Denunció a su madre y a un hermano por estafa y ahora se define si la causa se archiva

El juez penal de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Sebastián Creus, deberá definir en los próximos días si una causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción 5ª del sistema residual y que investiga una serie de estafas con sellos apócrifos, sea archivada o continúe en trámite.

El caso se retrotrae al año 2011, cuando Patricia Mariel S., denunció a su madre, Myrtha Edith P. y a su hermano, Cristian Martín S. de haber pergeñado un irregular trámite sucesorio por medio de la utilización de sellos apócrifos y una supuesta firma adulterada, para quedarse con bienes que formaban parte de una herencia que dejó el padre de la familia. 

La denuncia derivó luego en la apertura de una causa que terminó en 2013, con la citación a indagatoria para la madre y hermano de la denunciante en el Juzgado en lo Penal de Instrucción de la Séptima Nominación, a pedido de la fiscal inicial del caso, Elena Perticará (fiscal Nº 5). En tanto, quedó pendiente la imputación para una tercera persona, Walter Fabián M., el cual quedó igualmente vinculado al proceso.

Cinco años después, la causa terminó tramitándose en el Juzgado Penal de Instrucción Nº 5, a cargo de Darío Sánchez, lugar en donde se acumuló la mayor parte de expedientes del viejo sistema procesal penal de Santa Fe.

El pasado 3 de mayo, el abogado defensor de los imputados, Leopoldo Luis Hilbert, presentó un escrito solicitando al juez Sánchez el archivo de la causa, pedido que fue denegado por el magistrado por lo que el letrado apeló la resolución.

En consecuencia, el tramite subió a la Cámara de Apelaciones donde se debatió este martes, en la Sala 5, si se confirma la resolución de Sánchez o si el expediente pasa a ser archivado.

El incidente judicial se produce en medio de un contexto donde la Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió la semana pasada que el próximo 16 de octubre las causas del sistema residual de causas pasen a la órbita del Ministerio Público de la Acusación. Se trata de un total de 2.500 expedientes, de los cuales 800 corresponden a la Circunscripción de Santa Fe. 

El rechazo a que la causa siga

Durante la audiencia de este martes, el abogado defensor de los imputados, Hilbert, solicitó al juez Creus que el caso sea archivado. En su argumento, el abogado sostuvo que el pedido de archivo del expediente fue contemplado en el marco del artículo Nº 8 de la Ley Provincial 13.004 que estableció el período de transición de las causas que se tramitaban en el Código Procesal Penal que culminó el 10 de febrero del 2014. 

Dicho artículo, que sancionó la Legislatura provincial, determinó que "todas las causas en las que al día de finalización del período de transición, no haya habido decisión definitiva serán archivadas de pleno derecho, excepto los casos de querella por delito de acción privada, que continuarán según su estado. A partir de ese momento también cesarán de pleno derecho todas las medidas cautelares personales que se hubieran dispuesto en las causas que se archiven".

El articulado también agregó que "tratándose de delitos de acción pública, hasta cuatro (4) meses antes de la finalización del período de transición, el querellante podrá solicitar que la causa en que fuera parte continúe según su estado, a tal efecto las víctimas individualizadas serán notificadas para hacer valer sus derechos. Si la fiscalía adhiere a su pedido, la causa se continuará con el mismo procedimiento. En caso contrario, deberá aplicarse el procedimiento de querella previsto para delitos de acción privada". 

Asimismo, la ley estableció también que la Fiscalía podrá solicitar hasta 30 días corridos previos a la finalización del período de transición que no se archive la causa, en cuyo caso deberá continuar según su estado.

Al respecto, Hilbert pidió el archivo de la causa de sus defendidos argumentando además que desde el inicio de la investigación, en 2011, el caso solo tiene a dos personas, de las tres que se encuentran bajo la lupa, imputadas.

"Estamos convencidos de que la causa debe ser archivada", resaltó en sus fundamentos al juez Creus. Por último cuestionó que "los operadores no nos podemos hacer cargo de las impericias".

Que siga vigente

Desde la otra vereda, la fiscal a cargo del caso, Laura Viviana Botbol (fiscal Nº 7), solicitó que se confirme lo dictado por el juez Sánchez para que la causa no sea archivada, mientras que argumentó que los plazos para que la investigación siga siendo tramitada fueron válidos.

En la misma sintonía, los abogados querellantes Guillermo Carrera y Carlos Sasso, pidieron lo mismo que la representante del Ministerio Público Fiscal.

El caso

En la causa se encuentran imputados la madre y el hermano de la denunciante. Los mismos fueron indagados el 19 de noviembre del 2013, en el Juzgado de la Séptima Nominación a cargo del juez Diego Andrés De La Torre.

En esa indagatoria, la Justicia le atribuyó el delito de "defraudación especial" a Cristian Martín S. y Myrtha Edith P. Los mismos fueron acusados de haber "omitido dolosamente y conforme a las obligaciones impuestas a la administradora del sucesorio" de los bienes que dejó quien en vida fue el padre de la denunciante.

En este sentido, la imputación contra las dos personas se basó en los siguientes argumentos: por un lado en haber abonado de forma dolosa, con fondos del sucesorio en cuestión, una serie de obras que se ejecutaron en un edificio de calle Rivadavia al 3100.

Por otro lado, haber conformado una Sociedad de Responsabilidad Limitada, en donde funcionaba el comercio que dependía del padre de la denunciante –y de uno de los imputados– y haber efectuado distintas transacciones comerciales.

Por último, le atribuyeron haber celebrado un contrato de locación por un inmueble de calle 25 de Mayo al 2300 con un sellado apócrifo, tal como lo indicó la Administración Provincial de Impuestos.