Robo de bebés: la lupa se posa en los hogares de niños de Santa Fe

Gabriela Albanesi

Diario UNO Santa Fe

El plan sistemático de persecuciones, desapariciones y muertes ejecutado durante la última dictadura militar tuvo pilares civiles que lo sostuvieron e incluso lo impulsaron, con interese que variaron desde lo

económico hasta lo ideológico. El robo de bienes patrimoniales durante los operativos, por ejemplo, es una de las aristas que casi no tiene investigaciones en curso. Pero, hay otro tipo de robos cuya investigación -con un profundo trabajo de reconstrucción documental - avanza firme: el robo de bebes.

En julio de 2012, Rafael Videla fue condenado a prisión perpetua como uno de los máximos responsables de un plan sistemático de apropiación de niños nacidos en cautiverio entre 1976 y 1983. Y Santa Fe no estuvo exenta a esa mecánica de terrorismo de Estado. Tal es así, que para estos días estaba previsto el inicio del primer juicio en la provincia por sustracción de un menor de edad. Se trata del caso de José Luis Segretin, apropiado en 1977 en Reconquista por Cecilia Góngora, una de las imputadas en la causa, junto con la médica obstetra que asistió el parto, Elsa Gladis Nasatsky, y el ex jefe de Inteligencia de la III Brigada Aérea, Danilo Sambuelli.

El inicio del debate se suspendió por la recusación de los querellantes al juez Luciano Lauría, uno de los que iba a integrar el tribunal, por su amistad con el ex juez federal, condenado por delitos de lesa humanidad: Víctor Brusa.

Sin embargo, el caso de Segretín, junto con el de Carolina Guallane, por el cual llegará al banquillo de acusado el ex juez de menores Luis Vera Candioti, comenzaron a echar luz sobre los procedimientos de

supresión de identidad y el circuito que recorrían los hijos de militantes santafesinos.

El 10 de marzo pasado, el hogar Casa Cuna entregó a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, unas 20 carpetas con registros de los ingresos de los menores a ese hogar desde el año 1976 en adelante. Estos registros serán utilizados para investigaciones y causas judiciales relacionadas con delitos de lesa humanidad, particularmente aquellas relacionadas con paraderos de niños o búsqueda de identidad de menores sustraídos por el terrorismo de Estado.

En diálogo con UNO, para explicar cómo se analiza la documentación para ser incorporada a las causas, la coordinadora del Equipo de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de Causas de Lesa Humanidad, Alejandra Romero Niklison, contó qué información puede llegar a surgir de estos nuevos documentos aportados y analizó cómo funcionó la supresión de identidades en los casos de hijos de desaparecidos en Santa Fe Capital.

“En Santa Fe, el caso más emblemático de sustitución de identidad por la dictadura, y su consecuente restitución después de muchas investigaciones, es el de Carolina Guallane. A raíz de que a ella le surgieron dudas sobre su identidad, se inició una investigación en la que se empezó a hablar - por primera vez - qué había pasado con los niños en nuestra ciudad”, expresó la abogada. 

—¿Qué características tuvo el robo de niños en Santa Fe?

—La característica de Santa Fe capital es que no existió una maternidad  clandestina. En el caso de la mamá de María Carolina Guallane, cuando a ella la secuestran en su casa, la llevan directamente a la Sala Policial del hospital Cullen porque quedó en coma producto de los disparos que recibió en el operativo. En general, en Santa Fe, todos los presos –tanto hombres como mujeres– que estaban en un estado de salud muy crítica, ya sea baleados al momento de la detención o producto de la tortura, iban a para a la Sala Policial del Cullen. Esos registros de Sanidad del nosocomio los encontramos y también han servido como pruebas en muchos juicios.

—¿Qué pasaba con las mujeres embarazadas que estaban detenidas-desaparecidas?

—En general, continuaban detenidas hasta el momento de parir. Otro caso, el de una de las víctimas del juicio a Brusa, Cecilia Mazzetti, pasó su embarazo detenida en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y al momento de dar a luz, fue trasladada al Cullen. Luego, volvió a la GIR con el bebé, Sebastián, y después le permitieron entregarlo a sus familiares. En este caso en particular, pesó mucho que ella era menor de edad, eso tuvo mucho que ver con la suerte de que Sebastián no fuera apropiado.

—¿Y con los chicos?

—No había un circuito completamente armado y cerrado. En el caso del operativo que se hizo en la casa de Carolina Guallane, por ejemplo, había varias personas en la casa. Estaba su papá, Enrique Cortassa, su mamá, Blanca Zapata, y estaba Cristina Ruiz de Sicardi, cuyo esposo ya había sido asesinado un mes antes, y ella estaba también con sus dos hijos, de 1 año y 8 meses y el más chiquito no había cumplido el año aún. Hasta el día de hoy, no se sabe qué pasó con esos niños en los días posteriores al operativo. Tiempo después fueron entregados a unos familiares, pero hay un período de tiempo que aún no hemos podido reconstruir. Como Carolina Guallane fue llevada a Casa Cuna, esperábamos encontrar algo sobre ellos en estos registros. Pero por el momento no hay ningún dato sobre su ingreso.

Lo que figura en los libros es que a Carolina la llevaron a Casa Cuna y que intervino el Ejército, que la pone a disposición del Juzgado de Menores, (por entonces a cargo del juez Luis Vera Candioti). Quedó registrado que estaba en muy mal estado de salud, y entonces una asistente social de Casa Cuna la lleva a su casa. Luego es entregada al juzgado nuevamente, donde finalmente la entregan en adopción.

