Terrenos fiscales: indagarán a exfuncionarios y dos concesionarios

Terrenos fiscales: indagarán a exfuncionarios nacionales y dos concesionarios locales

El fiscal Gustavo Onel los acusa de haber "defraudado al Estado"

Lunes 25 de Febrero de 2019

Reinaldo Rodríguez, el juez federal Nº 1 de Santa Fe, citó a indagatoria a dos exfuncionarios encargados de controlar los bienes del Estado nacional. Los mismos se encuentran bajo la lupa de la Justicia por el control que llevaron en relación a un lote ubicado en Avenida Alem y Las Heras, donde en la actualidad se encuentran instaladas dos importantes concesionarias de la ciudad, como así también locales que realizan service para automóviles.

Se trata de Fernando Miguel Suárez, quien se desempeñó entre el 4 de junio del 2003 y el 9 de agosto del 2012, como director del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) y Antonio Alberto Vulcano, el cual fue presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (organismo creado tras la disolución del Onabe), desde agosto del 2012 hasta el 21 de diciembre del 2015, cuando asumió la actual gestión del organismo.

La medida judicial también fue extensiva para los propietarios de las dos concesionarias que se encuentran emplazadas en el lote: Domingo Marcos V., presidente de la firma Natión S.A. y Jorge Alberto M., titular de Vitacar.

El pedido de indagatoria fue solicitado por el fiscal federal Nº 1, Gustavo Onel, que acusó en primera medida a los exdirectivos nacionales como quienes "habrían administrado los bienes públicos, con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido, perjudicando los intereses confiados y en violación a los deberes a su cargo, a resultas de lo cual habrían ocasionado un perjuicio penalmente relevante a las arcas públicas".

En esa línea, el fiscal consideró en su pedido de indagatoria que los exfuncionarios permitieron que las dos firmas, cuyos propietarios serán indagados el 27 de marzo, ocupen los predios una vez vencidos los respectivos contratos de concesión que oportunamente fueran suscriptos a fines de los noventa, "abonando cánones mensuales de $500 (en el caso de Natión) y $450 (Vitacar), respectivamente, que resultan palmariamente irrisorios, con el consiguiente perjuicio al Estado federal, titular de los bienes en cuestión".

El terreno en cuestión se encuentra ubicado en Las Heras –manzana 99– entre Eva Perón y  Leandro Alem, y originalmente es propiedad de la ex-Estación Talleres Santa Fe del Ramal “F” desde 1900.  Por el lugar pasan diariamente miles de personas y es una vidriera fundamental para el sector empresario.

Sin control

La irregular situación fue detectada en la Fiscalía Federal Nº 1, cuando el 27 de junio del 2018 el fiscal Onel se expidió a favor de que el Juzgado Federal de Rodríguez atienda la demanda que inició la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) contra el titular de Vitacar para que este desocupe el predio en cuestión en el marco de una causa de trámite civil.

Es que el titular de la firma, en 1999, celebró un contrato de alquiler por dos años –a un monto de $450 por mes– con el entonces Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios para explotar el terreno. Dicho contrato concluyó el 30 de septiembre del 2001 pero la empresa se quedó instalada en el lote. Lo mismo sucedió con la firma Natión SA, que también estableció un contrato por $500, también por dos años, el cual se venció el 31 de octubre del 2001 y no volvió a tener ninguna renovación posterior.

El 7 de febrero del 2018 la Aabe intimó a Vitacar a que desocupe el predio tras sostener que desde el vencimiento del contrato de concesión usó el inmueble realizando allí "una actividad absolutamente lucrativa, siendo ilegítima su ocupación".

En razón de ello, el fiscal Onel inició una acción penal tras sostener que los concesionarios, pese concluir el contrato con el Estado, continuaron abonando el canon, "sin que surja del mismo o de cualquier otra constancia del expediente civil mencionado, cláusula alguna de actualización, ni tampoco alegación alguna respecto de si dicho canon fue oblado o no desde entonces al día de la fecha".

En su dictamen, el titular de la Fiscalía Federal Nº 1 consideró que la firma Natión habría cometido el delito de defraudación hasta diciembre del 2015, fecha en la que inició un convenio para desocupar el terreno. En medio de ese trámite, la firma logró adquirir en 2018, según trascendió, por medio de una subasta pública informada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dos lotes del terreno perteneciente al Estado nacional.

Por su parte, y en lo que respecta a Vitacar, la imputación del fiscal consideró que el presunto delito continúa en la actualidad pero con una particularidad: según estableció la pesquisa, la firma confeccionó tres comodatos de uso gratuito vigentes hasta 2021 con un taller  de mantenimiento y reparación de vehículos ubicado al lado de la concesionaria.

Para Onel los dos empresarios tuvieron una participación necesaria en la comisión de los hechos ya que "sin el aporte de ambos el hecho no podría haberse cometido, toda vez que aparecen como los principales beneficiarios de la maniobra, al llevar adelante en los inmuebles en cuestión actividades empresariales lucrativas de gran envergadura".

Finalmente y en torno al daño causado al Estado nacional, el informe preliminar de los investigadores del caso detectó que el "fraude al Estado" oscilaría en los $47.000.000, para cada uno, desde el 2001 hasta el 2015.

¿Te gustó la nota?