y anal a los fines de comprobar que no tuvieran objetos prohibidos introducidos en su cuerpo”. Incluso advirtieron que una mujer policía “habría utilizado un procedimiento material de requisa similar para las niñas y niños”.

Gamba también recalcó que “en ninguna requisa realizada de ese modo se encontró en el cuerpo o la indumentaria de las visitas objeto ni sustancia prohibida alguna, ni existía investigación u orden en curso que ameritara semejante revisión”. Por su parte, el titular del Servicio Público de la Defensa, Gabriel Ganón, recordó que “existen en la materia recomendaciones especiales para la Argentina emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante las cuales no sólo se determina la prohibición total de este tipo de prácticas sino que además se fijan pautas para la fijación de un procedimiento de requisa adecuado”.

“De igual manera existen ciertas recomendaciones de la Procuración Penitenciaria Nacional y otras experiencias”, recordó el funcionario. En ese sentido, el primer paso se logró: porque la Justicia ordenó suspender ese tipo de prácticas vejatorias contra familiares, allegados, niños y niñas; y ahora se busca protocolizar un modelo de actuación –con pautas uniformes para todas las penitenciarías y comisarías– para que no vuelvan a ocurrir situaciones como las antes descriptas.

Una guía para todos

La semana pasada se realizó la primera reunión de la mesa de diálogo institucional, en virtud de que quedó comprobado que “no existe en el territorio provincial un protocolo o guía de procedimiento para que el personal policial efectúe las requisas de familiares de personas privadas de libertad”. A su vez, se aclaró que “si bien existe una guía para efectuarlos en el ámbito del Servicio Penitenciario, el procedimiento debe ser mejorado para adecuarlo al respeto de los derechos humanos de las personas requisadas”.

El defensor provincial Gabriel Ganón, la doctora Silvia Gamba y la actual encargada de la Secretaría de Prevención de Violencia Institucional y Atención del Detenido y el Condenado de la Defensoría Provincial, Ariana Quiroga, se mostraron muy satisfechos de la actividad desplegada por la mesa de diálogo. Asimismo, coincidieron en señalar que ese ámbito es “la forma en la que la nueva defensa pública propone promover la vigencia efectiva de los derechos humanos”.

A su vez, expresaron “que institucionalmente se considera que la presencia activa de los nuevos defensores en los espacios de encierro ha permitido detectar esta problemática para superarla a corto plazo con el objeto de prevenir y erradicar este tipo de prácticas aberrantes que afectan no sólo a personas privadas de libertad sino también a sus familiares, quienes muchas veces omiten decir que esto pasa por temor a represalias o traslados”.

Entre las líneas de acción que surgieron de la mesa institucional se destacan cuatro ejes de intervención a corto plazo. El más importante tiene que ver con la “elaboración de un protocolo de requisas de familiares adecuado a los derechos humanos, que una vez aprobado será de cumplimiento obligatorio en los establecimientos de encierro de personas”. En esa guía “se fijarán las pautas para la realización material del procedimiento de requisas”.

A su vez, plantearon desarrollar “estrategias de capacitación del personal encargado de custodia y sobre quienes realicen las requisas; monitoreos a la implementación de las nuevas estrategias que se diseñen; y la conformación de un foro de seguimiento. Además, comenzaron a delinearse otras recomendaciones de interés en la materia”.