La Cámara federal de Rosario definirá si archiva la causa del juez Rodríguez

A cinco días de culminar la feria, la Justicia federal de la provincia deberá definir si archiva definitivamente la causa que tiene en el banquillo de los acusados, nada más ni nada menos que al juez federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez. El mismo fue puesto bajo la lupa por el fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, por "fraude en perjuicio del Estado", "prevaricato" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

El próximo 7 de febrero se llevará a cabo una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde los jueces, Élida Vida y Fernando Barbará, tendrán que analizar si rechazan el archivo de la causa contra Rodríguez que fue dictado por el juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque.

Esa resolución del magistrado rosarino fue apelada por el fiscal Rodríguez que recurrió a la Cámara. En medio del trámite, el fiscal general, Claudio Palacín se excusó de intervenir, pero el juez Aníbal Pineda rechazó la postura del representante del Ministerio Público Fiscal en un incidente resuelto el pasado 21 de diciembre del 2018. Como consecuencia, el fiscal hizo lugar al pedido del fiscal de instrucción y por ello el caso deberá resolverse en una audiencia el próximo jueves junto con la defensa del juez Rodríguez, a cargo de Miguel Romero.

La causa que investiga al juez Rodríguez forma parte de un laberinto judicial que atravesó tres juzgados federales luego de que el fiscal, Walter Rodríguez, el 2 de febrero del 2018 pidió la indagatoria para el magistrado.  Ese pedido fue aceptado por el juez Francisco Miño, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, quien citó a su colega a indagatoria para el 6 de abril del año pasado.  Sin embargo, con el devenir de los meses, Miño se excusó de intervenir por tener una "enemistad manifiesta" con el juez Rodríguez.

A raíz de ello, el expediente fue remitido al juez federal de Rafaela, Miguel Ábasolo, quien también se excusó de intervenir en la causa contra el magistrado penal y electoral de la ciudad de Santa Fe. 

Como resultado, el caso fue remitido a la ciudad de Rosario donde intervino el juez federal Nº 4, Marcelo Bailaque, el cual dispuso el archivo de la causa tras considerar que no existían sospechas fundadas contra su par santafesino. Como consecuencia, el fiscal Rodríguez apeló el archivo y recurrió a la Cámara Federal de Rosario donde el próximo jueves tendrá un nuevo capítulo.

El origen de la causa que salpica al magistrado federal surgió de un juicio oral y público en donde fueron condenados, en 2017, el ingeniero e inversionista Miguel Ángel Dubarry y su abogado, Carlos Clerc. Ambos sentenciados a dos años y diez meses de prisión en suspenso por haber presentado en 2004 un irregular amparo en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe. Dicho amparo les permitió poder cobrar títulos públicos que se encontraban en default por un monto de $649.023,66 y así evitar el corralito financiero que había sido decretado por autoridades del Ministerio de Economía de la Nación tras la crisis financiera del 2001.

La condena fue resuelta por los jueces camaristas del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Luciano Lauría, José María Escobar Cello y María Ivón Vella y ordenó además, a pedido del fiscal general Martín Suárez Faisal,  que se profundice una investigación para que se determine si participaron más personas en el emblemático fallo resuelto por Rodríguez.

El caso comenzó a ser investigado en 2005, cuando el exsubsecretario legal del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Osvaldo Siseles, denunció en la Fiscalía Federal Nº 1, de la ciudad de Santa Fe, que Dubarry, por medio del abogado Clerc, logró cobrar los bonos –llamados en su momento Bocones Previsionales– por medio de un amparo judicial en el Juzgado Federal a cargo de Rodríguez.

Ese amparo solicitó al magistrado que resuelva declarar inconstitucionales los decretos 471/2002, 316/2002, del Poder Ejecutivo y las resoluciones del Ministerio de Economía 73/02 y 156/2003 como así también la Ley 25.725 que no autorizaban el pago de bonos que fueron adquiridos tras la crisis del 2001.

Como medida excepcional, la resolución 73/02 solo permitió cobrar los bonos a personas avanzadas en edad o que padecían riesgos en su salud. Es por esa razón que Dubarry  incorporó al amparo judicial a su suegro,
Fernando Bugnard, que por el entonces tenía 90 años. Con el longevo dentro del pedido judicial se tramitó la declaratoria de inconstitucionalidad de las medidas dispuestas por el Ejecutivo nacional.

Para los investigadores, Dubarry y Clerc pergeñaron un ardid para el cobro de los bonos que implicó colocar a Bugnard en el amparo y a su vez declarar domicilios en Santa Fe siendo que los mismos residían en la localidad de Lomas de Zamora, en Buenos Aires. 

La investigación también determinó que Rodríguez y Clerc mantuvieron contactos telefónicos los días previos a que se presentó el controvertido amparo judicial en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe.