La segunda condena a Brusa y Cía. reconoció el genocidio

Ayer al mediodía, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó al ex juez federal, Victor Brusa y a tres policías María Eva Aebi, Juan Calixto Perizzotti y Eduardo Ramos por el delito de asociación ilícita. Es decir, por haber organizado una empresa criminal, que - con roles perfectamente diferenciados y coordinados - secuestraban y torturaban militantes políticos en el gran Santa Fe.

El fallo lleva la firma de la presidenta del tribunal, Lilia Carnero, de Paraná, y de los vocales Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe, ambos de Rosario, y condena a Victor Brusa, a siete años de prisión, a los ex policías Eduardo Ramos y Juan Perizotti, a nueve y ocho años de prisión, respectivamente, y a la ex carcelera María Eva Aebi, a cinco años de prisión, como coautores del delito de asociación ilícita. Todas estas penas se unifican con las que recibieron en 2009, en la causa Brusa. Por lo tanto, la composición final es de  22 años de cárcel para Brusa, 23 para Perizzotti, 24 para Ramos y 20 para Aebi.

Pero, además, el voto de la presidenta del Tribunal, agregó un agravante, la magistrada  sostuvo que los hechos ocurrieron en el marco de un genocidio. De esta manera, el fallo se convirtió en el primero de la provincia que otorga esa calificación a la represión ilegal de la última dictadura cívico militar.

En contrapartida, la sentencia tuvo sus bemoles en el voto del juez Paulucci, quién absolvió de culpa y cargo a los cuatro imputados. Los fundamentos de la decisión del magistrado se conocerán el próximo 13 de junio, sin embargo, para los querellantes y la fiscalía, esta inclinación no fue una sorpresa. En fallos anteriores en los que ha intervenido Paulucci, ha negado reconocer el delito de asociación ilícita. En estos casos, el justificativo era que los mandos superiores no tenían relación directa con los mandos inferiores y que por lo tanto no había una coordinación de tarea entre ellos.

En este sentido, el fiscal Martín Suárez Faisal, en su alegato final,  remarcó los lugares físicos donde se encontraban los imputados: la comisaría 4º, de barrio Roma, la Guardia de Infantería Reforzada y el penal de Coronda.  “Es notorio que el plan colectivo se hizo a través de una asociación ilícita y por eso fueron condenados. Debe haber muchos más que no son conocidos y que no fueron juzgados, otros que fallecieron antes de recibir condena y otros que están siendo acusados. Este grupo tenía un actuar coordinado, cada uno con un rol importante en los secuestros, en garantizar la impunidad, en tener cautivas a las personas, y en los pases de información”, aseguró, Guillermo Munné quién junto a Alejandra Romero Niklison tuvo a cargo una de las querellas.