Análisis

El transporte de pasajeros y una crisis que obliga a repensar el sistema

El esquema de los interurbanos y los urbanos entró en un círculo vicioso donde todos pierden. Hoy las soluciones parecen parches. El desafío es repensar un servicio público que es esencial

Jueves 14 de Noviembre de 2019

El sistema de transporte de pasajeros está atravesando una profunda crisis. Esta semana los empresarios nucleados en Atap, la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros, lo advirtieron en una conferencia de prensa. Por un lado tienen un problema coyuntural que tendrán que resolver en menos de un mes: la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. Pero los inconvenientes no se terminan allí.

Hoy todo el sistema está en crisis y en lo que atañe a la provincia de Santa Fe y a sus municipios ni los servicios interurbanos ni los urbanos escapan a esa situación. El Gobierno nacional se puso como objetivo el déficit cero y a mediados del año pasado comenzó a hacer recortes. Uno de los tijeretazos fue a los subsidios al transporte, sobre todo del interior del país.

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Esos recursos que dejaron de llegar se suplieron con aumentos tarifarios, que en los últimos tiempos fueron considerables. Solo para tomar dimensión hay que decir que en la ciudad de Santa Fe el boleto costó $12,20 hasta el 1 de enero de 2018. Hoy está a $28,90, lo que significa un aumento del 136,88 por ciento.

Pero un boleto muy caro termina mermando la cantidad de pasajeros y eso hace que el negocio deje de ser rentable para los empresarios. Todo eso se ve agravado por la crisis económica general que presenta una caída de la actividad y a la par un proceso inflacionario que ronda el 50 por ciento anual y marca el ritmo de los aumentos de los insumos.

En este círculo vicioso todos pierden: los usuarios son los primeros en la lista porque acceden a un servicio caro, deficiente, con frecuencias cada vez más laxas y recorridos rígidos que no siempre se acomodan a las necesidades de los pasajeros. Además, las posibilidades de combinación entre una línea y otra son pocas, casi nulas.

Por otra parte, cuando los números no cierran y los empresarios ajustan el cinturón y acuerdan una reducción de frecuencias con los gobiernos, los perjudicados son los trabajadores. Cuando salen menos coches, hay menos choferes manejando.

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Asimismo, los dueños de las empresas tampoco se benefician de un sistema en crisis. Por supuesto que no pierden plata, porque justamente este servicio público esencial para ellos es un negocio. Pero cada vez les cuesta más sostener el nivel de ganancias y, también, cada vez es más frecuente que tengan que afrontar un conflicto con sus empleados porque no llegan a pagar los aumentos acordados en paritaria o los medio aguinaldos de julio y diciembre. Una muestra de ello es que las principales empresas que prestan el servicio urbano en la capital provincial –y en otras ciudades del país– tuvieron que presentarse a concurso preventivo de acreedores.

En los últimos años se profundizó la puja dentro de este sistema entre los que piden más subsidios, los que pelean por mejores salarios y el Estado en sus diferentes niveles. El gobierno Nacional intenta salir del papel de garante del servicio, al menos durante la gestión de Mauricio Macri. La Provincia este año cubrió parte del recorte de recursos, aunque no tiene la misma espalda que la Nación. Y las municipalidades son las que tienen abierta las ventanillas de quejas para los usuarios, pero que no pueden hacer más que intentar gestionar dinero nacional o provincial para que el servicio no se caiga más de lo que ya cayó y se generen más dudas sobre su futuro.

De lo único que no hay dudas hasta el momento es que para un gran porcentaje de los usuarios el transporte urbano e interurbano de pasajeros es indispensable. Justamente los usuarios son los que menos poder de decisión tienen sobre el servicio y son los que tienen que pagar el boleto sin protestar. Prácticamente no están representados en la discusión ya que el Concejo mira la discusión desde las bancas, critica y cuestiona. Pero no define.

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El error es seguir pensando soluciones para el actual sistema de transporte, que funcionó bajo estas condiciones desde mediados de la década del 90 hasta la actualidad y que produjo una gran concentración en el sector, cuando las grandes empresas se quedaron con el servicio que prestaban los dueños de colectivos, y había varios por línea. Pero el fenómeno no corresponde a la ciudad de Santa Fe ni a la provincia, si no que se dio en todo el país.

El desafío es pensar un nuevo sistema de transporte o al menos hacer una revisión profunda de lo que hoy existe. El marco de las transiciones de gobiernos que se están dando en este momento, tal vez signifique una oportunidad para proyectar un salto de calidad. Pero eso no lo puede hacer solamente un gobierno nacional y mucho menos uno provincial o municipal. Se necesita abrir el juego a todos los actores que actualmente intervienen y, también, a otros que hoy no están en la discusión o que tienen una participación mínima. En ese proceso y en la conducción del mismo, los gobiernos tienen un rol indelegable.

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