La fiscalía pidió los cargos que hacen falta en el nuevo modelo

A 100 días del debut del nuevo sistema de Justicia Penal en la provincia, autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindaron una conferencia de prensa para explicar cómo marcha la implementación del modelo adversarial, mostrar algunas estadísticas y solicitar los cargos comprometidos por ley. Por ejemplo, faltan 76 fiscales, 42 funcionarios y 238 empleados para las labores burocráticas.

En ese contexto, el fiscal general Julio De Olazábal no sólo pidió al Poder Ejecutivo que acelere los concursos de fiscales sino también solicitó a la Corte Suprema que designe a las personas ya seleccionadas para dicho organismo. A pesar de esas dificultades técnicas, que espera se corrijan a la brevedad, dijo que está “considerablemente satisfecho por los resultados que se van produciendo”.

De todas formas, De Olazábal advirtió que sin las designaciones que hacen falta en pocos meses más se podría producir un colapso en el sistema. Esto es, porque además de atender las audiencias imputativas (de acusación) y de prisión preventiva, el mismo volumen de personal tendrá que preparar los primeros juicios orales y públicos, a la vez de trabajar en la persecución penal establecida en las políticas criminales del MPA.

Asimismo, reconoció que hoy la mayor cantidad de casos en los que actúan los fiscales son aquellos de delitos flagrantes –cuando una persona es detenida porque está cometiendo o acaba de cometer un delito–, o sea, “los de poca monta”. Por tal motivo, el objetivo es tener un equipo más grande que pueda atender investigaciones complejas y los llamados delitos de guante blanco, entre otras cosas.

A su vez, reiteró la necesidad de contar con un Organismo de Investigaciones o Policía Judicial que dependa del Ministerio Público de la Acusación para que funcione como “brazo ejecutor” de los fiscales. Sobre ese punto, Julio De Olazábal aclaró que no se trata de “un rechazo ni un demérito” contra la Policía de Santa Fe, sino la necesidad de contar con una estructura diferente, que se ajuste a la política criminal diseñada desde el MPA.

El funcionario se lamentó que después de la unánime aprobación de la Legislatura a la creación de un Organismo de Investigaciones el gobierno haya formulado observaciones a la ley, con veto incluido. “Veremos si se acepta o se rechaza (el veto), o se debe proceder a un nuevo proyecto, pero quiero señalar que el Organismo de Investigaciones es un cuerpo imprescindible para el buen trabajo de la fiscalía”, manifestó.

Mientras tanto, dijo que “se está trabajando con el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado en la conformación de una Policía de Investigaciones”, que es un apéndice de la Policía y con dependencia funcional del MPA. “No es lo ideal pero es lo posible, y yo creo que está dando un resultado muy bueno. Al principio podían albergarse ciertas dudas, sin embargo, según me informan los fiscales regionales, ya se está produciendo un modo de especialización en eso. Creo que estamos en el buen camino”. completó.

Condicionado por los cargos

El fiscal general de la provincia manifestó ayer que “no sólo se está poniendo en marcha un nuevo sistema de persecución penal, sino que se está poniendo en marcha todo un nuevo sistema de administración de Justicia Penal”. Allí surge un interrogante, porque la mayor parte de los empleados actuales –125 sobre 214– son pasantes y a pesar de la buena voluntad y la pericia demostrada no cuentan con experiencia.

De Olazábal valoró el aporte laboral y profesional que hace este grupo de trabajadores pero remarcó que la Ley Nº 13.218 –de cobertura de cargos de personal– plantea la incorporación de 293 empleados, y hasta hoy sólo fueron designados 55. A ellos se suman 34 empleados que fueron traspasados del viejo sistema judicial y los 125 pasantes que envió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Yo quiero señalar que el sistema está hoy funcionando por el empeño que están poniendo todos los fiscales y los fiscales regionales”, dijo el máximo representante del Ministerio Público de la Acusación. No obstante, hizo “un toque de alarma” a las autoridades provinciales porque en los próximos meses los fiscales tendrán que atender las audiencias imputativas y de prisión preventiva, además de las audiencias intermedias y los juicios, “y esto va a significar un grave recargo para todos ellos”.

