La provincia de Santa Fe, a un paso de tener una empresa estatal de gas

Para el segundo semestre de este año el gobierno provincial pretende tener el marco normativo que dé forma a la creación de una empresa estatal de gas. El proyecto fue enviado en marzo de 2013 a la Legislatura y tuvo un alto debate político en ambas cámaras, donde se hicieron correcciones y aportes –incluso de municipios y otros actores interesados en dicho servicio– hasta la redacción definitiva que hoy está en estudio en la Cámara de Diputados.

La iniciativa hoy cuenta con media sanción del Senado, la votó por unanimidad el 1 de agosto del año pasado, y antes del receso parlamentario y administrativo los distintos bloques políticos acordaron que se trate el próximo jueves. En dicho texto “se dispone la creación de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, que se denominará Santa Fe Gas y Energías Renovables Sapem”.

Las funciones de la empresa serán la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas por ductos y redes en sus diversas formas. Además, la proyección integral que abarca los aspectos institucionales, empresariales, técnicos, económicos, financieros y legales, el diseño, la construcción, puesta en marcha, operación, desarrollo, mantenimiento, producción y comercialización de energías renovables y sus productos derivados.

Santa Fe Gas y Energías Renovables Sapem tendrá, como objeto social, llevar por sí o por intermedio de terceras personas o asociada a terceros, la producción, el transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos y sus derivados indirectos. Incluso podrá prestar el servicio público de transporte, distribución y subdistribución de gas por ductos y redes en sus diversas formas.

Es decir, como gas natural a baja, media y alta presión (GNP); gas natural comprimido (GNC); gas natural licuado (GNL); gas sintético (propano – aire). Además, prevé “el transporte, la distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) por redes y/o fraccionado, a granel y/o envasado, por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceras personas en la República Argentina y/o en el extranjero”.

También será objeto de la sociedad, el transporte, distribución y comercialización de la energía generada por tales medios y todas las obras y tareas asociadas, anexas y relacionadas a esas clases de emprendimientos, en el país y en el exterior. En tanto, un artículo que se incorporó refiere a que “cuando implique la prestación del servicio a usuarios dentro de las jurisdicciones municipales y comunales, deberá respetarse la voluntad de estas, de ejecutar, por si o con participación de terceros , la construcción y/o administración del servicio, acorde a la normativa vigente”.

Ese punto fue incorporado, según indicaron fuentes legislativas a Diario UNO, porque hay gobierno locales que ya tienen algunos acuerdos con empresas del sector para encargarse del servicio dentro de sus distritos. En otros puntos de la provincia, en cambio, por el volumen de la inversión y de la rentabilidad que el servicio puede llegar a tener es obvio será necesario que Santa Fe Gas y Energías Renovables lo administre en su totalidad.

Hoy, la provincia de Santa Fe refleja aún casi los dos tercios de su territorio carente de sistemas de gas por redes: actualmente hay 83 localidades abastecidas (1.750.000 ciudadanos) y 279 sin dicho servicio (1.450.000 ciudadanos). “Tal panorama expresa una inequidad social injustificable al no permitir la disponibilidad de un recurso energético básico a gran parte de la población, afectando principalmente a los sectores de menores recursos”, indicaron desde el gobierno provincial.

De igual modo, remarcaron que el gas natural por redes también hace al desarrollo productivo e industrial y, por lo tanto, no tenerlo en gran parte del territorio atenta “contra el crecimiento económico y social del interior provincial”. A partir de esa situación es que se argumentó la necesidad de contar con la empresa estatal de gas en el transcurso de este año y así poder avanzar en el desarrollo del plan de trabajo y demás funciones específicas antes descriptas.

En el proyecto se establece la integración de su capital social accionario: 55 por ciento por acciones clase A, cuya titularidad corresponde en forma exclusiva al Estado provincial; 15 por ciento por acciones clase B, que son ofrecidas a todas las municipalidades y comunas de la provincia en condiciones igualitarias; 15 por ciento por acciones clase C que son ofrecidas a las cooperativas; y el 15 por ciento por acciones clase D que son ofrecidas a las entidades privadas.

Y si quedara un remanente no suscripto de acciones clase B, estas quedarán en poder del Estado provincial, que las suscribirá y podrá conservar su titularidad u ofrecerlas posteriormente a las municipalidades y comunas en condiciones igualitarias. A su vez, todas las acciones son ordinarias, nominativas, no endosables y con derecho a un voto por acción. En cuanto a la administración de la sociedad, estará a cargo de un directorio compuesto por seis directores titulares: tres correspondientes al Estado provincial, uno a las cooperativas, uno a los accionistas privados y uno a los municipios y comunas.