Ahora, qué pasa con los dos chicos Sicardi en ese momento, no se sabe. En general, los registros de Casa Cuna no tenían nombres. 

—¿Esa lógica de registro, era para ocultar datos deliberadamente?

— A mí me da la sensación de que en Casa Cuna todos los registros eran un desorden. De hecho, cuando uno ve el resto de los archivos, de otros años, están igual de desordenados y les falta igual información. Ahora nos solicitaron que los ayudáramos a hacer un inventario y a organizar todo el archivo de la institución y lo vamos a hacer. Problemas de identidad hay en todas las épocas, y hay que darles respuesta.

—¿Cuántas investigaciones hay sobre supresión de identidad en la ciudad?

— En el Juzgado federal hay dos causas que se están investigando, están en instrucción. Esas causas podrían arrojar más información sobre lo que pasaba acá con los niños. Una surge por una denuncia que recibieron las Abuelas de Plaza de Mayo en Buenos Aires y que la transmitieron al juzgado de Santa Fe. La otra es por un chico que se presentó por propia iniciativa, que era adoptado y que tenía dudas sobre su origen. Nosotros lo acompañamos a hacerse una extracción de sangre en el hospital Durán (Buenos Aires) pero hasta el día de hoy no tuvo resultados positivos, ningún cruce, lo que no quita que se pueda resolver en algún momento.

Y después hay algunas denuncias que está investigando el Equipo de Identidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y que cuando tenga elemenelementos suficientes serán presentados a la Justicia. Este paso, sin embargo, no es tan fácil para el interesado. Porque estamos hablando de un delito penal para los padres adoptivos y, en muchos casos eso significa un límite. Muchas veces lo que sucede es que se acercan cuando el padre o la madre adoptiva ya fallecieron y recién entonces se avanza con la investigación”.

—¿Por qué creen que en Santa Fe no fue tan organizado el plan de robo de niños?

— Es difícil de decir. Los registros que tenemos y las pruebas de los juicios muestran que era un circuito desparejo. El terrorismo de Estado se dio en todo el país, pero con particularidades según cada zona. El  lugar emblemático de maternidad clandestina es la ESMA. Tiene que ver con que se trataba de un lugar muy grande, con muchos detenidos. En el interior del país, tal vez los intereses o las prioridades eran otras. A Carolina Guallane, por ejemplo, la dieron en adopción, porque estaba claro que había que separar al bebé de sus orígenes. Esa fue la regla general que se mantuvo en todo el país.

El punto era que no se transmitieran las ideas ni la ideología de padres a hijos. Sin embargo, los bebés de la ESMA, además, eran entregados a familias de alta jerarquía de las fuerzas armadas. Eso es lo que en Santa Fe parece no haber ocurrido tanto. 

“En el caso de Sabrina Gullino, que nació en el hospital Militar de Paraná (hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, secuestrados en la Quinta de Funes y hoy desaparecidos), fue abandonada en un convento. Ni siquiera fue dada en adopción, podrían haberla dado a algún familiar de militar, y no lo hicieron”.

—¿Podría haber consecuencias penales para quienes aparecen en los registros de Casa Cuna?

—Un nombre por sí solo no significa nada, a menos que se lo una a pruebas y casos concretos. Lo mismo pasa con los empleados de juzgados de menores o los datos que encontramos en los libros policiales, en Sanidad, en los de personal médico. En el caso del exintendente de Santa Fe, Noé Adan Campagnolo (secuestrado tras el golpe del 24 de marzo de 1976 en la GIR, donde sufrió torturas que le provocaron 70 hematomas en distintas partes del cuerpo, siete costillas fracturadas, rotura de vejiga e intestinos, ano contranatura por seis meses) encontramos en los libros los nombres de los médicos que lo operaron. Esto significa que hubo médicos que operaron a una persona que estaba al borde de la muerte por las torturas y no lo denunciaron. Deberá ser el juez, en el caso concreto, quien evalúe las responsabilidades. Lo mismo sobre los médicos, enfermeros, parteras, que hacían dar a luz a mujeres prisioneras, vendadas y con las manos esposadas.

—¿Cómo se explica que durante muchos años se pidió a Casa Cuna que entregara estos archivos y contestaban que no existían?

— No sabemos porqué o en qué se basaron para contestar que no estaban o que no existían. Nunca se los solicitó por orden judicial porque en general, si alguien no quiere que archivos así se encuentren y se les avisa que los van a buscar por la fuerza, es mucho más difícil de encontrarlos. Pero además, porque creemos que la sociedad y sus instituciones tienen que entender la  importancia de estos documentos y lo que un registro, de un reglón, significa para una persona. Le puede cambiar la vida. Porque tiene que ver con su identidad y su derecho a saber. Es muy difícil construir para adelante si no sabe de dónde vino.

Ya sea porque sea víctima de terrorismo de Estado o no. Y lo importante es que las instituciones entiendan esto. Para la construcción de la memoria de toda la ciudad.

 —¿Hay más instituciones en Santa Fe que podrían colaborar con registros y material de la época?

—Sí, ya estamos articulando una reunión con el director de la Secretaría de la Niñez para acceder a los libros de otros dos hogares que funcionaron en la ciudad durante aquellos años.