Ante la consulta periodística de cuándo serán nombrados los 78 cargos de fiscales y fiscales adjuntos que aún faltan cubrir, De Olazábal expresó: “No tengo información precisa de cuándo será, pero sí puedo decir las gestiones que se han hecho. (…) Hemos logrado que este martes y miércoles se lleven adelante los últimos concursos para toda la provincia. Falta pasar algunas entrevistas y después comenzar con las postulaciones y esperar el nombramiento (en la Legislatura)”.

En ese rubro funcional, el 54 por ciento de los cargos están vacantes y el otro 46 por ciento son los 66 fiscales que hoy están trabajando. Ayer, el titular del Ministerio Público dijo que se pidió al Poder Ejecutivo “la mayor celeridad posible” para que termine todo el procedimiento de selección y lo mismo solicitará a la Legislatura cuando lleguen esos pliegos para su aprobación. En cuanto a los tiempos previstos, espera que para antes de fin de año –“tres o cuatro meses”– estén todos los cargos cubiertos.

Otro aspecto importante pasa por el número de funcionarios disponibles en las fiscalías de todo el territorio, ya que hay 17 designados y 42 lugares sin cubrir. “Cada vez son más necesarios para que los fiscales puedan llevar adelante su gestión, porque un fiscal en estos primeros meses pudo hacer trámites, ir de un lugar para el otro y asistir a las audiencias, pero poco a poco esto se va a complicando y por eso necesitamos a los funcionarios”.

Dichos empleados jerárquicos son los que “deberán estar en las relaciones con la Policía, en la preparación de legajos (carpetas con documentación y algunas pruebas específicas) y de una cantidad de elementos que los fiscales necesitan para concurrir a las audiencias imputativas, a las audiencias de prisión preventiva y que hoy en día no los tenemos”. El fiscal general recordó que la mayoría de los cargos vacantes ya fueron concursados y que ahora esperan que la Corte Suprema eleve esas nominaciones al Ejecutivo para que las apruebe. Es una demora que preocupa.

Un salto cualitativo

—De Olazábal, hay críticas desde los Colegios de Abogados porque los fiscales sólo investigan o llegan a imputar personas en aquellos hechos de flagrancia y hay poco tiempo y pocos recursos para investigar delitos mayores.

—Es real esa crítica, parcialmente, porque efectivamente los fiscales limitados en su tiempo y en la cantidad de recursos disponibles se deben concentrar en los casos más urgentes: en aquellos donde hay personas detenidas.

“Esto –continuó– está impidiendo que se desarrolle el Plan de Política Criminal que ya tiene elaborado el Ministerio de la Acusación, uno de cuyos postulados es no concentrarnos en el delito de poca monta sino concentrarnos en hacer una persecución penal inteligente. Eso requiere mayores disponibilidades de personal y confiamos que tanto la Corte como el gobierno provincial acelere las designaciones”.

El funcionario judicial también mostró algunas estadísticas sobre el comportamiento del sistema en los primeros 100 días de modelo acusatorio o adversarial. En total fueron 1.621 audiencias en que los fiscales se presentaron ante los jueces, de las cuales el 48,98 por ciento de las audiencias se hizo en los Tribunales de la Circunscripción Rosario; el 31,03 por ciento en la Circunscripción Santa Fe; el 9,50 por ciento en la Circunscripción Venado Tuerto; el 5,68 por ciento en la Circunscripción Rafaela; y el 4,81 por ciento en la Circunscripción Reconquista.

Julio De Olazábal aprovechó el número de audiencias que se realizaron hasta el momento para dividirlas por los fiscales que hoy están en funciones, y de esa cuenta se desprende que cada uno de ellos –por lo menos– participó en 24,5 encuentros con los jueces. Asimismo, destacó “la publicidad” que tiene el nuevo sistema a través de las audiencias públicas y si bien “no están plenamente cubiertas nuestras necesidades” se produjeron hasta el momento “muy buenos resultados”.

Por último, el fiscal regional Ricardo Fessia dijo que en toda su jurisdicción se produjeron unas 700 audiencias en la que interactuaron los fiscales ante los jueces de 1ª y 2ª instancia. En sólo 100 días, de acuerdo a los datos que recogió en la Oficina de Gestión Judicial, hubo 434 audiencias con detenidos, 90 audiencias de imputados con prisión preventiva y 183 solicitudes de allanamientos a domicilios.